La procuradora general, Alejandra Gils Carbó, aseguró que en caso de que Mauricio Macri la destituya por decreto, se quedará trabajando en su oficina: "no lo puedo aceptar, es inconstitucional", aseguró.
En el mismo sentido contestó la jefa de los fiscales cuando le consultaron sobre la posibilidad de ser citada a indagatoria en una causa judicial que investiga la sospechosa compra de un edificio en la calle Perón, donde hoy funciona la Procuración General de la Nación.
"La única manera de destituir a la procuradora es con las mayorías parlamentarias. No sería la primera vez que me citen a una indagatoria. No puedo desatender el rol que me impone la Constitución ante las presiones que se ejercen sobre la Justicia y ante el anuncio de que quieren poner a alguien de confianza del Gobierno", aseguró Gils Carbó en diálogo con Reynald o Sietecase en radio Con Vos.
Gils Carbó se refirió así a las versiones que indican que, tras varios intentos fallidos, Macri estaría preparando un decreto para removerla de su cargo en caso de que el juez Julián Ercolini decide procesarla por irregularidades en la millonaria compra de un inmueble, y atribuyó este trascendido a la "presión" que ejerce el Poder Ejecutivo Nacional para que abandone su oficina.
Rechazó, además, los dichos del ministro de Justicia, Germán Garavano, quien aseguró que le había pedido la renuncia en una reunión privada. "No es cierto, es parte de lo que se está creando para que el falso rumor pase a ser noticia", analizó.
Sin embargo, anticipó que en caso de que efectivamente salga el decreto presidencial, "haría acciones judiciales" y "habría una muy fuerte reacción de los organismos institucionales". Además, explicó: "No puedo acatar un acto de esa invalidez porque expondría a los fiscales de que también fueran destituidos por decreto y por qué no los ministros de la Corte, si las leyes nos asimilan en todos nuestros regímenes".
Sobre su participación en Justicia Legítima, Gils Carbó admitió ser "miembro de la Comisión Directiva" pero aclaró que son "un grupo de magistrados progresistas en el ámbito de la justicia" que "no tiene afiliación partidaria, como se ha querido hacer creer".
"No tengo vinculación política con el kirchnerismo. Fui examinada durante seis horas por los senadores que votaron en un 93% mi designación. Encontraron garantías de independencia", se defendió.
Asimismo, la procuradora comparó su situación con su par en Venezuela, Luisa Ortega: "Maduro está pretendiendo destituirla por un modo contrario a la Constitución, que prevé la participación de la Asamblea Nacional. Lo mismo que me pasa a mí, que están procurando armar una mess scene (puesta en escena) para justificar una destitución por decreto. ¿Por qué la quiere destituir Maduro a Ortega? Por cumplir su rol constitucional. Ha denunciado violaciones a derechos humanos".
"No soy militante de ningún partido, siento rechazo y desilusión cuando algún periodista me llama la enemiga del Gobierno. Es algo que se pretende instalar. No soy enemiga ni opositora, tengo que cumplir un rol que establece la Constitución que es defender los derechos de las personas y la Constitución", sentenció.
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