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| Vecinos de LA PLATA |
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) - El juez de Garantías de La Plata, Pablo Raele, ordenó la detención de Casco por el delito de “instigación a cometer delitos en concurso real con instigación a la violencia y amenazas” por pedido del fiscal Marcelo Romero.
Casco fue uno de los punteros del intendente saliente de La Plata, Pablo Bruera, y trabajó en la zona norte de la ciudad durante la campaña. Además, tendría a su cargo el control de un sector de los 12.000 cooperativistas que prestan servicios en el municipio.
El puntero fue detenido el lunes y este martes debía declarar ante el fiscal Romero. Sin embargo, trascendió que el acusado prefirió mantener el silencio, por consejo de su abogado defensor aunque de todos modos, quedó a disposición de la Justicia.
La imputación surge luego de una serie de denuncias de los vecinos de Arturo Seguí, las cuales recayeron en la Unidad Funcional de Instrucción 6 de La Plata el pasado 31 de octubre. Para el fiscal existen elementos suficientes e indicios vehementes que “desde el día 31 de octubre, en horas de la madrugada, en las inmediaciones de calle 416 entre 153 y 154 de Arturo Seguí (una localidad en la periferia de La Plata), un sujeto de sexo masculino instigó a un grupo de personas a cometer el delito de usurpación respecto del inmueble”.
Según consta en el auto de procesamiento del funcionario judicial, lo hizo “incitando públicamente a la violencia colectiva respecto de los vecinos del lugar, siendo que a su vez el mismo sujeto amedrentó a la vecina Susana Beatriz Sanabria mediante el uso de amenazas”.
El intento de usurpación de los predios fue realizado por un grupo de al menos 20 familias que debieron retirarse del lugar luego de que la policía acudió a los terrenos. La situación en Arturo Seguí se suma a la ocupación de los terrenos comprendidos entre 155, 157, 70 y 72, en Los Hornos, que cumplió ayer diez tensos días sin que la Justicia se expidiera acerca de quienes son sus legítimos propietarios.
Durante la jornada de ayer, el conflicto que convirtió lo que era un descampado de tres hectáreas, con árboles añosos y una modesta casa de material en el centro, en un caserío con casillas, carpas y muros de ladrillo, sumó una nueva voz: una familia local aseguró haber presentado ante la Justicia toda la documentación pertinente para demostrar que es la titular del predio.
Los presuntos propietarios, que prefirieron no revelar su identidad “para no sufrir aprietes ni amenazas” advirtieron que “tres de las cuatro hectáreas entre 155, 157, 70 y 72 fueron compradas por nuestro padre a mediados de los años ‘60; pero cuando intentó lotearlas, una ley de la época lo impidió por tratarse de ‘zona rural’”.
“Ante esta imposibilidad nuestro padre arrendó el campo, a fines de los ’70, a un particular por medio de una inmobiliaria” recordaron: “en 2011 este hombre que pagaba regularmente falleció y quedó en el lugar una persona que aparentemente también vivió allí un tiempo; este señor habría fraguado certificados y boletos de compraventa y empezado a vender derechos sucesorios del predio, incluso ofreciendo lotes por internet a 30 mil pesos y cuotas -aceptando también pago en especie-, a pesar de que la sucesión se tramitaba regularmente a nuestro nombre”.
“Algunos de estos compradores de buena fe empezaron a edificar sin ninguno de los permisos que hacen falta, ante un municipio ausente” indicaron los vecinos: “no tenemos problemas en venderles esas tierras, pero que sean conscientes de que los estafaron y actúen en consecuencia. Es con nosotros con quienes deben gestionar”.
Fuentes judiciales afirmaron que “desde hace varios días que no llegan nuevas familias a la toma” y adelantaron que“existen sendas causas vinculadas con los hechos que se tramitan en dos UFI y serán unificadas para su resolución conjunta”.
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