ECONOMÍA / RUTAS
El Gobierno de Mauricio Macri terminó su gira por Asia donde el presidente hizo repetidos llamados a los inversores para que inviertan en la Argentina. Se trata de un reclamo repetido allí donde vaya.
Pero ya explicamos en Urgente24 que las inversiones no se piden, depende de las condiciones y las seguridades que otorgan los países para hacer negocios. En ese contexto, apenas llegue al país, Macri se enfrentará a esta realidad: tendrá que prorrogar las concesiones viales por falta de interés en el sector privado.
En ese contexto, el ministro de Transporte Guillermo Dietrich firmará la "emergencia técnica", que se aplicará a los corredores viales argentinos por un año. Hasta entonces pretende tener terminado el nuevo esquema para la explotación de las rutas.
Según da cuenta el diario La Nación este lunes (22/5) ya no hay contratos a largo plazo en las rutas nacionales que integran los poco más de 9000 kilómetros que forman la red de peajes en el interior del país.
Los contratos vencieron en abril de 2016. Entonces, los funcionarios, con pocos meses en el poder, decidieron extender aquella prestación un año más. El plan era avanzar en un esquema distinto del actual -caracterizado por una enorme dependencia de los subsidios públicos- y que atrajera inversión privada.
Sin embargo, el tiempo pasó y no hubo manera de que ese paquete de rutas fuera atractivo. Entonces se decidió otra prórroga más, que vencerá en 2018.
En Vialidad Nacional reconocen que no se llegó a tiempo y que por eso la necesidad de la "emergencia técnica".
Hubo reuniones con empresas constructoras, con otras de tecnología y con el gremio de los empleados de peaje.
Todos reconocen que el sistema actual fracasó.
Ahora bien: en la Argentina de los cambios regulatorios constantes, es prácticamente imposible pensar en contratos de concesiones típicos que tengan duración por varias décadas. Nadie está dispuesto a que se le transfiera el riesgo, destaca el matutino.
Las empresas no tienen certezas sobre eventuales aumentos, ya que temen que sean frenados por los amparos. Además, la inversión que hay en las rutas corre prácticamente por cuenta del Estado y no hay jugadores privados.
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