POLÍTICA / AUDITORÍA EN MINISTERIO DE Y TRANSPORTE
Durante este lunes 21/03, el diario La Nación comparte la siguiente nota, que muestra el panorama con el que se encontró el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich:
Obras que costaron hasta siete veces más de lo previsto y que todavía no se terminaron; balances de empresas que no cierran, y adjudicaciones y rescisiones arbitrarias de contratos.
Éstas son sólo algunas de las muchas irregularidades que se están encontrando en el Ministerio de Transporte a la hora de evaluar las obras atadas a concesiones de obras viales que se otorgaron en los últimos años sobre la traza de varias rutas nacionales.
El Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi), dependiente de Vialidad Nacional, ya comenzó a evaluar caso por caso. De 720 contratos que estaban vigentes a fin del año pasado, anticiparon a La Nación, quedarán apenas 430.
"Muchas obras se van a anular por no ser consideradas prioritarias", señaló un vocero del Ministro de Transporte, que conduce Guillermo Dietrich. "Estamos revisando todas", continuó.
Tal vez las obras que había recibido el empresario patagónico Lázaro Báez sean uno de los blancos más fáciles. Las irregularidades en su caso son evidentes.
"Las empresas de Lázaro son las únicas que no tienen deuda y a las cuales se les pagó de manera adelantada. Los certificados de obra en estos casos se les pagaban a 35 días, cuando a la mayoría de las concesionarias se les pagaba con una demora de al menos 60 días", ilustran desde el equipo de Dietrich.
Pero no serían las únicas bajo la lupa. Hay muchas concesiones en provincias que durante el kirchnerismo habían sido beneficiadas en el reparto de obra pública y que la nueva gestión considera "no estratégicas".
Santa Cruz, una provincia con poco más de 320.000 habitantes, es un ejemplo. Tal como reveló La Nación, en esta provincia Lázaro Báez fue beneficiado con el 80 por ciento de los contratos de obra vial.
Sin embargo, no son pocos los empresarios que ya se empezaron a acercar a las oficinas de Dietrich para buscar soluciones.
Y es que, aseguran desde Vialidad Nacional, todavía no están definidos todos los contratos que se planea rescindir.
Está claro que con un déficit primario que en 2015 ascendió a $235.117 millones (4,4 por ciento del producto bruto interno), el más elevado en los últimos 32 años, al Gobierno precisamente no le sobra caja para mantener vivos muchos planes que, por otro lado, fueron concebidos en gran medida como premios caprichosos para beneficiar a empresarios afines.
NÚMEROS DIBUJADOS
Durante el kirchnerismo, el Gobierno licitó decenas de paquetes de obras públicas que estaban ligadas a concesiones viales como incentivo para que las empresas concesionarias -la mayoría de ellas, grandes compañías constructoras- siguieran operando rutas con tarifas congeladas.
El esquema era obra pública a cambio de cortar el pasto y mantener las cabinas de peajes. Muchas de esas obras jamás se terminaron concretando, en algunos casos por falta de pago; en otros, como consecuencia de la desidia de la gestión y de la falta de controles por parte del regulador.
Ya a mediados del año pasado, cuando en plena campaña presidencial los problemas de caja comenzaron a ser evidentes, desde Vialidad Nacional les enviaron notas a todas las constructoras para anticiparles la suspensión de nuevas licitaciones de obras viales y condicionar la asignación de recursos para obras en ejecución a su propia aprobación.
Vialidad Nacional fue, durante el kirchnerismo, una de las dependencias con mayor presupuesto. Pendientes de la lapicera del entonces ministro de Planificación, Julio De Vido, sólo eran superados por los presupuestos destinados a cubrir los subsidios a la energía.
De acuerdo con los datos de ejecución presupuestaria, en 2015, por caso, la Dirección Nacional de Vialidad estaba habilitada a gastar $22.228 millones, seis veces más que los fondos destinados específicamente a la obra pública.
La mayor parte de sus recursos estaban destinados supuestamente a rutas: más de $12.000 millones para nuevos tendidos, otros $3.651 millones para el mantenimiento y $4.101 millones en los corredores viales concesionados.
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