Según informó Sebastián Alanis, abogado de las familias desalojadas del ex Padelai, "ayer jueves (05/01), las familias concurrieron a la sede del Ministerio de Desarrollo Social, ubicado en la Avenida Entre Ríos y Pavón, a retirar los supuestos subsidios habitacionales y se les informó que no habría ningún tipo de pago a las familias del Padelai".
Por ende hoy volverán a reclamar a las autoridades dichos subsidios. Así se reactiva el conflicto que el pasado miércoles tomó relevancia por la orden de desalojo inmediato firmada por la jueza María Lorena Tula del Moral, a cargo del juzgado N° 13 en lo Penal, Contravencional y de Faltas, tras una denuncia realizada por el Gobierno porteño por usurpación.
Ante el operativo desplegado por efectivos de la Policía de la Ciudad (aún Metropolitana y Federal) hubo resistencia por parte de las familias y agrupaciones sociales y políticas. Finalmente, ante la promesa de los subsidios, decidieron retirarse en forma pacífica en la tarde del mismo miércoles.
Mientras tanto, el Gobierno porteño ya piensa en proyectos para el predio. Como parte de su iniciativa para descentralizar las sedes de organismos públicos, analizan mudar allí el Ministerio de Cultura, que hoy funciona en Avenida de Mayo 575. Sin embargo, todavía no hay precisiones respecto de este plan.
Lo que si es cierto es que, desde el miércoles, una cuadrilla de 30 personas pertenecientes a una cooperativa de reciclaje está a cargo de la pesada tarea de remover todos los objetos que dejaron atrás las familias que allí vivían.
La lista de elementos con la que deben lidiar es amplia y variada: lavabos y heladeras, antenas satelitales y osos de peluche. Grandes o pequeños, su destino es el mismo: los rellenos sanitarios de la Ceamse, tarea que llevará al menos una semana más.
Continúa un conflicto que tiene décadas. En 1978 se expropió el inmueble que hasta ese año perteneció al Patronato de la Infancia y en 1984, el edificio comenzó a ser usurpado progresivamente hasta 2003, cuando fueron desalojados violentamente por el entonces jefe de la Ciudad, Aníbal Ibarra.
En 2009, el Gobierno de la Ciudad le cedió el uso gratuito por 30 años a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo de España (AECID). A cambio, debían recuperarlo e instalar un centro cultural, pero el proyecto quedó trunco.
El 6 de mayo de 2012, atento a un acuerdo celebrado entre las familias y las autoridades españolas, y considerando que el inmueble se encuentra inscripto en el Registro de Propiedad Inmueble, a nombre de las familias volvió a ser ocupado tras un acampe de 9 meses en la vereda.
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