A la "reacción furibunda", tal como la describió el sitio 'infoCatólica', de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo contra la propuesta de reconciliación de la Iglesia, siguió un fallo mucho menos alentador para las organizaciones de Derechos Humanos.
Sucede que mientras la presidenta de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, calificaba como "disparate" la idea planteada por la Conferencia Episcopal Argentina sobre la reconciliación entre familiares de desaparecidos y militares, y Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, que siempre se diferenció de las posiciones de Hebe de Bonafini y se mantuvo distante del kirchnerismo, se manifestaba en el mismo sentido, y ambas reclamaban en cambio Justicia, la misma llegó pero no de la mejor manera...
"UN FALLO PRO GENOCIDAS" tituló su tapa esta mañana el diario 'Página/12' que da cuenta del enojo que provocó la reducción de la condena del militar Luis Muiña, bajo el amparo legal del denominado régimen 2×1, en los organismos de Derechos Humanos: "La Corte Suprema se sumó al cambio de paradigma impulsado por el Gobierno y aplicó la “ley del 2x1”, derogada en 2001, para reducir la pena de un condenado por crímenes de lesa humanidad.
Los organismos de Derechos Humanos consideran que “el fallo abre la puerta para la impunidad de los genocidas”." "(...) el fallo es, sin dudas, la confirmación de un cambio de paradigma judicial y político frente a los crímenes del Terrorismo de Estado, del cual los supremos venían dando algunos indicios en decisiones previas.
Los organismos de derechos humanos y sus referentes hicieron sentir ayer mismo su rechazo a la sentencia que, anticipan, traerá una fila de reclamos de otros represores que intentarán recuperar la libertad con el mismo argumento.
El Gobierno, en cambio, con el ademán de no hacer ninguna crítica aún frente a los pedidos de opinión, le estaba dando la bienvenida", se lee en la nota de Irina Hauser.
Pues, obligado por la Corte Suprema a meterse en un asunto que pensaba mirar de costado el Gobierno por su incapacidad política para batallar contra esa también pesada herencia K, el ministro de Justicia Germán Garavano salió a declarar: "No parece justo que se aplique la ley 2x1 para ninguna condena" y afirmó que se trata del "peor engendro en política criminal del país".
"Seguimos pagando la consecuencias de una legislación desastrosa", advirtió el funcionario nacional. Lo dijo en diálogo con radio 'La Red', aunque señaló también que, como ministro, su rol es "cumplir" los fallos del máximo órgano de justicia, "no criticarlos o alabarlos".
"En todos los casos hemos tratado de ser muy cuidadosos. Es una Corte independiente, que funciona libremente y que está funcionando", remarcó.
Antes, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, pidió "ser respetuosos" del fallo y aseguró que acata "lo que dijo la Corte Suprema de Justicia". "Siempre sostuve que los derechos humanos son para todos por igual, y, si los integrantes del tribunal consideraron que el marco legal permitía eso, tenemos que respetarlo", dijo. Si bien pidió "más tiempo" para analizar los alcances del caso, Avruj aseveró que "el gobierno sostiene la independencia de la Justicia", y que, por ese motivo, debía "acatar el fallo" del máximo tribunal porque "por sobre todos está el marco regulatorio de la ley".
"Permanentemente estoy condenando lo que fue el proceso sistemático de desaparición, tortura y muerte" de los años de la dictadura, consideró, pero aclaró que tampoco podía "juzgar" de acuerdo a su "propio criterio y mover la ley", porque estaría haciendo "lo mismo que hicieron los militares".
Con moderada satisfacción recibieron en el ámbito militar, principalmente entre los retirados, el fallo de la Corte. Según publica el diario 'La Nación', se estima que unos 750 militares y policías están presos sin condena firme, lo que los habilitaría para pedir el beneficio del 2x1 y el acceso a la libertad condicional, una vez cumplidos los dos tercios de la pena impuesta.
"Más allá de todo tecnicismo procesal, el impacto principal es político, porque el fallo de la Corte muestra una apertura que podría cambiar la tendencia que predominó en la Justicia durante los doce años del gobierno kirchnerista", declaró una fuente cercana a las entidades que acompañan el reclamo de los militares detenidos.
"Al igual que con el reciente fallo que autorizó la prisión domiciliaria a los mayores de 70 años, los tribunales inferiores comenzarán a aplicar los nuevos criterios", pronosticó la fuente del mencionado matutino.
En otro escenario hubiera sido impensada la prisión domiciliaria otorgada hace una semana al ex comisario y represor Miguel Etchecolatz, quien sin embargo sigue detenido por otras causas.
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