CLAVES

UNA MUERTE QUE PUDO EVITARSE

La cara oculta del Caso Candela

El caso de Candela Sol Rodríguez exhibe una cadena de irregularidades e incompetencias que arroja dudas sobre el supuesto rol del superEstado pregonado por estos días, y que frente a la realidad cotidiana sigue siendo un miniEstado, incompetente, mezquino y peligroso.

por EDGAR MAINHARD

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Candela Sol Rodríguez ha muerto pero podría estar viva. Su asesinato corrobora que hay deficiencias notables en el cumplimiento del rol fundamental del Estado es que brindar seguridad a sus integrantes.

Que el móvil del asesinato pueda resultar la disputa mafiosa del botín de un acto delictivo no disminuye la responsabilidad de las autoridades en la responsabilidad de la muerte de Candela, y eso es independiente de colores y simpatías políticas en un año que, además, es electoral.

La sucesión de irregularidades en la investigación comienza en la actuación del Poder Judicial, que por la Legislación bonaerense tiene el rol principal en una pesquisa.

Candela fue víctima de un secuestro extorsivo cuando se conoció que había ocurrido una llamada telefónica de parte de los supuestos responsables del secuestro, quienes pusieron una condición para la liberación: la entrega de un dinero.

Desde entonces, el caso debería haberse encarado tal como es propio de un secuestro extorsivo, interviniendo la Justicia federal, convocatoria que no ocurrió.

La Policía Bonaerense tenía, además, el testimonio de un joven que habría afirmado que en la vivienda en la que habitaba Candela alguien había comercializado sustancias ilegales, y esa situación también ameritaba la intervención de la Justicia federal.

Pero la Justicia bonaerense decidió mantener afuera del caso a la Justicia federal, en una inexplicable disputa territorial que tendría connotaciones políticas (Cristina Fernández vs. Daniel Scioli, pese a resultar todos habitantes de la misma fuerza electoral).

El resultado es que el Gobierno bonaerense carga con la exclusiva responsabilidad de lo que sucedió y sus repercusiones.

Si era un secuestro extorsivo debía intentar abrirse una instancia de negociación, que incluyera una menor exposición mediática del caso, y de ninguna manera iniciar un rastrillaje casa por casa porque los secuestradores hicieron lo que el manual del delito aconseja en esos casos: quitarse de encima la prueba, algo que a menudo resulta en la ejecución del secuestrado.

La posibilidad de facilitar el dinero a la familia para provocar la liberación de Candela y la posterior identificación y captura de los responsables no parece haber resultado una opción que sí se cumplió en otros casos resueltos en el territorio bonaerense.

Los investigadores nunca tuvieron pruebas que respaldaran la intervención de una red de pedofilia o de trata de personas, pero ese fue el enfoque que se le brindó al caso porque coincidía con un proyecto de ley en tratamiento en el Legislativo Nacional. Es dañino vincular la política con la investigación de un delito común.

El enfoque de la trata de personas llevó a la presidente de la Nación, Cristina Fernández, a recibir a la madre de Candela, Carola Labrador, y ofrecerle todo su apoyo.

¿Conocía la Secretaría de Inteligencia que en el territorio bonaerense ya se hablaba de la disputa entre bandas mafiosas y la venta de sustancias ilegales en el domicilio donde vivía Candela?

Si la Secretaría de Inteligencia lo desconocía, su ineficiencia es inexplicable.

Si lo conocía, ¿qué ocurrió? ¿Quién filtra el acceso a la Presidente de la Nación?

En cuanto a Daniel Scioli, su rol de acompañante terapéutico de los damnificados por la violencia, es difícil de comprender porque eso no es demostrar gestión, que parece ser el concepto de moda en el año electoral.

Gestión es devolver a Candela con vida, cuando el Estado cuenta con elementos que bien utilizados permitirían lograrlo.

Llevar a la madre de Candela a reconocer el cadáver de su hija en presencia de extraños, que incluían al gobernador, mientras se filmaba con una cámara de la Provincia de Buenos Aires, cuyo contenido además se brindó a un medio de comunicación, es una violación de la intimidad de la familia desgarrada, y un degradante abuso de parte de los funcionarios interesados en no pagar costos de su inoperancia.

En cuanto a los colaboradores políticos del gobernador, quienes insisten en la disputa de índole mafiosa, nada de so explica que el Estado haya faltado a su compromiso central con sus ciudadanos, y de eso trata hoy día el caso Candela.