JUSTICIA

PELIGROSA OMISIÓN INFORMATIVA

¿Qué le esconde Timerman a Oyarbide sobre Moyano y Covelia?

El Poder Ejecutivo no habría informado al juez Norberto Oyarbide acerca de la respuesta a la Justicia suiza sobre causas que supuestamente involucran a la familia del líder de la CGT, Hugo Moyano.

 

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). La extraña intervención de la Cancillería en el caso del exhorto suizo pidiendo información sobre Covelia y Hugo Moyano ya llegó al Congreso. 

 

El presidente del bloque de diputados radicales, Ricardo Gil Lavedra, pidió informes al Ejecutivo Nacional para que explique las razones que llevaron al Ministerio de Relaciones Exteriores a omitir informar al juez Norberto Oyarbide de la información que había enviado la justicia suiza.

 

La Cancillería decidió por su cuenta, sin dar intervención a Oyarbide, devolver la información enviada desde Suiza a la que calificó de “insuficiente” y solicitar datos adicionales.

 

Gil Lavedra solicitó al PEN que, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, informe cuáles fueron los fundamentos legales para omitir la remisión de la información enviada por la Justicia suiza, a través de la Embajada de la Confederación Helvética en la República Argentina, al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 5, en el marco del expediente Nº2779/11.

 

En marzo de 2011 arribó a la Argentina un exhorto de la Justicia suiza solicitando información sobre las causas judiciales de Hugo Moyano, su hijo, Pablo Moyano y otros familiares. Dicho exhorto quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº5, a cargo del Dr. Norberto Oyarbide.

 

El 18/03, el juez Norberto Oyarbide, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº5, solicitó vía oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto información relativa al expediente Nº2779/11. Ante la falta de respuesta, el juez Oyarbide, el 04/05 envió un nuevo oficio a la Cancillería solicitando información sobre el estado del oficio enviado en marzo.

 

En la respuesta institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Culto, suscripta por el embajador Hernán Darío Orduna, funcionario a cargo de la Secretaría de Coordinación y Cooperación Internacional, consta que el oficio fue enviado y en fecha posterior se recibió información adicional, "aunque insuficiente", por lo que, por nota fechada el 3 de mayo de 2011 se solicitó a la misma Rpresentación la remisión de mayores elementos informativos a los oportunamente entregados, con el propósito de ulteriormente girarlos al Juzgado de Oyarbide.

 

En su texto, Gil Lavedra requirió al PEN que informe al Congreso “cuáles fueron los criterios utilizados para asignar el carácter de “insuficiente” a la información brindada por la Justicia suiza y de interés para el trámite de la causa judicial Nº2779/11 a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº5”, y brinde explicaciones acerca de “la normativa aplicable y que se utilizó para decidir que la información era incompleta”.

 

Gil Lavedra reclamó respuestas sobre “cuál fue el procedimiento y los funcionarios responsables en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto en adoptar las decisiones respecto a este tema”

 

Explicó que “como es de público conocimiento, el arribo del exhorto suizo en marzo de este año tuvo una gran repercusión pública y política. La CGT resolvió incluso convocar a un paro general con movilización a Plaza de Mayo ‘ante los reiterados y permanentes ataques al secretario General’ y ‘para repudiar los ataques y mentiras que a diario sufre Hugo Moyano’".

 

Asimismo, en ese momento, el doctor Daniel Llermanos, abogado de Moyano, advirtió que "Es un oficio lamentable, y la Cancillería debió remitirlo al país de origen por irrespetuoso. No tiene seriedad para que merezca una respuesta. Se reirían de la pobreza jurídica argentina’". Gil Lavedra indicó que “sin embargo, luego de negociaciones políticas con el Poder Ejecutivo, la CGT optó por levantar el paro general”.

 

“En este contexto, el ocultamiento de importante información judicial por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores a la Justicia es un hecho institucional gravísimo”, remarcó Gil Lavedra, quien sostuvo que “por ello es necesario que los funcionarios responsables del Ministerio aporten las explicaciones necesarias para poner luz sobre un hecho que está envuelto en las sombras”.