El jurado de enjuiciamiento contra la jueza Alejandra Claudia Velázquez (foto), ex titular del Juzgado de Familia Nro. 1 de Pilar, acusada entre otras cosas de "intermediación de cesión directa por precio de personas por nacer", tomó la decisión ayer por unanimidad de removerla de su cargo.
"Por unanimidad resolvimos destituir a la magistrada e inhabilitarla para ejercer en adelante función judicial. La gravedad de los cargos imputados que fueron acreditados con la prueba producida a lo largo del procedimiento, fundaron la toma de esta decisión", dejó saber la Senadora de Cambiemos, Nidia Moirano (miembro del jury y Presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos de la Cámara Alta Provincial).
Y agregó: "A pesar de la gravedad que significa para el estado de derecho el apartamiento de un juez, y ante la comprobación de las faltas y delitos cometidos, se avanzó en la decisión correcta. No hay duda de que el apartamiento dictado por unanimidad en el jury, habla de dar un paso concreto en pos de recuperar la transparencia, eficiencia y eficacia judicial".
Velázquez estuvo al frente del juzgado de Pilar desde su creación hasta su cese en el cargo por suspensión en el año 2016.
Entre los cargos en su contra se encuentran: datar falsamente sentencias e interlocutorios; irregularidades en el procedimiento (como permitir que, mientras estaba en viaje fuera del país, en muchos casos sin autorización de la Corte, sus auxiliares firmaran 600 expedientes durante los años que estuvo en el cargo); intermediación de cesión directa por precio de personas por nacer; acoso laboral; incumplimientos reiterados en materia de adopción; actos de parcialidad manifiesta; entre otros.
Cabe destacar, además, que en noviembre de 2016 la Dra. Velázquez presentó su renuncia –estando ya en proceso de enjuiciamiento– , la que fue rechazada por la Gobernadora María Eugenia Vidal, permitiendo que el jurado pudiera cumplir su cometido.
El jurado estuvo integrado por: la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Hilda Kogan; la Senadora Nidia Moirano; los Diputados Carlos Ramiro Gutiérrez; María Elena Torresi; Sandra Paris; Conjueces abogados Jorge Omar Almanza; Andrés Blas Roman; Marcos Darío Vilaplana y Héctor Osvaldo Blanco Kuhne.
En diálogo con el sitio platense 'Hoy', el secretario permanente de Enjuiciamiento de Magistrados, Ulises Giménez, explicó que "la decisión de destituirla e inhabilitarla para ocupar cargos en la Justicia fue por unanimidad de los integrantes del jurado, compuesto por legisladores, abogados de matrícula y la presidenta de la Suprema Corte de Justicia".
Una fuente del jurado explicó al sitio mencionado que en el transcurso del proceso "no se pudo probar el cohecho" en una de las acusaciones más graves, según la cual la magistrada habría percibido dinero a cambio de otorgar adopciones.
Pese a ello, el Jurado de Enjuiciamiento resolvió girar todas las actuaciones a la Fiscalía de San Isidro, que investiga a la jueza por una denuncia que la acusa de haber recibido dádivas y regalos a cambio de beneficiar a parejas acaudaladas afincadas en countries de zona norte, por trámites de adopción.
La denuncia que dio lugar al jury contra la funcionaria judicial fue presentada por la Procuración General de la Corte, en forma conjunta con el Colegio de Abogados de San Isidro.
Según 'Hoy', fue el particular pedido de Velázquez de una lista de espera de padres con nombres y apellidos a un organismo porteño lo que disparó la investigación de la Corte bonaerense y las denuncias en su contra.
Una fuente cercana al proceso afirmó: "Se apreció una alteración del sistema de preferencias por orden de tiempo y características en las fechas. También, un cambio de registro de orden de chicos en situación de ser adoptados. Apareció gente que en muy pocos meses se llevó un bebé.
Además, se dio el caso de dos hermanas que se llevaron bebés para cada una con muy poco tiempo de diferencia. Por otra parte, se habla de regalos y dinero que llegaban al juzgado".
Sin embargo, lo más escalofriante fue una orden emitida por la jueza Velázquez al personal técnico de su juzgado. En el expediente, se afirma que la jueza habría ofrecido una retribución económica a trabajadoras sociales del cuerpo técnico del tribunal a su cargo a cambio de que visitaran barrios carenciados de la zona de Pilar para dar con mujeres embarazadas que no pudieran hacer frente a la crianza de sus hijos, ya que numerosos matrimonios acaudalados de los countries de la zona pagarían convenientemente por dicha tarea.
Hay que aclarar que los empleados del Juzgado afirmaron haberse negado a cumplimentar ese pedido de la ahora exjueza.
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