SOCIEDAD / RESUMEN DE NOTICIAS
CIUDAD DE BUENOS AIRES. El Fiscal de Cámara, Martin Lapadú (tan parcial en sus investigaciones acerca de Uber), a cargo de Investigaciones Complejas de la Unidad Fiscal Oeste, condenó a 6 de las principales asociaciones de taxistas de la Ciudad (entre las que no está el Sindicato de Peones de Taxi que dirige Omar Viviani) a abonar $75.000 por obstruir la circulación del tránsito durante diversas protestas contra el servicio de transporte Uber.
Los taxistas fueron patoteros, agresores, violentos... y los terminan condenando apenas por interrumpir el paso a otros automovilistas. En fin... es Lapadú.
Por medio de juicios abreviados, el Fiscal de Cámara Lapadú acordó condenar a estas asociaciones de taxistas y los responsabilizó por la forzada interrupción y desvío de otros servicios de transporte público, como consecuencia de los cortes.
Desde el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad informaron que estas protestas fueron realizadas en la primera mitad del año pasado, y "afectaron en horas pico dos intersecciones de circulación masiva de la Ciudad de Buenos Aires, como las de las avenidas 9 de Julio y Corrientes; y Callao y Santa Fe".
Las entidades sancionadas son Unión de Propietarios de Automóviles con Taxímetro (UPAT); Cámara Empresaria del Autotaxi (CAMETAX); Asociación Taxistas de Capital (ATC); Unión de Propietarios y Mandatarios de la República Argentina (UPYMRA); Sociedad de Propietarios de Automóviles con taxímetro (SPAT) y Federación Nacional de Conductores (FNCT).
Por orden del Fiscal al Centro de Monitoreo Urbano de la CABA, se individualizó las asociaciones que encabezaban la protesta, y se les imputaron ilícitos por afectar el funcionamiento de servicios públicos intencionalmente y por obstrucción de la vía pública infringiendo los artículos 69 y 78 del Código Contravencional, respectivamente.
Quien no fue alcanzado por la multa es el líder del Sindicato de Peones de Taxi, Omar Viviani, pese a que fue uno de los principales detractores de Uber y convocante de marchas en Buenos Aires, en sintonía con el Gobierno porteño al acusar a la empresa de transporte privado de brindar un servicio ilegal.
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