El caso José López empieza a ser opacado por la reactivación del Triple Crimen de la Efedrina a raíz de la detención de Ibar Pérez Corradi. Habría varias razones e interesados en ello, mientras la mayoría de los medios se dejan atraer por la bóveda vacía en el monasterio donde López arrojó los bolsos, hay conexiones que no se profundizan.
Según un punteo al que accedió Urgente24, la trama que no se abordó alcanza a los gobernadores del PJ, la exSIDE y sus funciones actuales, los jueces que no avanzan con las causas por corrupción en la obra pública, los empresarios que pagaron retornos, los sindicalistas peronistas beneficiados con los negociados de López, y una reflexión en el entorno presidencial: si no es mejor dejar vivo al kirchnerismo para que compita en 2017 en territorio bonaerense restando votos a Sergio Massa.
Aquí algunos apuntes:
La increíble aparición de José López en una casa de monjas de General Rodríguez lanzando casi 10 millones de dólares en bolsos que volaban por encima de un paredón fue un cataclismo ético-institucional, judicial y político.
Pero vale recordar algunos datos para analizar las consecuencias del fenómeno: La irrupción de López corrobora todas las acusaciones que existen sobre el montaje de un sistema de corrupción ideado por Néstor y Cristina Kirchner alrededor de la obra pública.
Por lo tanto, enmudece a la expresidenta y a su círculo. Y acelera la dispersión del peronismo. Esto queda de manifiesto cuando la señora de Kirchner no pudo dar explicaciones en público y apenas dijo –a través de las redes sociales la semana pasada- que ella no le dio la plata a López.
Lo que da lugar a la pregunta sobre quién entonces se la dio. Es verdad: ella no le dio la plata. Sólo lo tuvo 12 años al frente de la obra pública, sin contar los 12 años durante los cuales su esposo gobernó Santa Cruz.
Esta es la razón por la cual muchos conocedores del negocio afirman que lo que López intentó dejar en el convento era, en rigor, la “caja chica”.
La Cámpora y otros sectores del kirchnerismo, inclinados en general hacia la izquierda, intentaron condenar a la oveja negra de ‘Lopecito’. Como si, de repente, se hubiera conocido un caso inesperado de corrupción. Suena también insuficiente.
En 2005 Roberto Lavagna renunció al Ministerio de Economía, después de haber denunciado sobreprecios en la obra pública. Fue durante una convención de la Cámara Argentina de la Construcción, lo que provocó una reacción incomodísima en los empresarios, que se sintieron denunciados.
Luego, en 2006 renunció Sergio Acevedo a la gobernación de Santa Cruz, después de negarse a girar al ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, el adelanto de una obra.
Un año después, en 2007, estalló el escándalo Skanska, también ligado a la obra pública. Más tarde, en 2011, ocurrió lo mismo con Sueños Compartidos, que tuvo a López y De Vido en el centro del huracán junto con Sergio Schoklender y Hebe de Bonafini.
Sin mencionar la ola de información que se levantó desde hace tres años con las infidencias de Leonardo Fariña y Federico Elaskar, relacionadas con Lázaro Báez, Cristóbal López y el alquiler de los hoteles de Hotesur.
Quiere decir que debería haber un reconocimiento retroactivo. Pero no se advierte.
Otras reacciones son todavía más disparatadas: el titular del CELS Horacio Verbitsky, por ejemplo, propuso ayer (20/6) en Página 12 un régimen de controles para las licitaciones de infraestructura. Llegó tarde.
De todos modos, cabe una pregunta pragmática: ¿le conviene a Macri la destrucción final del kirchnerismo? ¿O es mejor para él que esa fracción esté en condiciones de armar una lista el año próximo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires?
La dispersión del PJ no es menos atolondrada. El principal socio de López en la liga de gobernadores, José Alperovich, tucumano como el “donante” de las monjas y su promotor, a pedido de la ex presidenta, en las listas del Parlasur, declaró a La Gaceta del Tucumán que él nunca fue kirchnerista.
Otro beneficiario de los contratos de López, José Luis Gioja, presidente del PJ nacional, anunció que rompería el bloque de diputados nacionales. Jorge Capitanich dijo que iría a la Justicia. El ex secretario tiene en sus manos a ex gobernadores e intendentes.
La crisis tal vez recién comience. Quedan por examinarse todavía las repercusiones del escándalo López en el sindicalismo.
Gerardo Martínez, de la UOCRA, y José Luis Lingeri, responsable político de la gestión de Carlos Ben en Aysa, están en dificultades.
Sobre todo Lingeri y Ben: gran parte de los fondos desviados de la obra pública fueron para Aysa. En las empresas también hay temor. Nadie sabe que López haya adjudicado licitación alguna sin pedir retorno.
Hay empresarios de la construcción que, por no entrar en el sistema, eran visitados por el secretario con la pregunta: “¿Ya reflexionaste?”.
Por supuesto, tal como denunció Javier Iguacel, el nuevo titular de Vialidad Nacional, la concentración más grande de adjudicaciones se producía entre los amigos del poder: Lázaro, Cristóbal, la familia Eskenazi (Grupo Petersen), Carlos Wagner (Esuco).
Pero todos los demás adjudicatarios están preocupados. Sobre todo por una versión maldita: los arreglos solían hacerse en Tucumán 141, las oficinas del contador Andrés Galera. Y, se dice, podría haber visitantes filmados.
En la Iglesia también causó desasosiego la escena de López. Para entenderlo hay que ajustar algunas informaciones. Por ejemplo: las monjas de General Rodríguez no son de clausura, ni su casa es un monasterio. Se trata de una casa construida por De Vido y López para monseñor Rubén Di Monte, el llamado “obispo de la obra pública”.
Di Monte, diocesano de Mercedes-Luján que falleció en abril pasado, fue contactado por De Vido y López a través de José Roberto Dromi, quien ya era muy próximo a él desde que era obispo de Avellaneda, en tiempos de Carlos Menem.
Dromi también fue un abogado clave para Jorge Bergoglio, sobre todo cuando hubo que resolver el desastre financiero que dejaron Antonio Quarracino y monseñor Roberto Toledo con la Mutual Militar Seguro de Vida.
Néstor Kirchner sedujo a Di Monte apenas llegó al poder, adjudicando una gigantesca obra de restauración de la Basílica de Luján. El trabajo se demoró años, con los consiguientes sobrecostos.
Una curiosidad adicional: entre las empresas adjudicatarias está Crearurban, de Angelo Calcaterra, el primo hermano del presidente.
Los Kirchner utilizaron la basílica para sus movimientos políticos. Allí fueron al Te Deum cuando estaban peleados con Bergoglio. Y también lanzaron candidaturas e hicieron actos de campaña, como el de septiembre de 2007, para relanzar los trabajos ya anunciados.
En el frente judicial el caso López es una bomba neutrónica. Ahora queda más claro que la acusación de “tortuga”, con toda justicia aplicada a Sebastián Casanello, cabe también para muchos otros magistrados.
Daniel Rafecas, por ejemplo, investiga a López por enriquecimiento ilícito desde el año 2008. El centro de esa pesquisa era la inmobiliaria La Araceliti y tres fideicomisos manejados por López y su esposa en Tucumán.
El encargado de financiar esas empresas fue Enrique Menocal, compañero de secundaria de López y señalado como su testaferro. El fiscal Federico Delgado llevó adelante la causa, pero no consiguió que Rafecas avanzara.
El primer allanamiento a una propiedad del ex secretario fue la semana pasada, después de que arrojó una fortuna en el jardín del “convento”.
El juez Julián Ercolini también arrastra los pies. Tiene abierta una causa por sobreprecios de obra pública, iniciada por Elisa Carrió en 2008. Pero las primeras diligencias las produjo hace tres semanas, una vez que quedó en el centro de la observación pública porque le asignaron también el caso Hotesur.
Algo parecido pasó con Marcelo Martínez de Giorgi: se incendió López, entonces decidió llamar a indagatoria a los funcionarios involucrados en el caso del programa Sueños Compartidos, organizado por Hebe de Bonafini y Sergio Schoklender con fondos derivados por López.
La contracara de esta complicidad de los jueces federales con el delito de corrupción es que López no cayó por una investigación judicial. Fue por un llamado al 911. En el mejor de los casos, por un operativo de inteligencia.
En el kirchnerismo analizan un detalle: los abogados de López fueron Darío Richarte y Daniel Pirota. Ambos respondían a Antonio Stiuso en la ex SIDE. Ese vínculo hizo que el gobierno anterior le asignara las defensas de López, Amado Boudou, Juan Manuel Abal Medina, Daniel Cameron, Claudio Uberti, etc., etc.
La dependencia con Stiuso era tan grande que renunciaron a todas las defensas pocos días después de que ese espía fuera exonerado. Ahora Richarte, el ex abogado de López, está en el centro del aparato de poder que controla la AFI.
Es el segundo de Daniel Angelici en Boca y, entre otras designaciones, impulsó a Juan José Galea a la dirección de Finanzas de la antigua SIDE.
Galea ocupó esa posición durante el gobierno de Fernando De la Rúa, cuando Richarte era el número dos de la SIDE. Después Galea fue director financiero del grupo Szpolski, que según uno de sus socios, Matías Garfunkel, tenía como socio oculto a Richarte.
El grupo Szpolski fue el centro de operaciones de inteligencia de la ex SIDE durante el gobierno de los Kirchner. El encargado de hacerlas era Alberto Mazzino, el otro yo de Stiuso.
Esta trama implica una hipótesis: ¿la SIDE de Kirchner, que protegía con sus abogados a los funcionarios corruptos, es la que, transformada en SIDE de Macri, ahora los entrega?
El manejo de la justicia federal a través del aparato de espionaje no ha cesado con el ascenso de Cambiemos.
Otra evidencia: al lado de la segunda de la AFI, Silvia Majdalani, opera el fiscal federal Eduardo Miragaya, íntimo de María Servini de Cubría.
Miragaya es también muy cercano a la abogada Claudia Balbín, extraña patrocinante de Leandro Báez, cuya principal preocupación parece ser expulsar de su juzgado a Casanello: el juez del caso Báez pero también del caso Angelici por tráfico de influencias. Además de Time Warp y Panamá Papers.
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