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| Rosana Bertone, gobernadora de Tierra del Fuego. |
Tierra del Fuego no tiene nada que envidiarle a su vecina Santa Cruz. La conflictos en la provincia de los Kirchner suelen tener más pantalla, pero la situación gremial en el territorio gobernado por la kirchnerista Rosana Bertone es más grave que la que atraviesa Alicia Kirchner.
Anoche (14/3) los gremios estatales, que cumplen la tercera semana de paro de actividades, resolvieron luego de una asamblea realizada frente a la Casa de Gobierno, en Ushuaia (donde mantienen un acampe y desde donde salen y llegan distintas movilizaciones diarias a las sedes de la Legislatura y de la Justicia) implementar cortes en los accesos a las ciudades, escraches en el domicilio de funcionarios y una juntada de firmas para impulsar la revocatoria del mandato de la gobernadora del Frente para la Victoria.
“Si nosotros no dormimos, los funcionarios no duermen. Si nosotros renegamos, los funcionarios reniegan. Si no hay paz para el pueblo, no hay paz para el gobierno”, afirmó ante los manifestantes el secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (Sutef), Horacio Catena, al anunciar la profundización del conflicto.
Al menos una veintena de gremios con incumbencia en el Estado le exigen a la gestión de Bertone la derogación de un paquete de leyes sancionado entre el 7 y el 8 de enero de este año. Las normas eliminaron privilegios jubilatorios, endurecieron las condiciones de acceso a la jubilación fijando condiciones como una edad mínima de 55 años para las mujeres y 60 para los hombres, además de declarar la emergencia del sistema previsional y crear un fondo solidario para el pago de jubilaciones al que aportan jubilados y trabajadores en actividad, en diferentes proporciones y porcentajes, indicó la agencia estatal Télam.
“El fondo solidario y el cobro de deudas permitió empezar a pagar las jubilaciones. Derogar las leyes implicaría negar la realidad y no resolver nada”, sostuvo el presidente del Instituto de Previsión y Servicios Sociales de la Provincia (Ipauss), Rubén Bahntje.
El gobierno provincial aceptó negociar con los sindicatos algunas modificaciones a las leyes por vía de la reglamentación, en especial la aplicación de aportes a las categorías más bajas y a los beneficiarios de pensiones por discapacidad, aunque hasta el momento los dirigentes gremiales se mantienen firmes en la postura de derogar las normativas para luego sancionar otras “en un marco de consenso”.
"Tierra del Fuego debe tener un sistema previsional realista que se pueda sostener en el tiempo, con edades de jubilación razonables y con aportes razonables. El que teníamos era una mentira que privilegiaba a unos pocos, y cuya única consecuencia previsible es que los futuros jubilados no iban a cobrar", mencionó Bahntje.
Sin embargo, los sindicatos consideran a la reforma como “un ajuste” y “repudian” que las leyes se hayan aprobado “sin debate y en pleno receso de verano”. El conflicto tomó un giro político cuando los intendentes de Ushuaia, Walter Vuoto y de Río Grande, Gustavo Melella, ambos del FpV y aliados de Bertone en los comicios del año pasado, tomaron distancia de las políticas oficiales y se pronunciaron a favor del reclamo de los trabajadores estatales.
Las medidas de fuerza mantienen paralizados servicios como la atención en los hospitales y oficinas públicas provinciales y municipales, mientras que el acatamiento es dispar en el sector docente.
"La coyuntura que se plantea hoy es derogación sí o derogación no y eso nos ha trabado muchísimo. Ha sido un error plantear la derogación en términos de no discusión", sostuvo el ministro de Gobierno, Gastón Díaz.
Advirtió que "corregir desde el punto de vista nuestro no es la derogación, porque existen otros instrumentos que nos permiten solucionarlo y hasta de manera más rápida".
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