 |
| Sergio Brodsky, responsable de la Inspección General de Justicia |
(U24) - El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Sergio Brodsky, detalló hoy que la empresa brasileña Odebrecht "se inscribió con un capital de 50 mil pesos" en la Argentina, y anunció que solicitará a esa firma la "ampliación" del balance 2014 para su correspondiente "fiscalización".
Brodsky formuló estas declaraciones luego de que el organismo que conduce intimó el viernes pasado a Odebrecht Argentina SA que presente los balances de 2015 y 2016 adeudados.
"Estamos intimando a la empresa por los balances 2015 y 2016, los demás están presentados. Estos balances son de la empresa argentina", indicó el funcionario. Durante un reportaje en radio 'Continental',
Brodsky precisó que "la empresa argentina tiene presentado balances hasta el 2014, que fue aprobado en su momento". "Dispuse que el Departamento Contable de la IGJ lo revisara nuevamente y ahí se advierte que no hay ninguna explicación respecto a la actividad objeto de la sociedad que es la construcción, por lo cual firmé una resolución ampliando la fiscalización de esta sociedad", manifestó Brodsky.
"Vamos a hacer una fiscalización permanente pidiendo documentación y explicaciones sobre la empresa argentina", añadió el funcionario, que además reveló que la firma "se inscribió con un capital de 50 mil pesos" en el país.
Brodsky confirmó también que el lunes pasado el organismo que conduce se presentó ante el juez federal Sebastián Casanello, quien le solicitó toda la documentación referida a Odebrecht, por lo cual recalcó que se le "remitirá" al magistrado la información. Ayer se conoció que un grupo de fiscales, que investiga las causas por presunta corrupción de la multinacional Odebrecht y el supuesto pago de coimas para favorecerse con obra pública en la Argentina, evalúa viajar a Brasil para obtener allí información relevante para sus expedientes.
La invitación fue cursada por el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, en respuesta a una suerte de acuerdo con el Viceprocurador General de Brasil, José Bonifacio Borges de Andrada.
Según explicaron fuentes de la IGJ a 'El Cronista', Odebrecht Argentina es una sociedad inscripta que cuenta con un capital de apenas "$ 50.000", lo que deja a la oficina pública con una fiscalización acotada, ya que la ley prevé que puede hacerlo con sociedades que tengan un capital superior a los $10 millones.
"Pero como la norma que prevé esto también establece que se puede investigar a las que se dediquen a la obra pública y, como es de público conocimiento esta empresa lo hace, está dentro de nuestras facultades extender nuestro accionar, por eso en las próximas horas saldrá la norma que nos habilite", agregaron desde la oficina pública. La empresa brasileña que aseguró haber pagado coimas para acceder a obras públicas lo hizo en todos los casos mediante la figura de Unión Transitoria de Empresas (UTE).
"También vamos a analizar los balances de todas las UTE en las que participa para ver en qué situación se encuentran", explicaron desde la IGJ.
Las UTE a analizar son las que conformó con Iecsa, la italiana Ghella y la española Comsa para el soterramiento del Sarmiento; Proyecto potasio Río Colorado con Techint y la La Ampliación de los Gasoductos Libertador General San Martín y Neuba II, donde conformó una UTE con la empresa Roggio.
En ese marco, detalló además que la constructora brasileña opera en el país con dos estructuras paralelas, una de ellas Odebrecht Argentina y, la otra, sucursal de la casa matriz. En relación al legajo correspondiente a la sucursal argentina de Odebrecht brasileña, Brodsky señaló que "en principio, estaría en regla", aunque detalló que "el balance de 2015 está en estudio y aún no fue aprobado a raíz de salvedades planteadas por los auditores en función de las cuales se podría realizar un pedido de aclaración" a la compañía.
Esta mañana también habló el ministro de Justicia, Germán Garavano, quien dijo que "es un escándalo que no se sepa quiénes cobraron esos 35 millones de dólares (de coima)". En diálogo con radio 'La Red', Garavano dijo que "el Gobierno tiene un interés especial" en que se conozcan los detalles de los sobornos.
"Ellos (Odebrecht) manifiestan que lo que hay son declaraciones de arrepentidos en Brasil y documentación sobre transferencias de cuentas, que eso no está sistematizado en una lista", sostuvo.
"Como en Brasil se investigó sobre los hechos de Brasil y no tanto de la Argentina, en principio no habría (una lista), hay que construir la prueba en base a estos testimonios", agregó. La empresa brasileña le expresó a la gestión de Mauricio Macri que está dispuesta a entregar datos detallados de los sobornos y a pagar una multa de US$ 35 millones, el equivalente a las coimas reconocidas hasta ahora.
A cambio pidió no ser perseguida por la Justicia y seguir trabajando en el país, tanto en las obras en marcha como en posibles licitaciones futuras. La compañía hizo su primera propuesta la semana última y el Poder Ejecutivo elaboró una contraoferta, pero, por ahora, las partes no logran coincidir en sus pretensiones.
"La pelota está del lado de Odebrecht. Con esta reunión vamos a conocer si quieren o no quieren acordar con nosotros", dijo un alto funcionario del Gobierno sobre el encuentro previsto para hoy.
Según el diario 'La Nación', la reunión fue agendada para las primeras horas de la mañana en el Ministerio de Justicia, horas antes de que Garavano inicie un viaje a Estados Unidos. Se espera que el ministro haga una contrapropuesta que elaboró en las últimas horas junto con el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías.
Además del tironeo con Odebrecht, el Gobierno mantiene una puja con la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, señalada como la primera receptora de la información del Lava Jato que podría llegar desde Brasil a partir de mañana.
En rigor, los destinatarios finales de la información son los fiscales que instruyen causas contra Odebrecht (y que viajarán el viernes al país vecino para avanzar en la colaboración).
El Poder Ejecutivo muestra recelo ante la posibilidad de que la jefa de los fiscales tenga el monopolio de la información, que podría salpicar tanto al kirchnerismo como al macrismo.
"Insistimos en el acuerdo con Odebrecht porque es una manera de no depender de nadie para tener información de primera mano", indicaba ayer un vocero oficial.
No hay comentarios:
Publicar un comentario