El gobierno español intervino las fuerzas de seguridad de Cataluña para impedir la celebración del referéndum independentista convocado por el gobierno catalán para el 1° de octubre, en medio de una creciente tensión en la región autonómica.
La decisión se tomó a pedido del fiscal después de que esta semana una multitud se concentrara en las calles para protestar por las detenciones de funcionarios públicos del gobierno catalán y porque el Ministerio del Interior anunció al Ejecutivo catalán el envío de más policías y guardias civiles para apoyar a los Mossos a mantener el orden público.
Con esta orden, el Ministerio del Interior asume la coordinación
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