El juez federal Julián Ercolini procesó a Martín Báez, hijo del detenido Lázaro Báez, exfuncionarios de la Dirección de Vialidad y empresarios por el delito defraudación al Estado. El magistrado ordenó además embargos por $2.500 millones sobre los bienes de cada uno en la causa que investiga el direccionamiento de obras públicas viales al grupo Austral.
La expresidenta Cristina Kirchner fue procesada como jefa de una asociación ilícita en esta causa, junto con el exministro de Planificación, Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas, José López y el propio Lázaro Báez entre otros.
LA CAUSA
El Grupo Austral, conglomerado de empresas de Báez, está acusado de haber sido beneficiado con 52 contratos viales "plagados de irregularidades".
Las empresas del actualmente detenido empresario K recibieron $ 46 000 millones de las arcas públicas durante el kirchnerismo.
De acuerdo a la investigación de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques -impulsores de la causa- en las adjudicaciones hubo muchas irregularidades, como sobreprecios promedio del 65%, "direccionamiento de las licitaciones" y falta de controles en la ejecución de las obras.
El juez Ercolini investiga un "complejo entramado delictivo que tuvo lugar entre el 8 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015" y que se habría organizado "desde las más altas esferas del Poder Ejecutivo canalizando fondos públicos hacia Santa Cruz, realización de obras por convenio y procesos licitatorios irregulares" con el único objetivo de "favorecer a Lázaro Báez".
Todas estas maniobras se produjeron en simultáneo con el fuerte aumento patrimonial de Báez: sus bienes superan los $ 2.500 millones y eso fue posible -según el juez- por la falta de controles de la Dirección Nacional de Vialidad y la Agencia de Vialidad Provincial durante el kirchnerismo. (TN)
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