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| Cuenca Riachuelo-Matanza |
La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió por unanimidad que la Acumar “establezca un sistema de indicadores, presente informes periódicos e intensifique las tareas en el cumplimiento de la sentencia” que dispuso el saneamiento de la cuenca.
Recordemos que en julio de 2008, al dictar sentencia en la causa "Mendoza", la Corte dispuso un "Plan Integral de Saneamiento Ambiental" de la cuenca hídrica Riachuelo-Matanza.
Será algo difícil de cumplir, si se tiene en cuenta la situación actual de Acumar (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo). Según trascendió, el Ejecutivo Nacional designará a la diputada nacional Provincia de Buenos Aires-Cambiemos, Gladys Gonzalez (quien también es interventora del Sindicato Obreros Marítimos Unidos) como directora ejecutiva del organismo, en un intento por sacarlo de la parálisis en la que se encuentra desde hace dos años.
La designación contaría con el consenso de las 3 jurisdicciones que integran Acumar: la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad. Pero el nombramiento de Gonzalez busca tapar una tensa interna en Acumar, tras la renuncia el mes pasado de Julio Torti, el director ejecutivo que llegó a ese cargo de la mano de Daniel Chaín, recientemente desplazado del Gobierno nacional.
Durante su gestión -en la que fue señalado por su defensa de la dictadura-, Torti no pudo reactivar el organismo y ni siquiera supo elaborar una defensa para una audiencia en la Corte Suprema, que terminó siendo demoledora.
A principios de año, ya había renunciado otro director ejecutivo, Amilcar López, por diferencias con el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, uno de los funcionarios más cuestionados de la gestión Macri.
Con la designación de la nueva directora -quien como diputada nacional evidentemente tiene mucho tiempo disponible, además de ganar 2 salarios y quizás ahora 3-, se le suma un factor que avivó la interna, la Dirección Operativa de Acumar, a cargo de Gabriela Seijo, ex legisladora porteña del riñon político de Horacio Rodríguez Larreta.
Se preveía que Seijo se hiciera cargo de Acumar luego de la dimisión de Torti, pero la reciente difusión mediática por la inacción del organismo sobre el saneamiento, además de 50 puestos a la planta permanente agregados durante la gestión Cambiemos y la controvertida subejecución presupuestaria (los $ 10 millones asignados para este año apenas ejecutó el 20%), dejaron trunca esa idea.
En tanto, el 30/11, la Corte celebró una audiencia pública en el Palacio de Justicia, a la que fueron convocadas autoridades nacionales, porteñas, bonaerenses y de la Acumar, para evaluar el estado de las tareas de limpieza y urbanización de la cuenca.
Todos hablaron de cifras multimillonarias para 2017 -se proyecta una inversión de $1.400.000.000 para obras en red de aguas y cloacas y la construcción de viviendas-, aunque la Auditoría General de la Nación expuso que los aportes de los gobiernos "han disminuido" en los últimos años y que "los objetivos del fallo de la Corte Suprema no han sido cumplidos".
Además, en julio la Corte también había convocado para septiembre a otra audiencia, a la cual asistió Urgente24. Presidida por Bergman, en la audiencia se detalló la actualización del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), aunque sin mucho optimismo, ya que según informó este medio, el primer plan general para el saneamiento comenzará a concretarse recién en 2023.
En ese entonces, el desplazado Torti, explicó la dificultades previas a generar un plan de saneamiento. "Buscamos que tanto actores públicos como privados cumplan con las normativas", y explicó que unas 218 industrias de la Cuenca son contaminantes y que por segundo se tiran entre 12 y 15 m3 de agua contaminada.
"Hay plantas de tratamiento que funcionan mal y que vamos a remover, e impulsamos nuevas iniciativas como el Polo Petroquímico Dock Sud. Buscamos plantear nuevos límites de descarga admisible de desechos", enfatizó.
A todo esto, a la audiencia de la Corte también asistieron representantes del Cuerpo de Delegados del "camino de sirga" de las Villas 21 y 24, en la zona de Barracas, de esta capital, quienes fueron desalojados del recinto luego de media docena de interrupciones.
Es que aún resta definir la relocalización de 17.000 familias y los estudios epidemiológicos de la población que vive en la cuenca contaminada, deudas que parecen no cumplirse en el corto plazo.
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