La Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia expresó este viernes (6/1) que la intención del Gobierno nacional de impulsar una reforma legislativa tendiente a la baja de la punibilidad de 16 a 14 años, “no se corresponde” con el pedido de Emergencia Nacional en Adicciones “Ni un pibe menos por la droga” que hizo ese organismo eclesiástico el pasado 6 de noviembre de 2016 y que fue asumido como tal por el Gobierno Nacional a través del decreto presidencial 1249/2016 del 12 de diciembre de 2016.
“Se reaviva así un debate sobre el límite establecido legalmente, por debajo del cual el Estado no puede aplicar una pena. Dicho debate no debe rechazarse a los fines de adecuar la legislación penal juvenil, pero necesariamente debe incluir otras perspectivas sociales y jurídicas”, reclamó en un comunicado que reproduce hoy la Agencia Informativa Católica Argentina.
“No puede centrarse solamente en la persecución estatal -a través del derecho penal- de los adolescentes en conflicto con la ley penal, sino en cómo cumplir con toda la normativa internacional, nacional y provincial que garantizan derechos a todas las niñas, niños y adolescentes, sean infractores o no a la ley penal”, advirtió.
La Comisión, que coordina el presbítero José María “Pepe” Di Paola, consideró que no parece “razonable que en un año electoral, y que para dar respuesta estatal a hechos delictivos de trascendencia mediática, baste reducir la edad de punibilidad de los chicos y aumentar las penas para determinados delitos, sin garantizar el cumplimiento por parte del Estado Nacional, de las provincias, de la Ciudad de Buenos Aire s, y de los municipios, del sistema de protección integral de derechos de la niñez, sobre todo en materia de derechos económicos, sociales y culturales (alimentación, salud, educación, vivienda, familia, entre otros)”.
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