Katya Daura dirigió la Casa de Moneda hasta el 10 de diciembre de 2015. Llego allí de la mano del ex vicepresidente Amado Boudou, y está bajo investigación judicial por su actuación en el Caso Ciccone, por enriquecimiento ilícito y por una defraudación con la impresión de un libro que nunca salió a la luz.
Luego de dejar su cargo en la Casa de Moneda volvió al trabajo que tenía antes en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Cumple funciones cerca de su enorme casa en Pilar cuya seguridad fue eje de una investigación judicial en la que Daura fue procesada.
El juez Sebastián Ramos dictó hoy el procesamiento de Daura por el delito de peculado de servicio. Para el juez quedó comprobado que la ex presidente de la Casa de Moneda utilizó fondos públicos en un sistema de seguimiento satelital de sus autos y en la contratación de personal de seguridad para la vigilancia de su vivienda familiar.
Cuando declaró en indagatoria, Daura explicó que el refuerzo en las medidas de seguridad se debió a que por aquel entonces hubo algunos episodios vinculados con amigos de Boudou que encendieron las alarmas.
Recordó el secuestro que sufriera en 2012 la familia de Juan Zabaleta, hoy intendente de Hurlingham, y por entonces secretario administrativo del Senado cuando Boudou era vicepresidente. El delito por el que fue procesada Daura está contemplado en el artículo 261 del Código Penal que establece que "será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo. Será reprimido con la misma pena el funcionario que empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública".
La conducta de Daura encuadra en la segunda parte del artículo 261 del Código Penal. Para el juez Ramos quedó comprobado que Daura utilizó 7,9 millones de pesos de fondos públicos en su beneficio personal. Por eso le dictó un embargo de 10 millones de pesos.
Se demostró en la causa que desde marzo de 2012 a diciembre de 2015 y con fondos de la Casa de Moneda fue abonado el servicio de custodia diario de tres personas en su domicilio de Pilar -dos en horario diurno y otro nocturno-.
Al principio, tal como consta en la causa, gastó casi $300.000 que la Casa de Moneda le pagó a la empresa de seguridad privada CI5. Luego los custodios que le generaron confianza fueron empleados en relación de dependencia por la Casa de Moneda. También se sumó el sueldo de un chofer. El importe de los sueldos de los tres custodios y el chofer fue de $7.000.000.
Además de esos custodios, Daura tenía dos policías federales que la protegían y que cobraban servicios adicionales. Se comprobó además que Daura contrató un servicio de monitoreo satelital para dos autos privados y cuatro de la flota de la Casa de Moneda.
La instalación, desinstalación y monitoreo de los vehículos costó $96.000 y en el monitoreo de dos autos particulares se gastaron 26.000 pesos. El procesamiento de Ramos incluye asimismo a Héctor Desmarás, quien fue gerente de seguridad de la Casa de Moneda y de Mario Enrici, quien era gerente general. Para el juez, ellos junto a Daura realizaron la maniobra.
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