Dora Ortíz, quien inició un proceso judicial con un amparo en julio 2017, luego apoyado y extendido a nivel nacional por el precandidato a senador nacional Sergio Massa y el precandidato a diputado nacional Daniel Arroyo, es el símbolo de unas 70 mil familias afectadas que todavía esperan por la recomposición del beneficio.
El frente 1País presentó hace más de un mes su apoyo extrajudicial, en los términos del artículo 43 del Código Civil y Comercial de la Nación, al amparo colectivo contra la quita de los subsidios.
La UFISES (Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social) había dictaminado que correspondía una medida cautelar que finalmente otorgó la Justicia -en su fallo (38976/2017) del 07/07- resolvió:
"Hacer lugar a la medida de no innovar para que dentro de ocho días arbitre las medidas necesarias tendientes a restablecer su pensión no contributiva y la de todos aquellos beneficiarios afectados por la suspensión, que residan dentro del límite territorial de la jurisdicción antes precisada, así como el restablecimiento y pago de las prestaciones de salud, hasta tanto que el juez competente se expida sobre el alcance y vigencia de la medida aquí dispuesta (art. 2, último párrafo de la Ley Nacional 26.854)".
El Gobierno Nacional decidió apelar ese fallo. Pero la Justicia desestimó la apelación del Gobierno Nacional y el Ministerio de Desarrollo Social tuvo que restablecer la pensión que cobraba Dora, por su hijo con discapacidad de 43.
Desde el frente 1País celebraron la resolución y, al respecto, el primer precandidato a senador nacional, Sergio Massa, expresó: "El Gobierno hizo promesas que no cumplió, y castigó a los que menos tienen. Pasó con los jubilados, con los trabajadores, con las Pymes y también con las personas con discapacidad".
Malena Galmarini, referente en Políticas Sociales y de Género del frente 1País, sostuvo: "Espero que también recapaciten sobre su forma de gobernar y, en lugar de cortar todo de una perjudicando a millones de argentinos, analicen cada situación; sea con los jubilados, las personas con discapacidad, las tarifas o los impuestos.".
Daniel Arroyo, ex viceministro de Desarrollo Social de la Nación, indicó: "Que el Gobierno haya apelado nuestro amparo para frenar la quita de las pensiones demuestra una gran insensibilidad social y un escaso entendimiento de lo que pasa en la calle y de lo que sufren las familias que tienen integrantes con discapacidad. Es caro en la Argentina tener una discapacidad; por eso, el beneficio como el acceso a los servicios de salud son vitales".
Claudio Espósito, referente en Discapacidad de 1País, reflexionó: "Hoy le depositaron a Dora Ortiz todo un año de pensión, lo que ratifica como viene siendo el manejo por parte del Ministerio. Estamos hablando de tratamientos, medicamentos, que son indispensables para que personas con discapacidad y sus familias puedan vivir mejor. Eso debería, cuanto menos, llevar al Gobierno a dejar a un lado la insensibilidad y comprender la situación".
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