CIUDAD DE BUENOS AIRES. El Gobierno de la Ciudad envió a la Legislatura el detalle de la ejecución presupuestaria del primer trimestre de 2017. Allí, se informa que el presupuesto asignado a la Dirección de Mujer fue reducido en más de $10 millones, lo que representa una reducción del 7% en lo que va del año.
Efectivamente, el presupuesto sancionado para esta Dirección para el año en curso era de $140.364.534, pero actualmente muestra un valor vigente de $130.444.441, lo que significa una reducción de casi $10 millones.
Hay que recordar que las trabajadoras de dicha Dirección realizaron un fuerte reclamo el año pasado para pedir más presupuesto que les permita llevar adelante con eficiencia los programas y tareas que de ellas dependen.
Denunciaban la falta de presupuesto para hacer frente a problemas de infraestructura y mantenimiento, la falta de equipos interdisciplinarios para abordar las problemáticas complejas con las que se trabaja, la carencia de personal y de difusión de los servicios y programas que se prestan.
Lo evidente es que, hasta el momento, desde el oficialismo hubo caso omiso a los reclamos. Cabe destacar que, entre otras cosas, la Dirección tiene a cargo los CIM (Centros Integrales de la Mujer) y sus principales actividades son las de promoción, prevención y asistencia a víctimas de violencia de género, violación, trata, abuso, maltrato infanto-juvenil y salud mental para mujeres.
No será un tema menor a atender para el Gobierno porteño, por la sensibilidad social que implica. Otro tema a tener en cuenta para el Ejecutivo de la Ciudad son las personas en situación de calle o "homeless" y una norma que la administración de Horacio Rodríguez Larreta estaría pasando por alto.
En 11/04, se efectuó el relevamiento anual oficial, el cual se realizó sólo en un día y con 47 móviles. Se contabilizaron, según datos del Gobierno, cerca de 1.000 homeless, La cifra resulta similar a las que se venían anunciando en los últimos años, pero generó desconfianza en la oposición.
La cifra subió respecto al año pasado, cuando se registraron 876 personas, una cifra irrisoria para algunas fracciones de la oposición. Por eso, la diputada nacional de Libres del Sur, Victoria Donda; y la integrante del Consejo Económico y Social, Laura Velasco, presentaron un amparo judicial al que la jueza Elena Liberatori dio buen curso, y que recomendaba al Ejecutivo realizar censos enmarcados en la Ley 3.706 de protección a las personas en situación de calle.
Entre otras cosas, esa norma, que fue reglamentada en 2013, contempla no sólo a las personas que efectivamente viven en la calle, sino también a aquellos que están en riesgo de caer en esa situación. Es decir, individuos que padecen sentencias de desalojo o quienes “habitan en estructuras temporales o asentamientos sin acceso a servicios y en condiciones de hacinamiento”.
Sin embargo, desde la oposición apuntan a que en las mediciones publicadas por Buenos Aires Presente (BAP), área que depende del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat y que comanda Maximiliano Corach, dejan al margen de las estadísticas a quienes residen en hoteles, reciben subsidios o dan uso a los casi 40 paradores que la Ciudad tiene a disposición.
Para desmentir las cifras oficiales de "homeless", unos 50 organismos y organizaciones sociales, políticas, culturales, estudiantiles y académicas, con apoyo del Ministerio Público de la Defensa, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y la Auditoría General porteña realizaron su propio censo en las primeras semanas de mayo.
Al menos unos 500 voluntarios se capacitaron y salieron a las calles para efectuar el relevamiento, que incluyó cuestionarios para conocer en detalle cuáles son los derechos vulnerados de las personas sin hogar.
Los números de este relevamiento aún no están listos, pero afirman que podrían cuadruplicar las cifras oficiales. Según el último informe de la Dirección de Estadísticas y Censos porteña, para el 4to. trimestre de 2016, la pobreza en la Ciudad alcanzó el 18,9%.
En un distrito que tiene 3.059.000 habitantes, representa a un total de 578.000 personas pobres. El estudio también señala que hay otras 542.000 personas que pertenecen a los sectores “no pobres vulnerables” y a la “clase media frágil”.
Los que están en situación de indigencia alcanzaron el 5% de la población y 3,4% de los hogares. Para marzo último, el umbral de ingreso para no caer ese estado llegó $7.260.
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