INSTRUMENTACIÓN DEL PENSAMIENTO ÚNICO

Grave: La ‘democratización’ de los medios es más gasto público y menos libertad

El latiguillo del Frente para la Victoria, acerca de que la nueva Ley de Medios sirve para democratizar la comunicación, es una más de las tantas mentiras que conforman la gestión presidencial del kirchnerismo y oculta un cercenamiento importante a la libertad de expresión. 

 por JORGE HÉCTOR SANTOS

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Especial para Urgente24). El Ejecutivo Ncional pretende alcanzar perversos propósitos con su constante prédica de democratizar los medios de comunicación todos orientados a profundizar el pensamiento único, vale decir unificar la información para beneficio de quienes están instalados en el poder desde 8 años y así repetir a nivel nacional lo que ya hicieron para convertirse en señores feudales de Santa Cruz. 

 Entre esos objetivos de carácter totalitario se destacan:

- Destruir o por lo menos ahogar financieramente, y así reducirlo a su mínima expresión, a Grupo Clarín.

- Hacer algo similar con el periodismo independiente que también ejercen La Nación y Editorial Perfil.

- Fortalecer los medios que en alta cantidad ya conforman el monopolio informativo ultra K, en manos de operadores como Sergio Szpolski y Matías Garfunkel, Electroingeniería S.A., Raúl Moneta, Grupo Olmos, Diario Página 12, Grupo Aldrey Iglesias más los acuerdos celebrados para actuar a favor de la Casa Rosada con Grupo Uno (Daniel Vila), Canal 9, Telefe y otros de menor fuste.

- A todos los nombrados hay que agregarle los medios del Estado que el kirchnerismo emplea como propios.

- La agencia oficial de noticias Télam.

- Muchas de las radios ilegales que en números que superan las 14.000 se ven presionadas en buena proporción para no criticar al gobierno para no ser clausuradas.

- Las radios populares que invita y ayuda a instalar el titular del AFSCA, Gabriel Mariotto.

Como si todo esto fuese poco como amenaza permanente y reiterada a la libertad de prensa, detrás del lanzamiento de la candidatura de Cristina Fernández, se anunció en la Casa de Gobierno el llamado a concurso para la concesión de 220 nuevas licencias de servicios de comunicación audiovisual en todo el país, cuyo proceso de adjudicación  se llevará a cabo en 64 concursos de incierta realización.

De las 220 nuevas señales de televisión abierta, 110  se licitarán entre empresas privadas y la otra mitad se repartirá entre estados provinciales y Ciudad de Buenos Aires (que tienen derecho a una señal en sus respectivas jurisdicciones), las universidades públicas y organizaciones sin fines de lucro.

A las provincias y a las universidades se les asignarán directamente las frecuencias.

¿A las televisoras privadas que si están en el interior del país se les exige producción propia qué publicidad las puede financiar para que la inversión de posibles licenciatarios sea atractiva?

La respuesta es: Ninguna. No existe.

¿Por lo tanto en manos de quién van a recaer esas licencias?

En la de aquellos que se pongan al servicio del gobierno K y así sean mantenidos por la publicidad oficial.

La torta publicitaria nacional no da ni siquiera para que existan los cinco canales abiertos que transmiten en Buenos Aires donde existe la mayor concentración poblacional del país.

Si ya se parte de la base que para mantener a los privados se necesita gasto público adicional, resulta obvio que los otros 110 canales de TV que se licitarán para adjudicarse a estados provinciales, universidades y organizaciones sin fines de lucro se requieren más fondos públicos.

El gasto público preocupantemente desbordado volverá a incrementarse por este nuevo despropósito de querer borrar del mapa la libertad de expresión que permite criticar la gestión del gobierno, que a la presidente tanto le molesta, pero que por suerte permite la difusión del saqueo que se le está haciendo al pueblo argentino con todos los casos de corrupción que se acumulan en su mandato y en el de su difunto marido.

La mentira de la democratización de los medios oculta el anhelo de un masivo ataque a la libertad de expresión y esto forma parte de una de las pocas políticas de gobierno que tiene ha tenido y sigue teniendo los Kirchner, en Santa Cruz primero y en todo el país desde que tomaron nota que Héctor Magnetto, vicepresidente ejecutivo de Grupo Clarín, no iba a convertirse en Rudy Ulloa.