EL BONAERENSE

SOSPECHOSA PROTECCIÓN POLÍTICA

El intendente De Jesús no recibió el reclamo sobre bandas mixtas

 500 vecinos de La Costa marcharon en reclamo al intendente Juan Pablo De Jesús, tras conocerse la presencia de bandas mixtas en la zona. El jefe comunal no los atendió.

por SILVANA VARELA

 

ITUZAINGO (BuenosAires2punto0). “Nos sentimos defraudados. Fuimos a pedir que no nos roben más. Sólo eso. Y nadie nos recibió”.

 

Así describía uno de los vecinos de Santa Teresita el resultado de la marcha que congregó más de 500 personas que se movilizaron hasta la puerta de la Municipalidad de La Costa para entregar un petitorio que reunió miles de firmas, en el que se solicitaba al Jefe comunal, Juan Pablo de Jesús, que arbitre los medios necesarios para acabar con la ola de inseguridad que azota a las familias residentes en el municipio turístico.

 

Desde hace meses, los vecinos vienen denunciando una escalada de robos en viviendas de familias residentes, que incluso, fue creciendo en logística, inteligencia previa y hasta violencia; pero la bisagra fue el asalto perpetrado a la familia de Myriam Reyser y Silvio Ovettini, una casa ubicada frente al ingreso de Las Toninas, en jurisdicción de General Lavalle.

 

Los asaltantes durmieron a los perros, durmieron a la familia a través de la calefacción, y durante 2 horas cargaron todo lo que quisieron llevarse. Las cámaras de seguridad ubicadas en el acceso a la localidad, muestran que de frente a la vivienda permaneció apostada, una patrulla municipal que dice no haber registrado ningún movimiento que despertara sus sospechas.

 

Dos días después, cuando el jefe de familia denunció públicamente lo sucedido y ofreció recompensa para quien aportara datos, le señalaron algunos posibles autores del hecho, y hacia allí fue. No dio con el hombre que le habían indicado, pero unas horas después recibió en su domicilio la visita del por entonces sub comisario de Mar del Tuyú, Fernando Linchetta, quien directamente le sugirió “tomarse vacaciones” y lo amenazó con un allanamiento en el que prometía que “algo” le iba a encontrar.

 

La amenaza de Linchetta se hizo realidad. Consiguió una orden de allanamiento pedida por el Fiscal de La Costa y firmada por el Juez de Garantías de Dolores, Gastón Giles, que se llevó a cabo en el domicilio de Ovettini, con resultado negativo.

 

La denuncia radicada en Dolores contra Linchetta al día siguiente de su amenaza, y dos antes del allanamiento que logró concretar, sumado a la cobertura periodística que tuvo esta historia dejó al subcomisario fuera de la Policía Bonaerense, pero no logró frenar la ola delictiva, que por el contrario, se intensificó durante los últimos días.

 

“Lo que preocupa es que la amenaza se cumpliera, lo que indica que hay connivencia con el poder judicial también”, señalan en La Costa, y los indicios, así parecen confirmarlo.

 

Buenos Aires2punto0 publicó el lunes 01/08 una extensa investigación en la que se relata los vínculos entre Linchetta y una familia de apellido Villarreal, domiciliada en San Clemente. Los Villarreal tienen prontuario en su haber; están señalados como parte de la banda que azota a La Costa, y uno de ellos, le vendió al ahora ex subcomisario, un auto Peugeot 307; mientras que otro de los hermanos Villarreal estaría viviendo en un departamento que en realidad le es prestado al comisario de San Clemente.

 

Este portal publicó y explicó además, las derivaciones que tiene el tema en el ámbito del gobierno municipal.

 

Quien está a cargo del área de seguridad de La Costa es Roberto Ferreira, un hombre con manchas, que derivaron en un expediente judicial en el que se lo menciona como parte de una red que brindaría protección a quienes trafican droga en la zona.

 

La denuncia nace de un operativo en el que se detiene a tres personas que comercializaban en el distrito, y éstos señalan como proveedor superior a Eduardo Santos, alias “Quique”.

 

Santos fue imputado por hurto en la causa 33141 17/1/92 y por el mismo delito según la causa 33088 20/1/92. El 2 de junio de 2006 fue procesado por comercialización de estupefacientes y portación de arma de fuego en la causa 106821; y el 29 de enero de 2007 fue detenido por comercialización de estupefacientes según consta en la causa Nº 03-00-000894-07.

 

Entre Ferreira y “Quique”, se constataron 76 llamadas de no menos de 3 minutos en enero de 2006 y 25 en febrero; más otras 60 llamadas el día que detienen a los 3 sujetos que comercializaban la droga al por menor.

 

La fiscalía que tiene el expediente es la del Dr. Carlos Bensi, el fiscal que pasó de Pinamar a Dolores, bajo el ala del fiscal general Diego Escoda, a quien el Intendente de Dolores, Camilo Etchevarren, acusó y pidió juicio político relacionándolo con el amparo en casos relacionados al narcotráfico.

 

En la causa Ferreira, nada se ha movido.

 

Esto le significó sí, un derrotero por otras dependencias policiales hasta que fue rescatado por De Jesús para hacerse cargo del área de seguridad de La Costa. Aún en uso de licencia especial, que ya lleva más tiempo del debido, recibió un ascenso a subcomisario, otra irregularidad administrativa que generó molestias incluso, entre sus propios pares.

 

El Departamento Judicial de Dolores, el que debe entender en las denuncias de robo de General Lavalle y de La Costa, hace tiempo que está cuestionado también.

 

No hace mucho, el comisario Ricardo Alejo Romero, se presentó ante la justicia para denunciar que en la Comisaría a su cargo, dos oficiales suministraban droga a los detenidos, y que éstos tenían acceso a celulares y hasta “facas”.

 

Sin embargo, haber llevado el caso a la justicia y no a Asuntos Internos, significó que el juez Gastón Giles rechazara por “improcedente” la denuncia y se negó a firmar una orden de allanamiento pedida por la fiscal Claudia Castro.

 

Giles parece que no mide todas las causas con la misma vara, porque es el mismo juez que sí estuvo dispuesto a firmar el allanamiento de la casa de la familia Ovettini, y el que demora días y días para hacer lo propio con los solicitados por los investigadores de General Lavalle, quienes creen tener detectados los lugares en los que se “guardan” las cosas robadas.

 

Es el mismo Juez, además, que sobreseyó al depuesto Intendente de Pinamar Roberto Porretti en la causa por extorsión; mientras que Diego Escoda, es quien oficiaba como Fiscal cuando ocurrió el crimen de Mara Matheu; una joven de 16 años que fue violada y asesinada entre los médanos de Santa Teresita y cuya causa, está a punto de iniciar el juicio oral.

 

En el transcurso de la investigación, y bajo la tutela de Escoda, se perdieron pruebas claves que impidieron determinar si hubo más implicados además de quien hoy se sentará en el banquillo de los acusados. Casualmente, quien se presupone se benefició con esta “pérdida”, hacía gala de sus “conexiones”.

 

Mientras que el magistrado se ufana de tener paraguas entre los peronistas anti K; el Fiscal mantiene buenos vínculos con De Jesús y Osvaldo Goicochea (sSenador provincial y ex Intendente de General Lavalle).

 

Otros Antecedentes

 

La participación de efectivos de la policía bonaerense en hechos delictivos en La Costa, lamentablemente, no es nuevo tampoco.

 

El 19 de junio del año pasado, Juanito Masías, un hombre de origen boliviano dedicado a la construcción, tras insistentes golpes en su casa de Mar del Tuyú, el hijo de 10 años abrió la puerta. En ese momento ingresaron 3 hombres mientras un cuarto quedó “de campana” dentro de un auto en la puerta. Los malvivientes reclamaban el dinero que suponían debía tener la familia tras la venta de una propiedad.

 

En medio de esta situación se produce un forcejeo en el que terminan escapando y tras dar aviso a la policía, el auto de quienes ingresaron a la vivienda con fines de robo se tiroteó con los efectivos de la bonaerense, quienes terminan aprehendiéndolos, pero para sorpresa de todos, los malvivientes también eran policías. Se trataba de dos subtenientes y un sargento quienes pertenecían a la División de Narcotráfico y un subteniente que trabajaba en la comisaría de Mar del Tuyú: Diego Martín Abdala, Jorge Omar Pacheco, Miguel Angel Cicovich y Carlos Javier Tevez.

 

La causa lleva el Nº 7251 y la IPP tiene el Nº 2051-10; caratulada “ROBO DOBLEMENTE AGRAVADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO, POR SER COMETIDO EN POBLADO Y EN BANDA Y POR HABER SIDO COMETIDO POR INTEGRANTES DE LA FUERZA POLICIAL EN GRADO DE TENTATIVA”.

 

En una entrevista concedida a Dolores Diario, Masias relató: “Cuando me desperté tenía dos personas vestidas de policía apuntándome en la cama. Me sacaron del cuello, me tiraron al piso, me resistí, me pude levantar y no me dejaban que les viera la cara. Cuando mi señora ve que me tenían les dijo ‘A mi marido no’ y enseguida le apuntaron a ella también con la pistola en la boca. Mi hijo se escapa y fue a avisarle al abuelo lo que estaba pasando. Ellos se descontrolaron un poco, me solté, agarré un caño, mi señora le baja la mano al que estaba con la pistola y aproveché para pegarle en la cabeza. Pedían plata y lo único que les pedí fue que no lastimaran a mi familia. No alcancé a darles dinero porque ni tiempo tuvieron. Mi hijo reaccionó rápido y no les dio tiempo de ponerse buscar plata”.

 

“Lo que yo viví esa noche no me gustaría que le pase a nadie. La saqué barata, hubiera sido peor todavía, eran funcionarios policiales que ingresaron a mi casa, a mis hijos, a mi señora y a mí nos hicieron pasar un muy mal momento”, rememora el hombre que aún aguarda que se lleve adelante el juicio oral y teme todavía, alguna represalia.

 

La investigación avanza

 

La investigación sobre los robos perpetrados en el último mes en varias propiedades ubicadas del otro lado de la ruta interbalnearia fue llevada a cabo por la jurisdicción a la que pertenecen, General Lavalle, que integra, de todos modos, la misma Departamental policial y Judicial, pero tienen diferentes Jefes distritales.

 

Con los datos aportados por los investigadores, después de un largo peregrinaje por las fiscalías de Dolores, se autorizaron 4 allanamientos que fueron realizados esta semana en San Clemente, y arrojaron resultados positivos, porque se encontraron algunos de los objetos robados y otros que los vinculan con los asaltos; sin embargo, siguen sin firmarse las órdenes más importantes: las que fueron pedidas para allanar 3 lugares en los que se cree, estarían los verdaderos depósitos de la banda. Dos en el partido de La Costa y uno en Pinamar.

 

Los robos, no obstante, continuaron y siguieron sustrayendo lo mismo: especialmente elementos electrónicos, de audio y de computación.

 

El comprobar que efectivamente, el hilo no se cortaba en Linchetta, movilizó a la ciudadanía costera para reclamar soluciones concretas, y un gesto del gobierno municipal. Los vecinos cuestionan fuertemente el accionar de Ferreira, y la “asesoría” de Gustavo Sosi, un policía exonerado que maneja el área de las cámaras de seguridad ubicadas en las arterias de las ciudades que componen el extenso distrito, una franja de 96 Km de extensión de playa, que tiene en cambio, apenas 30 ó 40 cuadras de ancho en los puntos más salientes.

 

Las 500 personas que llegaron hasta la puerta del Palacio Municipal desafiando el frío y el viento, no tenían interés político; no incitaron a la violencia, ni pretendieron amenazar la seguridad del Intendente en ningún momento. Sólo querían hacerle entrega del petitorio que acompañaban miles de firmas, y pedirle no sólo un cambio de funcionarios, sino también, que hable con el ministro de Seguridad, Ricardo Casal, para analizar la situación de varios integrantes de la policía bonaerense que están al frente de dependencias en La Costa, empezando por el Jefe distrital, Guillermo Trangoni.

 

“En las últimas semanas, además, ha quedado al descubierto que algunos de quienes debían cuidarnos, en realidad eran cómplices. La tristemente célebre “maldita policía” mostró nuevamente su rostro en este distrito, en el que quedó demostrado cómo operan con total impunidad, bandas que tienen incluso, protección de jueces y fiscales”, decía la carta que no llegaron a leer los vecinos ante la negativa del Intendente de recibirlos.

 

De Jesús se excusó después, a través de los medios, aduciendo que el reclamo debía ser llevado a General Lavalle, porque quienes encabezaban la marcha padecieron asaltos en sus viviendas ubicadas del otro lado de la ruta.

 

La respuesta no se hizo esperar. “Es cierto, algunos de los robos que denunciamos fueron del lado de Lavalle, pero muchos otros no; y además, el Subcomisario que nos amenazó pertenecía a Mar del Tuyú, y los allanamientos en los que se encontraron elementos que vinculan esos domicilios con la banda, se hicieron en San Clemente. Ni que hablar, que el Fiscal que los protege, es el de La Costa”, señalaron los organizadores.

 

El encono crece minuto a minuto.

 

Los robos y las amenazas no son producto de una sola persona; son posibles porque hasta ahora reinó la impunidad, y a eso, el pueblo de La Costa hoy le dice basta.

 

“No llegamos hasta aquí para plantear cuestiones políticas. No nos motiva, aunque quisieron hacerlo parecer así, cuestiones partidarias; nos impulsa la simple y sencilla necesidad de defender nuestros derechos ciudadanos, que es la protección y tranquilidad de nuestras familias. Sólo eso pedimos”, argumentan.

 

Sólo eso, y nada más que eso; pero para eso, quienes gobiernan el municipio y la provincia deberían responder la pregunta que caracterizó alguna vez a Matías Martin: “¿De qué lado estás?”