JUSTICIA

Trabajadoras sexuales criticaron en el Senado la prohibición del 'rubro 59'

El miércoles 13/07 se realizó la última ronda de consultas para modificar la Ley de Trata de Personas. El dictámen llegará al recinto luego de las primarias de agosto. “Estas medidas, claramente punitivas, no hacen otra cosa que seguir arrastrando a las mujeres a la clandestinidad y al manejo de las grandes mafias”, expresó el sindicato de trabajadoras sexuales, sobre la eliminacion del llamado 'rubro 59'.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). La Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, que preside Sonia Escudero (Salta-Peronismo Federal) continuó el miercoles 13/07, con el análisis de una reforma de la actual Ley de Trata de Personas. Los numerosos invitados coincidieron en cuanto a la necesidad de condenar severa y ampliamente ese delito.  Sin embargo, a la vez y en forma no contradictoria, las representantes de trabajadoras sexuales renovaron sus críticas al decreto firmado por la presidenta Cristina Fernández que prohibió el “rubro 59”.

 

“Entendemos que estas medidas, claramente punitivas, no hacen otra cosa que seguir arrastrando a las mujeres a la clandestinidad y al manejo de las grandes mafias”, expresó el sindicato de trabajadoras sexuales, a través de un comunicado de prensa.

 

“Estas acciones no hacen otra cosa que atentar con el derecho constitucional al trabajo (Art. 14) y sus modos de manifestación proclamados por la OIT y acordados en el 2005 con Néstor Kirchner bajo el decreto No 1086/05 que promueve la legislación de esta actividad de subsistencia bajo las normativas de un trabajo formal”, detalló el escrito.

 

Fueron convocados expertos en Derecho Penal, trabajadoras del sexo y diputadas que se ocupan del tema en la Cámara baja, a un amplio debate que tuvo lugar en el Salón Arturo Illia. Estuvieron presentes las diputadas Fernanda Gil Lozano, Marcela Rodríguez y Maria Luisa Storani; el titular de la Unidad Fiscal Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE), Marcelo Colombo; el Presidente del Tribunal Oral Criminal Nº 1 de Necochea y de la Asociación Pensamiento Penal, Mario Juliano; y la directora del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), Sidonie Porterie.

 

En representación de las trabajadoras sexuales estuvieron presentes la secretaria adjunta de la Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas (AMMAR - Nacional) Jorgelina Sosa; el abogado de la institución, Gastón Finger, y la responsable de la filial de La Plata, Soledad Díaz. Finalmente, también contó con la presencia de las representantes de la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos -AMMAR Capital-, Argentina Ascona y Graciela Collantes, presidenta y asesora legal, respectivamente.

 

La senadora Escudero (Peronismo Federal- Salta ), recordó que el análisis del proyecto (que reúne sendas iniciativas de los legisladores Beatriz de Alperovich y Sergio Mansilla; Adriana Bortolozzi; Liliana Negre de Alonso;  Roy Nikish; y Juan Carlos Romero) lleva ya unos dos meses de trabajo. “El motivo de la reforma es que la ley actual ha demostrado tener serias falencias, por lo cual la trata de personas se sigue cometiendo con una amplia impunidad”.

 

“El proyecto que queremos aprobar tiene que ser muy claro en cuanto a que no estamos queriendo prohibir la prostitución de las personas adultas que se dedican por propia voluntad a esa actividad”, señaló la senadora peronista. Escudero agregó que el fin perseguido es “castigar la trata y la explotación de las mujeres, adultas y sobre todo de las menores, por parte de los secuestradores y proxenetas, lo que se castigará muy severamente”.

 

Entre los principales puntos de la reforma, se establece que el consentimiento dado por la víctima de la trata de personas no constituirá en ningún caso causal de eximición de responsabilidad penal, civil o administrativa. La ley actual indica que cuando se trata de una víctima mayor de 18 de años, si prestó su consentimiento, no se considera penalmente responsable al autor del delito, generando una situación de impunidad, como si alguien pudiera prestar consentimiento para ser explotada. En efecto, es uno de los aspectos más cuestionados de la normativa vigente. 

 

Además, el dictamen también incluye una nueva definición del delito de trata. Por otra parte, apunta a crear organismos y volcar recursos para la asistencia y reparación del daño a las víctimas de este delito para que no vuelvan a caer en redes de trata.