(U24) - Sugestivamente, en el armado mismo del Presupuesto 2018, cuyo proyecto si no hubiera elecciones tan abstractas como sanguinarias como estas de medio término ya tendría que estar rumbo a las comisiones parlamentarias, una de las primeras definiciones para cubrir el déficit fiscal sería llevar el stock de deuda hasta 32% del PBI a fin de cubrir el rojo del 3,2% del PBI estimado el año que viene y de 2,2% en 2019.
El diario El Cronista Comercial anticipó que el programa financiero previsto será similar al de 2017, con vencimientos de capital refinanciados, para cubrir el desequilibrio primario más intereses.
A tal efecto, el Gobierno avanza con sus estimaciones financieras para saber cuánta deuda tendrá que salir a colocar en el mercado el año próximo, si bien todavía resta cerrar el programa del 2017.
De la otra parte, la cuasifiscal, que no es un tema para nada menor porque duplica el déficit, deberá ocuparse el Banco Central dentro del programa monetario, siempre que la tasa de interés no sea el inocuo antídoto contra la inflación utilizado este año, según dijo el ex presidente de la entidad, Martín Redrado.
En esta extraña campaña electoral, ni el oficialismo ni la oposición han tenido vocación de debatir en serio el nivel de endeudamiento, quizá porque tanto a la Casa Rosada cuanto a los gobernadores les conviene que sea una salida del paso a la mano ante la falta de definiciones en materia de administración de la cosa pública.
Y si bien comunicadores de la economía como Pablo Wende afirman, con total lógica, que primero hay que definir cuánto y en qué se gastará para luego ver de dónde saldrán los recursos a financiar, no es menos razonable, en un ciclo de varios años que fue del estancamiento a la recesión, determinar cómo se implementan los tiempos del traspaso de lo que se cubre con el erario público al privado.
Cómo se trasvasa, y en qué proporciones, inversión pública a privada, empleo público a privado, subsidios económicos a tarifas y los sociales a trabajo productivo. Ponerle el lápiz rojo al gasto público implica, para quien gobierna, asumir que deja a alguien en la calle hasta que se consiga reubicarlo y sin que aparezca alguna señal clara en el horizonte de que se abrirán nuevas oportunidades.
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