El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó este lunes el embargo del hotel Alto Calafate, de la familia Kirchner, en el marco de la causa que investiga el presunto pago de retornos por parte de contratistas de obra pública a la exfamilia presidencial a través del alquiler de habitaciones de este hotel de la provincia de Santa Cruz. Ahora el juez Julián Ercolini deberá definir si hace lugar al pedido.
Para justificar el requirimiento, Pollicita afirma que "se señalaron sólidos indicadores demostrativos de la intención" de la expresidente Cristina Fernández de "diluir el patrimonio que registraban en pos de que no pudiera ser tutelado por la justicia, y es justamente desde esa perspectiva, que consideramos indispensable que también se adopten idénticos recaudos procesales en relación a dichos establecimientos".
"La adopción del embargo preventivo se erige a la actualidad como la medida más adecuada para resguardar los valores que eventualmente pudieran ser decomisados, y en definitiva, para evitar que la resolución que eventualmente lo imponga se convierta en irrealizable, con la posible frustración de los derechos de las partes que ello traería aparejado", agregó Pollicita en el dictamen, de acuerdo a Clarín.com.
Pollicita también solicitó el embargo de los hoteles La Aldea y Las Dunas, que se suman a otras propiedades sobre los que el fiscal ya había requerido la incautación. Para el fiscal Pollicita, los hoteles se usaron en las maniobras de lavado de dinero sospechosas ya que la familia presidencial recibió por la explotación de esos emprendimientos cifras millonarias que provenían de empresas vinculadas a Lázaro Báez, a quien se favoreció con obra pública vial.
"Concretamente, y solo a modo de ejemplo, se ha logrado determinar a partir de las constancias documentales, que sólo entre los años 2008 y 2013, el hotel de los ex presidentes explotado por una de las firmas de BÁEZ —VALLE MITRE—, recibió ganancias de más de cuatro millones de dólares y doce millones de pesos, y todo ello, mientras que el nombrado de la mano de diversas empresas de su conglomerado societario recibía abultados contratos por múltiples licitaciones que le eran adjudicadas en esa provincia", señala el dictamen, según Infobae.com.
Los bienes cuyo embargo pide el fiscal fueron pasados de nombre de la ex presidente al de sus hijos cuando en 2016 comenzaron a avanzar con ímpetu las causas judiciales en las que se le dictó embargos a Cristina Fernández.
Pollicita pidió la indagatoria de la ex presidente en la causa en al que según su hipótesis hubo una organización que le otorgó obra pública vial a Báez y de allí se transfirió dinero a las máximas autoridades del país.
Así lo explicó en el pedido de ampliación del embargo: "Repasado ello, debe recordarse que dicha matriz de negocios, no se habría agotado en el favorecimiento a allegados en los términos descriptos, sino que también se habría caracterizado por una canalización de fondos de origen ilícito de parte de aquellos a favor de la propia familia presidencial, mediante la utilización de la actividad hotelera, un complejo entramado societario y una serie de operaciones inmobiliarias, y es en este punto, en el que Hotesur S.A., a través de su principal posesión, el hotel Alto Calafate, cobran marcada relevancia".
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