La fuga de los condenados por el triple crimen de General Rodríguez expuso, una vez más, las falencias del Sistema Penitenciario Bonaerense (SPB), una estructura dominada por la corrupción, si se toma en cuenta, por ejemplo, la declaración de Martín Lanatta sobre el escape del penal de General Alvear.
Una profunda reforma que corte esos vínculos y transforme al SPB en una institución que pueda reinsertar en la sociedad a quienes hayan estado en infracción con la ley es uno de los mayores desafíos del gobierno de María Eugenia Vidal.
En principio, la nueva administración debe conocer el estado real del sistema. Y los resultados de las 1ras auditorías arrojan que la situación es calamitosa, lo que, sin embargo, no sorprende.
El portal latecla.info publica este martes parte de esas auditorías. El dato más tenebroso es la superpoblación en las 55 unidades del SPB. Aunque las mismas tienen capacidad para albergar a 27.000 reclusos, son 35.000 los que están repartidos ellas.
El exceso es de 7 mil internos, casi del 25%. Además, se encontraron
< problemas edilicios graves, como desmoronamiento de paredes;
< falta de suministro de agua e interrupción del servicio cloacal;
< 60% de las luminarias del servicio perimetral de las unidades no están operativas;
< cámaras frigoríficas sin funcionamiento,
< más de la mitad de la flota de vehículos destinada al traslado de internos está desafectada por desperfectos mecánicos;
< sólo está en funcionamiento el 30% de los candados;
< hay deuda de 6 meses con el 95% de los proveedores de las unidades en rubros como alimentos, medicina y limpieza.
Los problemas heredados son muchos y profundos después de muchos años de funcionamiento corrupto del SPB. Y el ministerio de Justicia bonaerense, a cargo de Carlos Mahiques, ya inició una etapa de reestructuración, avanzando a lo largo del año sobre muchas de estas deficiencias.
Por ejemplo, informalatecla.info, se están recuperando plazas existentes y se van a construir otras. Quien ejecutará este plan es el titular del SPB, Fernando Díaz, designado de emergencia en medio de la crisis de la triple fuga de General Alvear.
Pero Díaz también ha sido responsable de las unidades penitenciarias cuando se desarrollaban los deterioros.
Fue jefe del SPB entre 2005 y 2009, gestión que atravesó los mandatos de Felipe Solá y Daniel Scioli.
Los sucesos durante ese período ponen la idoneidad de Díaz en tela de juicio: recibió denuncias por violaciones a los Derechos Humanos y ocurrió un motín en el penal de Magdalena que dejó 32 muertos.
Las denuncias también abarcan el desvío de fondos millonarios, facturaciones truchas y sobreprecios, e incluso la entrega de medicamentos vencidos destinados a los presos.
Por otro lado, Díaz es señalado como una garante del "autogobierno" del SPB, es decir, su operación al margen del poder de la gobernación.
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