El Senado convirtió en ley este miércoles (14/12) la Emergencia Social el proyecto que declara la Emergencia Social hasta el 31 de diciembre de 2019 en todo el territorio nacional, y que fue negociada entre el Gobierno y movimientos sociales con el acompañamiento de la CGT. El proyecto fue aprobado con 49 votos –es decir, por unanimidad-.
El proyecto, impulsado por el Movimiento Evita, se estima que beneficiará a $3,5 millones de trabajadores, lo que significará para las arcas estatales un costo de $30.000 millones. La iniciativa propone declarar la Emergencia Social hasta el 31/12 de 2019 en todo el territorio nacional, y fue negociada por la CCC (Corriente Clasista y Combativa), la CTEP (Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular) y Barrios de Pie.
Al abrir el debate, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Juan Manuel Abal Medina (FpV-PJ) destacó que el proyecto “impacta fuerte sobre los que más lo necesitan”. Recordó que la propuesta “nació en la calle con la movilización de los trabajadores el día de San Cayetano”, y que luego “fue construida en el Senado, no fue diseñada en una oficina del Poder Ejecutivo”.
“Lejos de ser un proyecto que intentaba perjudicar a alguien, buscaba netamente justicia. Los trabajadores no vinieron aquí a pedir un plan o un empleo público, sino a garantizar sus derechos y su dignidad", explicó, según publica Semanario Parlamentario.
Por su parte, Luis Naidenoff (UCR-Cambiemos) consideró que no hay que “festejar” la Emergencia Social porque “es una expresión del arrastre de la crisis”.
“No queremos que existan más políticas clientelares”, aportó su par Silvia Elías de Pérez. Jaime Linares, del GEN, opinó que la ley “no es la solución definitiva, pero es un camino sobre la base del consenso” para enfrentar la situación de “pobreza” que es “reproducida por el sistema”.
El proyecto -ahora convertido en ley- consta de 12 artículos y establece la creación del Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario (CEPSSC) en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, como “ámbito institucional permanente”.
Este organismo, que comenzará a funcionar 90 días después de la promulgación de la ley, estaría conformado por un represente del Ministerio de Trabajo, uno del Ministerio de Desarrollo Social, uno del Ministerio de Hacienda y tres de las organizaciones sociales.
En el artículo 7 de la norma se indica que “los actuales programas sociales nacionales se articularán con la intervención del CEPSSC, promoviendo su progresiva transformación en Salari o Social Complementario”.
Por otra parte, se crea el Registro Nacional de la Economía Popular (RENATREP), donde deberán inscribirse los trabajadores de esta categoría para poder acceder a los beneficios. Mediante la norma, el jefe de Gabinete estará facultado a “efectuar las reestructuraciones presupuestarias necesarias” para proveer los fondos adicionales que exige la ley, hasta un monto de 25.000 millones de pesos, durante los tres años que dure la Emergencia Social.
En el caso de que al 31/12 de 2018 esos fondos hubieran sido ejecutados, el jefe de Gabinete podría resignar partidas por otros $5.000 millones, como máximo.
La ley tiene como objetivo “defender los derechos de los trabajadores que se desempeñan en la economía popular en todo el territorio nacional, con miras a garantizarles alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, cobertura médica, transporte y esparcimiento, vacaciones y protección previsional”.
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