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| El ex gobernador Rossi y su abogado en la conferencia de prensa del pasado martes (20/12). |
El ex vicegobernador entrerriano e intendente de de la ciudad de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, anunció el pasado martes (20/12) en una conferencia de prensa, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), decidió aceptar una petición realizada por sus letrados en 2010 para que se revea un fallo que lo había condenado por enriquecimiento ilícito en el año 2006.
La Suprema Corte de la Nación había cerrado todas las posibilidades a una eventual revisión de esa condena. Ahora la CIDH emplazó al Estado Argentino para que en un plazo de 90 días presente sus observaciones sobre el caso.
Rossi hizo el anuncio acompañado por el abogado Carlos Reggiardo, y dio detalles de la decisión adoptada por la CIDH, al tiempo que aseguró que en la Justicia local existe un “pacto político-judicial” y como prueba de ello, señaló que todos los que lo condenaron “ascendieron en la justicia”.
Según relato, su condena fue producto de “una maniobra que se pergeñó desde el poder con el fin de perjudicarme por haberme osado enfrentar a Jorge Busti”, a la vez que aseguró que “el bustismo goza de impunidad en el Poder Judicial entrerriano ya que a Jorge Busti a pesar de tener 17 denuncias penales no lo llamaron nunca ni a indagatoria”.
En diciembre de 2009, en el expediente “Rossi, Domingo Daniel s/enriquecimiento ilícito de funcionario público”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió desestimar la queja por el recurso extraordinario federal denegado que había sido interpuesto por la defensa del ex vicegobernador.
Anteriormente, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) había rechazado el recurso de casación y confirmado la sentencia de la Cámara Primera en lo Criminal de Paraná, por la que se lo había condenado a la pena de tres años de prisión –de ejecución condicional- inhabilitación absoluta por ocho años y multa de noventa mil pesos, por considerarlo autor del delito de enriquecimiento ilícito previsto en el artículo 268 (2) del Código Penal.
Acompañado por su familia y allegados, Rossi, reiteró su inocencia y sostuvo que “siempre estuve a disposición de la justicia y jamás me puse el sobretodo protector de legislador como hacen otros que hoy están más o menos complicados”.
El ex funcionario añadió “Yo acaté el fallo, cumplí la condena, tuve que abandonar el cargo de intendente para el que había sido electo con casi el 80% de los votos de los ciudadanos de mi ciudad y hasta me hicieron devolver 400 mil pesos por gastos reservados, cuando los que me condenaron cobran millones en el mismo concepto y nadie sabe en que los usan”, en clara referencia a los viáticos de los vocales del Superior Tribunal de Justicia.
Rossi dijo además que la prueba del pacto de impunidad entre la política y la justicia “es la composición del actual Superior Tribunal de Justicia, donde de nueve miembros, siete fueron designados por el ex gobernador Busti, que es el ideólogo del pacto. El actual Procurador General, Amílcar García, también fue ascendido luego de haber fallado en mi contra”.
HACEN LUGAR A OTRO PEDIDO DE JUICIO POLÍTICO
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento, que preside el diputado Diego Lara (FpV), decidió este martes darle lugar a la denuncia de pedido de juicio político por “mal desempeño” a la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Claudia Mizawak e iniciar una investigación a partir de la denuncia que impulsan numerosos dirigentes.
Para ello, se librarán entre martes y miércoles oficios pidiendo información a diferentes entidades. La comisión, según publicó el portal Recinto Net, debatió durante tres horas y decidió darle curso a la denuncia de varios abogados, incluidos el ex presidente del Colegio de Abogados de Paraná, Rubén Pagliotto, la ex diputada provincial Emma Bargagna y los dirigentes del Frente Renovador Emilio y Jaime Martínez Garbino y Luís Leissa, originada después de las escandalosas declaraciones del vocal del STJ, Carlos Chiara Díaz cuando hizo uso de su defensa en la Cámara de Diputados el 1 de diciembre y que involucraron a la presidente del STJ y otros miembros del mismo.
En tal sentido el presidente del bloque de diputados de Cambiemos, Sergio Knetteman aseguró “que se actuará con coherencia en el caso Mizawak ya que la estrategia del bloque de Cambiemos ante la posibilidad de un juicio político contra la presidenta del STJ, será la misma que se siguió en el proceso contra Chiara Díaz”.
Knetteman agregó que “Cambiemos va a trabajar con absoluta responsabilidad en este nuevo juicio político contra la presidenta del Tribunal, y vamos a trabajar para que si hay causa se la acuse”.
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