Día a día, las denuncias contra IOMA se multiplican, y a pesar de la nueva gestión, los cambios no son notorios, el motivo: El titular de IOMA, Sergio Casinotti, mantiene en la obra social a denunciados-imputados del equipo de Antonio La Scaleia.
Uno de los funcionarios es Liliana Méndez, quien se encontraba a cargo de la dirección de Auditoría y Fiscalización Médica y Ambulatoria. Si bien el puesto ya no lo ocupa más, ya que para no es médica, sigue trabajando desde las sombras.
Méndez, además, manejaba interinamente la estratégica Dirección General de Prestaciones (DGP), caja importante de la obra. Ese cargo ahora quedó en manos del macrista Nils Picca, y según se dice "Méndez le responde".
Así las cosas, tras la asunción de Cassinoti, la mujer había sido ratificada en la estratégica Dirección de Auditoría y Fiscalización Médico Ambulatoria. Pero una vez que se supo, "la bajaron". Por unos días, en el organigrama del IOMA en el casillero de la dirección en cuestión figuraba "designación en curso".
Méndez tenía (o tiene) a su cargo los contratos relacionados con el denominado primer nivel de atención, diálisis, prestaciones de kinesiología, fonoaudiología, odontología, prácticas bioquímicas, estudios de diagnóstico de alta complejidad, prestaciones médico-ambulatorias con sus correspondientes derivaciones a Capital Federal.
En su momento, la Asociación de Profesionales del IOMA denunció a Méndez por haber despachado 1500 trámites, en media hora, utilizando sellos y claves de profesionales, lo que motivó que se le abriera un sumario administrativo.
Según consta en la Investigación sumarial Nº455/214, se habría constatado irregularidades múltiples. Por otra parte, instituciones que se relacionan diariamente con IOMA, ya sea médicas (clínicas, hospitales, anestesitas) o gremiales, dejan entrever su bronca con los modos Cassinoti. "Nos destrata permanentemente, nunca tiene tiempo para atendernos, nos ningunea".
IRREGULARIDADES EN EL IPS
A partir del cruce de datos con la Anses y con organismos de otras provincias, el Instituto de Previsión Social bonaerense (IPS) detectó un núcleo de irregularidades en el pago de jubilaciones cercano a $ 688 millones.
Así lo reveló en las últimas horas el titular de la entidad, Christian Gribaudo. El funcionario explicó: "A partir del intercambio de datos con la Anses y otros institutos previsionales, encontramos una gran cantidad de jubilaciones irregulares o incompatibles. Básicamente, de tres tipos: personas que cobraban dos o más jubilaciones; personas que percibían jubilaciones y seguían trabajando; y apoderados o gestores que seguían cobrando jubilaciones de fallecidos", señaló Gribaudo.
Agregó que los casos detectados y dados de baja significarán un ahorro para la provincia de $ 188 millones este año, pero que en los últimos años insumieron el pago de $ 500 millones. Para recuperar esos fondos, el IPS planea retener haberes a quienes, tras el cruce de datos, sigan siendo beneficiarios.
En el resto de los casos, deberá accionar judicialmente. No será la única visita a los tribunales. El funcionario ya presentó una denuncia penal tras detectar una seguidilla de casos -la mayoría, de las ciudades de Cañuelas y Las Flores- en los que se modificaban claves del sistema para otorgar jubilaciones en categorías mayores a las debidas.
"El negocio era el retroactivo", señala el funcionario, y explica: "Detectamos que gestores y empleados del IPS le ofrecían a quienes hacían el trámite una mejor jubilación, a cambio de quedarse con el pago retroactivo". Sin embargo, Gribaudo elogia a su antecesor, Mariano Cascallares.
"Hizo denuncias similares a las que estamos presentando y dejó un IPS superavitario. De hecho, su vice, Mailén Vélez, continúa como directora. Acá no se trata de una herencia política, sino de un vicio en el sistema que estamos combatiendo", remarcó Gribaudo.
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