El Observatorio de Prevención del Narcotráfico (OPRENAR), conformado por 34 instituciones vinculadas a la educación y la salud (entre las cuales se cuentan 24 universidades y dos academias nacionales), elaboró un informe sobre los avances del Gobierno en materia de políticas de prevención del narcotráfico y las adicciones durante su primer año de gestión.
El OPRENAR destacó los logros de la administración de Mauricio Macri en este sentido, aunque recalca que queda mucho por hacer. En este sentido, resaltó "el espacio que el Gobierno le ha asignado en su propia agenda, ubicándolo entre una de sus prioridades. Es especialmente relevante la voluntad de trabajo en la búsqueda de soluciones y el diálogo intersectorial que promueve la Administración Nacional.
Sin embargo, muchas iniciativas se encuentran aún en un estado de enunciación que requiere implementación urgente y seguimiento. Por otro lado, si bien se han presentado planes para abordar la problemática desde diversos organismos del Estado, falta aún la articulación de un plan integral que articule medidas para enfrentar de manera sistémica tanto la oferta como la demanda de sustancias psicoactivas".
"En relación con el Gobierno anterior, existe un avance superador en materia de prevención del narcotráfico y las adicciones. Sin embargo el camino por recorrer es aún extenso", establece. Estas son las principales conclusiones de las distintas comisiones de trabajo del OPRENAR:
- PREVENCIÓN SOCIAL Y REHABILITACIÓN: hay una tendencia muy positiva de confrontar la tolerancia social al consumo y la banalización de los riesgos que conlleva. Se destaca la declaración de la emergencia en adicciones, la implementación de programas y espacios de intercambio de prevención como el Programa Municipios en Acción, las leyes de Ludopatía y de Salud Mental.
El desempeño del Consejo Federal para la Prevención y Asistencia de las Adicciones (COFEDRO) y del Observatorio Argentino de Drogas junto con la creación de protocolos de intervención y de servicios de atención más accesibles son también pilares sumamente positivos que es necesario resaltar. En el lado del haber, resta establecer Hospitales Generales Polivalentes preparados para atender adicciones y realizar programas preventivos.
Tampoco se desarrollaron modalidades de tratamiento que contemplen procesos de desintoxicación, tratamiento ambulatorio, reinserción y grupos de seguimiento.
- PREVENCIÓN EDUCATIVA: resulta necesario fortalecer a través de la educación la reducción del consumo de drogas en los jóvenes. Si bien se elaboró un plan nacional para el tratamiento de adicciones en el ámbito educativo, aún debe implementarse en su totalidad el Programa Nacional de Educación y Prevención sobre las adicciones y el consumo indebido de drogas sancionado en el año 2009. Un rol especialmente importante en la materia está en manos del Instituto Nacional de Formación Docente.
Por otra parte, la prevención educativa no debiera estar restringida sólo a los jóvenes sino dirigida a toda la sociedad en su conjunto. Es necesario poner el acento en la demanda y comprender que en el centro del problema de las adicciones y el narcotráfico está la persona humana.
Por eso mismo, la prevención educativa constituye un espacio de importancia radical en toda política integral para enfrentar este flagelo.
- POLÍTICAS DE SEGURIDAD: es imprescindible ampliar la mesa de trabajo a todos los intendentes del país para lograr un contrato de responsabilidad. También es imperiosa la implementación de políticas contra la lucha del narcomenudeo con una estrategia operativa multidimensional.
La descentralización del narcotráfico es responsable de la violencia social y el aumento del consumo. Entre los aspectos positivos se avanzó en la creación del Consejo Federal de Precursores Químicos, en la capacitación de las fuerzas de seguridad, la Dirección de Control de Integridad de dichas fuerzas y el relanzamiento del Observatorio Argentino de Drogas.
Sin embargo aún resta desarrollar un plan interministerial de lucha contra el narcotráfico y ampliar el despliegue territorial. Además, se advierten carencias en los recursos humanos para enfrentar este desafío de primer orden.
- FORTALECIMIENTO DEL PODER JUDICIAL: se observa una saludable reacción política para trabajar fuertemente en la amenaza que significa el narcotráfico. Uno de los principales aspectos positivos ha sido la creación de la Comisión Judicial contra la Lucha contra el Narcotráfico en el marco de la Corte Suprema de la Nación y del plan Argentina sin Narcotráfico. En cuanto a las oportunidades de mejora, cabe señalar la carencia de acciones de gobierno concretas que abarquen a los tres poderes del Estado y a todos los actores de la sociedad. A través de la coordinación de medidas dirigidas en un mismo sentido se vislumbrarán cambios efectivos en la problemática. > PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS: existe un sustancial cambio de paradigma respecto del gobierno anterior en este tema. Se destaca positivamente el desempeño de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Se implementó un sistema de prevención real y eficaz, depurador de la participación de terceros. Resta sancionar una Ley Penal Especial de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo superadora de la actual.
"Desde el OPRENAR sostenemos que es responsabilidad de todos los actores sociales evitar el avance del narcotráfico. El narcotráfico no puede avanzar sobre el Estado, ni convertirse en el primer empleador del país o un camino para asegurar la movilidad social. Para lograrlo es necesaria la implementación de políticas de Estado eficaces y duraderas para trabajar en el control de la oferta y la disminución de la demanda, defendiendo la cultura del esfuerzo y de la vida saludable", concluye el comunicado.
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