lunes, 1 de agosto de 2011

INFORME DE SITUACIÓN

EL GOBIERNO DE BARRIONUEVO ACUSA A LOS OCUPANTES

En Jujuy el PJ 'necesita' que los muertos no sean por balas policiales (?)

Desesperado para que las muertes no impacten en su contra durante la campaña electoral, el gobierno de Jujuy quiere tomar distancia de la tragedia. Por eso, la policía no disparó munición de plomo, los muertos pueden ser una 'interna' de los ocupantes ilegales y, en todo caso, hay que investigar al juez interviniente. ¿?)

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). El ministro Interino de Gobierno y Justicia, Hugo Echavarri, adelantó que hay evidencia que acredita que los ocupantes de la tierra utilizaron armas de fuego en contra del personal policial, habiéndose secuestrado 3 tumberas.

“También tenemos imágenes de una persona usando una escopeta y podemos afirmar que ninguna de las 4 muertes fue provocada por balas del personal policial”,
agregó.
 
Echavarri también anunció que el comisario mayor Jorge Luis Laureano es el nuevo Jefe de Policía.
 
Echavarri insistió con el móvil político detrás de estos hechos teniendo en cuenta actitudes y declaraciones que se evidenciaron en los medios de comunicación inmediatamente después de las tragedias y, desde luego, el dato que la 1ra. víctima fue un agente de la Policía que se encontraba desarmado.
 
Echavarri dijo que se están tomando todas las medidas necesarias para contribuir con la investigación judicial, con el propósito de saber, a la mayor brevedad posible, qué sucedió el jueves 28/07 en la localidad Libertador General San Martín
 
Él adelantó que el Estado solicitará ser querellante en la causa para ser parte del proceso y poder participar en la producción y el control de las pruebas.
 
“Queremos saber qué intereses existen detrás de este conflicto porque las 4 muertes no fueron provocadas por balas policiales”, acotó.
 
Contra el juez
 
El presidente del bloque de diputados provinciales del Partido Justicialista, Rubén Rivarola, planteó, desde Libertador General San Martin, la necesidad de que el Superior Tribunal de Justicia, por sí, o a través del fiscal general del cuerpo, “revise cuidadosamente la actuación del juez Jorge Sammán, quien ordenó el desalojo de los intrusos en el predio de la empresa Ledesma, que terminó, como todos sabemos con la muerte de cuatro jujeños. Disponer el desalojo y partir en francos compensatorios no me parece precedente”.
 
El legislador dijo luego: “Yo no distingo hoy acerca de si los muertos son de tal o cual corriente social, o policías o civiles. Para mí, son cuatro jujeños y sólo pienso en sus familias. Esos muchachos muertos tienen padres, hermanos, hijos, parejas, que hoy lloran la pérdida irreparable y absurda de sus seres queridos”.
 
Rivarola responsabilizó en forma directa al juez que firmó la orden de desalojo al asegurar que “la actitud del juez está teñida de una gran irresponsabilidad que yo no puedo deslindar de una intencionalidad política, porque estoy convencido de que este magistrado nunca se despojó de su reconocida militancia política partidaria anterior que todo Jujuy le conoce. Le reconozco varias actitudes de esa naturaleza, y creo así no se puede estar al frente de un juzgado”.
 
El actual candidato a diputado nacional por el PJ, señalo: “El Gobierno de la provincia ha reaccionado inmediatamente, disponiendo retiros en la fuerza policial, renuncia de su ministro de Gobierno y otras acciones tendientes a esclarecer lo ocurrido y a reparar el daño que se produjo. Me parece que el mismo temperamento tendría que asumir el Superior Tribunal de Justicia -de cuya honorabilidad no pongo duda- y revisar las actitudes y responsabilidades de los jueces inferiores integrantes del Poder. Lo sucedido es gravísimo, y acá no vale esconderse detrás de fueros o de investidura. Todos tenemos la obligación de dar explicaciones y de responder por nuestros actos”, dijo.
 
La oposición
 
Las representaciones parlamentarias de la UCR y Lyder insistirán con una sesión especial en la Legislatura de Jujuy para tratar la creación de una Comisión Parlamentaria Investigadora por la Verdad y la Justicia de los hechos ocurridos en Libertador General San Martín y que dejaran como saldo la muerte de 4 personas.

También,
junto al Bloque Primero Jujuy, propondrán la creación, por ley, de un Programa de Ordenamiento Territorial, el cual prevé la expropiación de terrenos de Ledesma para la construcción de viviendas sociales.
 
El bloque que conduce Alberto Bernis (UCR) y la diputada Alejandra Mollón (Lyder) impulsan una Comisión a la que le asignan el objetivo de “establecer las responsabilidades políticas que pudieren corresponder y dar a publicidad sus conclusiones”. 
 
El texto del proyecto precisa que, de comprobarse la existencia de delitos, deberá formularse la denuncia judicial correspondiente.
 
La Comisión que se propone estaría integrada por 12 miembros designados por los bloques políticos en proporción a la cantidad de sus miembros y tendría que ser presidida por un diputado de la oposición.
 
Para el desarrollo de sus tareas de investigación, se le asigna a la Comisión las atribuciones de “recibir denuncias escritas u orales, y material probatorio sobre los hechos que son objeto de la investigación; requerir y recibir declaraciones testimoniales y efectuar careos; realizar inspecciones oculares; solicitar informes o requerir el envío de documentación a cualquier funcionario público o persona física o jurídica, estableciendo un plazo perentorio para la presentación del informe o el envío de la documentación; solicitar la colaboración y asesoramiento de personas, instituciones, comunidades y especialistas; denunciar cualquier obstrucción a sus funciones o intento de ocultamiento, sustracción o destrucción de elementos probatorios; requerir la presencia de cualquier funcionario provincial o municipal aún con el auxilio de la fuerza pública”, entre otras atribuciones.
 
Esta Comisión tendrá un plazo de 15 días desde su constitución, pudiendo el mismo prorrogarse por otros 15 días.

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