AGENCIA / SOCIEDAD-ENTRE RÍOS
PARANÁ (U24 Entre Ríos). En el año 2007, cuando inició su primer mandato, el gobernador entrerriano Sergio Urribarri tuvo como jefe de mantenimiento de su residencia oficial a Marcelo Alejandro Acosta.
Un agente estatal que en mayo pasado fue detenido en la autopista Santa Fe-Rosario cuando manejaba un Peugeot 207 en el que llevaba 20 kilos de cocaína.
La tarea de Acosta en la primera vivienda que Urribarri compartió en Paraná junto a su familia fue corroborada por accesolibre.org tras la presentación de un pedido de acceso a información pública ante la Dirección General de Intendencias y Servicios Generales (DGIySG).
Oscar Londero, director de accesolibre.org y autor de la investigación, publicó que Acosta siguió en el puesto hasta el 14 de enero de 2008, cuando fue desafectado y reemplazado por Jorge López Regner.
La medida fue dispuesta a través de la Resolución 002/08 de la DGIySG, convalidada más tarde por el decreto 6.536/08 GOB, fechado el 11 de noviembre de 2008 y publicado el 20 de marzo de 2009 en el Boletín Oficial.
Pero haber estado poco más de un mes junto a Urribarri fue suficiente para Acosta. Como lo confirman otros decretos disponibles en el portal oficial (www.entrerios.gov.ar), su desempeño en la residencia le abrió otras puertas en la Gobernación.
Primero fue afectado a la Dirección General de Información Pública, que depende directamente del Ejecutivo. Fue mediante el decreto 3.518/08 MSAS, que dio continuidad a la adscripción de Acosta: fechado el 20 de junio de 2008, el texto recién fue publicado el 24 de febrero de 2009 en el Boletín Oficial.
Luego, a través del decreto 3.414/10 GOB, Urribarri lo designó como chofer de la Secretaría Privada de la Gobernación. El texto fue emitido el 14 de septiembre de 2010 y se comunicó el 10 de enero de 2011 en el Boletín Oficial.
El último nombramiento se produjo el 29 de diciembre de 2010, mediante el decreto 6.029/10 GOB, firmado por Urribarri y publicado el 28 de junio de 2011 en el Boletín Oficial, Acosta pasó a cumplir funciones en la Secretaría Privada de la Gobernación.
En su tercer artículo la norma estableció: "Dispónese que por el Servicio Administrativo Contable de la Gobernación se liquide y abone al citado agente la diferencia remuneratoria entre el cargo que ostenta (categoría 5) y el correspondiente al de Funcionario Político Nivel III, como así también cualquier otro emolumento que perciban los funcionarios políticos".
Todo siguió así hasta el 7 de abril del año pasado, un mes antes de su detención, cuando el decreto 802/14 GOB puso fin a la adscripción de Acosta, quien debió volver no ya al viejo MSAS sino al Ministerio de Desarrollo Social (MDS).
La medida fue anunciada a través del Boletín Oficial el 14 de julio pasado.
Al mes siguiente hubo otro decreto, el 2588/14MDS por el que se dispuso un sumario contra Acosta. Lo firmaron Urribarri y el ministro del área, Carlos Ramos, aunque su publicación en el Boletín Oficial se hizo esperar: recién se produjo el 7 de noviembre pasado.
El sumario comenzó el 15 de agosto, un día después de la publicación del semanario Análisis que reveló la detención de Acosta por orden del juez federal de El Dorado, José Luis Casals. Así el Ejecutivo buscó evitar que el escándalo diezmara las aspiraciones de Urribarri, uno de los precandidatos presidenciales del Frente para la Victoria (FPV).
En los considerando del decreto se indicó, entre otras cosas, "que la conducta desplegada por el agente Acosta (…) puede configurar un delito doloso, afectando gravemente dicha circunstancia su calidad de empleado dependiente del Estado provincial".
Desde ese momento no se supo más de Acosta ni del sumario administrativo hasta la última semana. El martes pasado la Dirección de Sumarios publicó un aviso en el Boletín Oficial dando cuenta de las dificultades para seguir con el proceso.
En uno de sus tramos más salientes decía lo siguiente: "Conforme surge de las actuaciones no resulta posible notificar de manera fehaciente al agente por cuanto no se encuentra en el domicilio denunciado oportunamente".
Al parecer en el Estado se olvidaron que desde mayo de 2014, Acosta cumple prisión preventiva en la cárcel de Ezeiza.
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