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| El intendente Aníbal Regueiro es uno de los principales acusados |
Por Andrés Klipphan
(Infobae) - Una nueva sospecha de corrupción sacude al Conurbano Bonaerense. Esta vez, la lupa de la justicia se posó sobre el municipio de Presidente Perón. Los investigados son el intendente Aníbal Regueiro, del FPV –en uso de licencia-, varios de sus funcionarios; y la empresa constructora Mako S.A.
Uno de los ex presidentes de esta sociedad está salpicado por el escándalo de Odebrecht, la mega constructora brasileña que ya admitió el pago de sobornos en la Argentina para acceder a obras públicas.
El fiscal federal Franco Picardi cree que el presupuesto aprobado para la construcción de la Planta de Tratamiento de efluentes cloacales de la localidad de Guernica y que aún no fue inaugurada, tuvo "una sobrefacturación de 28.846.599 pesos" y que de esa manera se "enriqueció el Municipio", los dueños de la sociedad comercial, y se "perjudicaron los contribuyentes".
El monto inicial de la obra "para su puesta en marcha era de 46.895.589 pesos", un presupuesto, según se lee en el dictamen fiscal que "fue avalado por el municipio". Sin embargo, una auditoría realizada por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENHOSA), y que hace tres meses se trasformó en la denuncia penal que hoy impulsa el titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5, asegura que el emprendimiento se sobrevaloró más del 40% y un pago en exceso de casi 29 millones de pesos".
En su pedido de imputación para el intendente Regueiro -en uso de licencia ya que asumió una banca en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires-; los funcionarios que lo acompañaron en la firma del contrato; y de los responsables de Mako S.A, los encargados de llevar adelante el proyecto, Picardi describe la maniobra de sobrefacturación como "ilegal".
En los documentos que obran en la causa se encuentra el contrato firmado por "el Municipio de Presidente Perón y el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento en 2013".
Allí se describe que se trataba de "un Convenio Único de Colaboración y Transferencia para la construcción de la Planta de Tratamiento de efluentes, que comenzó en noviembre de ese mismo año, en el marco del Programa de Asistencia en Áreas con Riesgo Sanitario (PROARSA)".
De acuerdo a la presentación del Ente ante la fiscalía, la Municipalidad de Presidente Perón a sabiendas habría certificado y avalado la sobrefacturación de la obra ante el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento que estaba a cargo de la financiación.
En la página web oficial de la municipalidad se aseguraba que la obra de saneamiento beneficiaría a unos 20.000 habitantes. Claro está, nada se decía de la sobrefacturación endilgada por el fiscal del caso quien entiende que, a través de esa maniobra irregular, "se habrían perjudicado a las arcas estatales y a los usuarios de las obras".
La denuncia del ENHOSA sostiene además "que existirían diferencias entre el avance físico que se asentó en los certificados de avance de obra -soporte a partir del cual se justifican y realizan los pagos- y lo constatado durante una inspección".
Además "habría faltantes en la ejecución de la obra civil, de la instalación de los equipamientos, en la caminería interna del predio, luminarias y cañerías de interconexión entre los sistemas de tratamiento".
El informe oficial, al que accedió Infobae menciona que la "metodología de certificación de determinados ítems no se condice con la estipulada en los pliegos respectivos y que admitió, por ejemplo, la certificación de la instalación de equipos cuando esta no se había realizado o la de adquisiciones que no habían tenido lugar".
"Esas circunstancias –asegura el fiscal- implicarían una sobre certificación del orden del 41%, lo que representaría un pago en exceso que alcanzaría los 28.846.599 pesos. Esa supuesta erogación habría perjudicado a las arcas estatales y a los usuarios de las obras produciéndose el enriquecimiento ilícito del Municipio y de la sociedad mencionada", es decir de Mako S.A. y de sus accionistas.
Entre los años 2005 y 2006, Raúl Biancuzzo fue presidente de Mako S.A. Es el mismo empresario acusado de recibir 7,6 millones de dólares en sobornos por parte de Odebrecht durante su paso por el directorio de AySA para beneficiar a la constructora brasileña en un contrato de obra pública.
Pero esa es otra historia que ya investiga el juez federal Sebastián Casanello, y cuyas ramificaciones pueden llegar hasta el ex ministro de Planificación Federal del gobierno de Cristina Kirchner, el actual diputado nacional Julio De Vido.
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