Eileen Truax| El Universal - (Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL)
A partir del incremento de llegadas de niños migrantes no acompañados a Estados Unidos entre los meses de mayo y agosto pasados, también aumentaron las denuncias por maltrato y por prácticas que rayan en la tortura, adjudicadas a agentes de la Patrulla Fronteriza y a otras agencias de seguridad
El difícil cruce por México, las inclemencias del camino, el abuso por parte de agentes y extorsionadores, y el miedo de abandonar su hogar, son algunas de las situaciones que tuvo que enfrentar Ileana cuando salió de su país en Centroamérica para buscar el ingreso sin documentos a Estados Unidos.
Pero nada de esto se compara, asegura la chica de 15 años de edad, con los once días que vivió hacinada, maltratada, sin acceso a servicios básicos y sin protección, mientras permanecía detenida por las autoridades de inmigración estadounidenses.
A partir del dramático incremento de llegadas de niños migrantes no acompañados a EU entre los meses de mayo y agosto pasados, también aumentaron las denuncias por maltrato y por prácticas que rayan en la tortura, adjudicadas a agentes de la Patrulla Fronteriza y a otras agencias de seguridad.
Debido a esto, abogados y activistas que han documentado los casos han incrementado la presión al gobierno para que ejerza acciones legales, como la suspensión de la deportación de algunos de estos menores.
El caso más reciente es el de Ileana —el nombre de la menor ha sido modificado y se omite mencionar su país de origen para proteger su identidad durante el proceso legal—. Cuando la adolescente fue detenida por agentes de la Patrulla Fronteriza en Texas, lo primero que enfrentó fue el hacinamiento: fue transferida a una espacio reducido compartido con más de 100 personas, incluidas mujeres con sus hijos pequeños y adolescentes, en donde no había espacio suficiente para acostarse, según el testimonio que ella misma otorgó, semanas más tarde, a los abogados de la firma Amoachi & Johnson, con sede en Nueva York, que hoy la representan.
Los siguientes días, añade el testimonio de Ileana, fueron una sucesión de violaciones a sus derechos: falta de comida o en estado de descomposición;
falta de agua limpia para beber;
temperaturas congelantes, y condiciones de alojamiento que violan las normas establecidas por la legislación estadounidense, fueron narradas por la chica una vez que salió del centro de detención y se sintió segura para denunciar.
De acuerdo con los protocolos establecidos por el Departamento de Seguridad Interna (DHS), del cual depende el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), al que pertenecen los agentes de la Patrulla Fronteriza, cuando los niños que viajan solos son detenidos en la frontera, deben ser tratados en condiciones que velen por su integridad física y mental, y transferidos en no más de 72 horas a un albergue para menores bajo la jurisdicción del Departamento de Salud y Servicios Humanos.
Sin embargo, cada vez son más los casos de menores a los cuales no les fueron respetados estos derechos, con consecuencias físicas, mentales y legales: los abogados de Ileana presentaron este mes una solicitud al Departamento de Justicia para que le sea anulada la orden de deportación en su contra, ya que la entrevista que le hicieron las autoridades de inmigración para determinar sus posibilidades de quedarse legalmente en el país, fue realizada bajo condiciones de encierro que violan toda normatividad.
“Nuestra cliente permaneció cuatro días en el centro de procesamiento de la frontera, y de ahí fue transferida a uno de los albergues militares que se abrieron en Oklahoma por otros siete días”, dice Bryan Johnson, abogado de la chica, quien explicó que durante esos 11 días su cliente perdió ocho libras, unos tres kilos y medio. “No comió casi nada durante este tiempo; la retuvieron con bajas temperaturas, con luces fluorescentes encendidas día y noche. Estamos pidiendo que el gobierno se haga responsable porque no somos los únicos presentando este tipo de quejas; casi cada chico que entró al país entre julio y agosto vivió estas condiciones”.
Cientos de casos
La afirmación del abogado Johnson es apoyada por testimonios publicados en medios y en denuncias de organizaciones activistas.
–H., un niño de siete años que padecía una discapacidad y desnutrición severa al momento de su detención, fue retenido en custodia por CBP durante cinco días sin acceso a tratamiento médico. Cuando por fin salió, lo tuvieron que operar de emergencia.
–D., una niña de 16 años, fue detenida en una celda con adultos. Cuando los agentes la revisaron, abrieron violentamente sus piernas y le tocaron el área genital.
–A K., una niña de 14 años, le fue confiscada su medicina para el asma cuando fue detenida por agentes de CBP. Durante su estancia en la sobrepoblada celda donde la retuvieron, sufrió varios ataques de asma. Los oficiales la amenazaron con castigarla “si seguía fingiendo”.
–C., una chica de 17 años, fue detenida en una “hielera”, el nombre que dan los detenidos a las celdas mantenidas a bajas temperaturas, con la ropa mojada. El sitio estaba tan frío que su ropa tardó más de tres días en secarse. La única agua disponible para beber era la del tanque del escusado. El baño se encontraba a la vista de otros detenidos, con una cámara de video sobre él.
Estos testimonios constan en la queja legal presentada en junio de 2014 ante autoridades de DHS por una coalición de organizaciones activistas y de derechos humanos, entre las cuales está la poderosa Unión de Libertades Civiles de América (ACLU) y el Centro Nacional de Justicia para los Inmigrantes (NIJC).
En el documento constan 116 testimonios obtenidos en entrevistas con niños entre 6 y 17 años, una vez que fueron transferidos a los albergues temporales de Salud y Servicios Humanos.
Ahí denunciaron los maltratos recibidos bajo la custodia de DHS. “Lo que ocurrió en el verano para alojar a los niños migrantes viajando solos, el tener que improvisar albergues en sitios como la base militar de Oklahoma, o la base aérea en Ventura, puso a prueba la capacidad de este gobierno mucho más de lo que cualquiera de ellos puede admitir”, comenta Jonathan Ryan, director ejecutivo del Centro para la Educación y Servicios Legales de Refugiados e Inmigrantes (RAICES), una organización con sede en Texas.
“Por lo que pudimos ver nosotros durante la ‘crisis’, esto no se debió a la falta de recursos”, agrega Ryan. “Por ejemplo: las celdas en donde alojaban a los niños estaban a un promedio de 55 grados F (12 grados C). Mantener esa temperatura en el sur de Texas, en pleno verano [cuando hace mucho calor], habla del uso de recursos en un esfuerzo adicional para hacerlos sentir incómodos, para desincentivarlos e impedir que continúen solicitando asilo”.
Cuando los menores se encuentran en el centro de procesamiento, agentes de inmigración los entrevistan para determinar sus posibilidades de solicitar asilo político u otro tipo de alivio humanitario. Sin embargo, la mayoría de estos chicos fueron entrevistados en estas condiciones adversas, recibiendo trato de presos, lo cual suele desalentarlos en su intento por permanecer en EU. Ryan corrobora las condiciones denunciadas tanto por los defensores en el caso de Ileana, como por la coalición de organizaciones que presentó la queja en junio: existe un patrón de abuso de menores no acompañados en los centros de procesamiento de inmigrantes.
“No son sólo las condiciones físicas, es también el maltrato psicológico. Los niños denuncian el uso de palabras duras, de faltas de respeto. Les dicen que no tienen derecho a estar ahí ni a solicitar asilo. Muchos de estos chicos han vivido abusos terribles, y llegan a un lugar en donde les hablan en un idioma que no entienden, los someten a condiciones de enorme estrés físico y sicológico, les hacen firmar documentos en otro idioma, y terminan firmando y aceptando declaraciones que violan sus derechos. Desafortunadamente los oficiales no tienen como prioridad su protección, sino obligarlos a que salgan del país lo antes posible”.
Denuncian tortura El 11 de diciembre pasado, cuando los abogados Amoachi & Johnson hicieron pública su denuncia, elevaron el tono en dos sentidos.
Por una parte, con el hecho de que la solicitud que presentaron para anular la deportación de Ileana no fuera enviada al DHS, sino al Departamento de Justicia, solicitando que sea esta instancia la que revise el trato dado por CBP a los menores.
Por otra, la descripción que hicieron del maltrato recibido por su cliente: los abogados la calificaron directamente como tortura. En su exposición pública, la firma cita los documentos recientemente publicados por la administración Obama con respecto a las prácticas de tortura realizadas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), y señala que “bajo la administración Obama, el DHS trató a los niños menores no acompañados, detenidos en celdas, en muchas ocasiones en condiciones iguales a las que la CIA utilizó para detener a sospechosos terroristas durante la administración Bush”.
“El presidente Obama condenó las ‘técnicas’ que ‘dañaron de manera significativa la imagen de EU ante el mundo”, explican los abogados, “pero algunas de las técnicas de la CIA incluían la privación del sueño de los detenidos por una semana
(...) y el DHS ha tratado a los menores no acompañados exactamente de la misma manera en que la CIA trató a terroristas sospechosos”.
El documento entregado al Departamento de Justicia incluye más de 10 páginas con detalles del trato recibido por Ileana. “Fue detenida en una celda sobrepoblada, insalubre, por 96 horas, sin comida, agua, vestido o abrigo suficiente.
(...) No se le permitió bañarse, cepillar sus dientes o cambiar su ropa durante los cuatro días que estuvo en la prisión
(...) La menor vio a otros niños pedir que se apagara el aire acondicionado; los agentes de CBP negaron la solicitud y dijeron que los niños no eran más que ‘perros abandonados’
(...) Como resultado de estas violaciones, la menor fue severamente afectada mental y físicamente. Su vida fue puesta en riesgo
(...) sus intereses afectados, por lo que su proceso de deportación debe ser invalidado”.
Por su parte la abogada Ashley Huebner, quien coordina el proyecto legal de asilo para niños migrantes de NIJC, una de las organizaciones que presentó en junio la queja conjunta ante DHS, dijo a este diario que no han recibido una respuesta satisfactoria por parte de la autoridad.
“La oficina del inspector general de DHS ordenó una investigación en algunos centros de procesamiento para revisar las condiciones: temperatura, comida, agua. Dicen que van a buscar la manera de atender los problemas, pero es contradictorio, porque más adelante indican que no han detectado problemas; sólo han reconocido el de la temperatura”, dice Huebner. “Pero nosotros hablamos sobre otros asuntos, no sólo las instalaciones: el abuso verbal, el abuso psicológico.
Buscamos que haya consideraciones para los niños, que algunos casos de deportación se pongan en pausa [debido a las condiciones en las que fueron detenidos]; y también buscamos confrontar a CBP para que reciban el entrenamiento adecuado para manejar estos casos”.
Portavoces de CBP han declinado hacer comentarios sobre el asunto. En tanto, DHS afirma que dará una postura pública una vez que terminen sus investigaciones.
No hay comentarios:
Publicar un comentario