SOCIEDAD / INVESTIGACIÓN
(Télam) - Mientras las cancillerías de Argentina y Bolivia avanzan en un protocolo de asistencia a las víctimas de trata y tráfico, en el paso Salvador Mazza-Yacuiba refuerzan el auxilio a los bolivianos que son potenciales esclavos en talleres clandestinos de la Argentina.
Ubicado en el extremo norte salteño, ese paso internacional es utilizado por unas 200 personas por día (en temporada alta -diciembre a abril- la cifra trepa a 600), que hacen los trámites migratorios y que se suman al incesante cruce de los bagayeros -vecinos de ambas ciudades- con mercaderías de todo tipo.
Pero en realidad las posibilidades de ingreso a la Argentina se multiplican en un sinnúmero de pasos a lo largo de una frontera seca de 32 kilómetros en los que el mayor problema geográfico son las quebradas, apenas hondonadas de pocos metros en un paisaje selvático, por donde pasan proyectos y aspiraciones de personas pero también los negocios de contrabandistas, tratantes y narcos que cada tanto saltan a los diarios.
La trata y tráfico de personas es un negocio internacional -considerado de lesa humanidad- que afecta a unos 137 estados en todo el mundo. En la Argentina existe desde 2008 una ley que pena este delito, a la que se suma un programa de rescate y atención a sus víctimas.
En el caso de los bolivianos, muchos de ellos y sobre todo los indocumentados corren el peligro de caer en manos de tratantes que les ofrecen trabajos con muy buenos salarios que en el destino -Buenos Aires, Rosario, Mendoza, por citar algunos- se transforman en durísimas condiciones en talleres textiles, huertas, ladrilleras y carpinterías, según está corroborado por las autoridades argentinas .
Paradójicamente, estos migrantes desconocen sus derechos y no se perciben a sí mismos como víctimas de reducción a la servidumbre porque, coincidieron varias de las fuentes consultadas, en la mayoría de los casos escapan de la falta absoluta de oportunidades y encuentran resignadamente, aún en este tipo de explotación, una manera de progreso social.
En la localidad salteña de Salvador Mazza -conocida también como Pocitos- el cónsul de Bolivia, Omar Velásquez Baldiviezo, explicó a Télam durante una entrevista en su oficina sobre la ruta nacional 34 que quienes ingresan al país ilegalmente lo hacen porque "muchas veces no tienen el documento de identidad de origen, y hasta nos encontramos con gente que carece de partida de nacimiento, como si no existiera".
Testigo directo de decenas de historias de lucha y supervivencia de compatriotas de todas las edades, el cónsul contó que la gente se larga desde sus poblados de origen sin más herramientas que sus propios cuerpos y sueños a buscar futuro en la lejana Buenos Aires o, a veces, a pocos kilómetros de la frontera.
Como el caso de una ladrillera en Aguaray: en los primeros días de octubre último un hecho fortuito -la muerte de un compatriota- llevó al diplomático a un paraje en esa localidad, 20 kilómetros al sur de Salvador Mazza, donde unos 260 bolivianos que no tenían documentos, vivían y trabajaban en una ladrillera en condiciones de total precariedad.
"Fuimos al lugar pero, cuando la gente nos vio llegar, tuvieron temor de que los sacáramos a la fuerza. Nada más alejado de la realidad, sólo queríamos hablar con ellos, interiorizarnos de las razones por las que habían dejado Bolivia y, sobre todo, por qué no tenían sus documentos personales en regla".
El diplomático contó otro caso en el que la Gendarmería -que en un tramo de 55 kilómetros sobre la ruta nacional 34 hace al menos tres controles- encontró en Tartagal a un camionero que llevaba a un niño de 8 años. "El nene no hablaba mucho; boliviano, tímido, y tenía con él una especie de bolsa de dormir que era cartón prensado. Cuando le pregunté adónde iba, me contestó: 'Adonde todos van' (por Buenos Aires) a buscar a mi papá".
Después de la intervención de la fiscalía y del consulado, el camionero argentino quedó libre de cualquier cargo y el niño, con un salvoconducto que hizo Velasquez Baldiviezo, fue entregado a la Defensoría de la Niñez boliviana en Yacuiba porque "no pudimos dar con la familia del menor en Santa Cruz de la Sierra", señaló el diplomático.
El cónsul definió a la frontera seca como "imposible de controlar absolutamente", porque "geográficamente es como una especie de U con pasos no autorizados, con caminos, quebradas y gente que tiene el patio en el otro país.
Y esto da una situación que colabora para el contrabando y todo lo que usted conoce", dijo, en referencia al narcotráfico.
También describió la situación de los migrantes ilegales: "Viven en el monte, cruzan por pasos no habilitados, a veces los cruza el empresario y a veces ellos mismos.
Es triste y penoso que el propio boliviano explota a su gente, mete a la gente y luego se mueve de acuerdo a los movimientos de la policía y la Gendarmería".
Y para completar el escenario en el que desarrolla su tarea tuvo un comentario para el contrabando de granos -en particular de maíz- a Bolivia: "Es tremendo. Hace poco un camión con una carga no pudo subir porque los caminos son accidentados. El ayudante bajó del vehículo con la mala suerte que le pasó una rueda por encima al dar marcha atrás. Todo quedó en la nada porque estaba involucrada una persona de autoridad. El tráfico -describió el cónsul boliviano- va y viene, viene y va".
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