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| La ministra Stanley con referentes de las organizaciones sociales (Foto: Perfil) |
Las organizaciones sociales y el Gobierno nacional llegaron este jueves (7/9) a un acuerdo para la ejecución del presupuesto de la ley de Emergencia Social y así se desactivó una serie de protestas con las que habían amenazado los movimientos y que incluían marcha frente a los supermercados, movilizaciones con cortes de calles e instalación de ollas populares junto con otras acciones “solidarias”.
Este mañana,por ayer, (8/9), el coordinador de la organización Barrios de Pie, Daniel Menéndez destacó el acuerdo con el Gobierno para la "plena implementación" de la Ley de Emergencia Social y agregó que "no había margen para recortar en este sector".
Para el gobierno, aplacar a los movimientos sociales –alguno de los cuales apelan a la figura del Papa Francisco para presionar- es caro.
Desembolsará en total unos $10.000 millones durante tres años más la entrega de un bono por un valor cercano a los $4500.
Ayer, durante el encuentro en el Ministerio de Desarrollo Social asistieron representantes de la Barrios de Pie, Corriente Clasista y Combativa, Movimiento de Trabajadores Excluidos, CTEP, Movimiento Evita y Barrios de Pie.
Fueron recibidos por la ministra Carolina Stanley quien se comprometió a ejecutar lo presupuestado en la Ley de Emergencia Social que los movimientos lograron que se apruebe el año pasado en el Congreso de la Nación después de varias marchas. Menéndez, al salir de la reunión con Stanley y el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, destacó que "nos alegra que los ministros hayan reflexionado en torno a la necesidad de no darle la espalda a esta ley que representa una gran ayuda para los que menos tienen".
Según el líder de Barrios de Pie, hay "150 mil familias afectadas". "Hay una proyección de agosto de 3 mil millones de pesos y hay 7 mil millones de pesos que no se van a ejecutar este año. Para nosotros, es muy difícil de entender", subrayó el dirigente social en declaraciones Cadena 3 el lunes pasado.
"Es muy complicado que un presupuesto votado no se ejecute por una mirada de recorte. otros lugares para ahorrar", añadió. Los movimientos sociales habían amenazado con varias protestas por el rechazo por parte del Gobierno a aumentar la cantidad de salarios sociales complementarios (100 mil trabajadores precarizados cobran $ 4.430 por mes). El viernes 1/9 desde el ministerio de Stanley comentaron que “surgieron diferencias sobre tiempos y modos de implementación” de la Ley de Emergencia.
Esa “diferencia” se traduce en 5 mil millones de pesos. Según la ley, el Estado iba a otorgar entre 25 y 30 mil millones de pesos, a lo largo de tres años y en forma de salario complementario (la mitad del mínimo), a trabajadores de la economía popular. Así, se suponía que el Gobierno iba a destinar $ 10 mil millones en 2017.
Pero, tras algunas demoras, sólo incluyó a 100 mil trabajadores a partir de julio: proyectando esa inversión, las organizaciones calculan que el oficialismo habrá invertido alrededor de 3 mil millones. O sea, una subejecución del 70%.
La versión de la Administración Macri fue que incluye en el presupuesto un paquete de planes, preexistentes a la ley, otorgados por el Ministerio de Trabajo. Y así estima una ejecución de más del 80%.
Esas diferencias dispararon la decisión de las organizaciones de llamar a una jornada de protestas que terminaron con el acuerdo de ayer.
Al término del encuentro en el que se acordó la ejecución del presupuesto, Stanley calificó como “muy positiva” la reunión y señaló que en el cónclave “se pudo encauzar el diálogo con un compromiso firme y fuerte del gobierno de hacer toda la inversión y todo lo que está comprometido en la ley de emergencia social”, y dijo que hay que “reconocer a las organizaciones en su voluntad de diálogo y de poder trabajar en conjunto por quienes más nos necesitan”.
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