(U24) - Desde enero, Bariloche le cobra una "ecotasa" a todo el que visita la ciudad. En agosto, el presidente Mauricio Macri le dijo al intendente de Bariloche, Gustavo Gennuso, durante una reunión en Casa de Gobierno que necesitaba que "los municipios no cobren lo que la Nación deja de cobrar".
Fue una advertencia. Aunque esperó que pasen las elecciones, la paciencia fue poca, y el gobierno nacional decidió ir directamente a la Corte Suprema de Justicia. Allí presentó una demanda contra la provincia de Río Negro y la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, en la que pidió declarar inconstitucional la "ecotasa" por el cual el municipio lleva recaudados $12 millones.
El avance de Macri sobre ambos es una importante señal hacia todo el país a pocos días de la reunión en la que comenzarán a negociar la reforma tributaria y la nueva ley de responsabilidad fiscal. Para el Gobierno, la "ecotasa" es un impuesto encubierto que no se corresponde con un servicio efectivamente prestado.
Además, se superpone con el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que es coparticipado y que, según consta en la ley, ya "grava las prestaciones de servicios efectuadas por hoteles, hosterías, pensiones, hospedajes y similares".
De acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Suprema, para que una tasa sea a su vez constitucionalmente válida, la municipalidad que la cobra debería brindar un servicio efectivo, individualizado como contraprestación del cobro.
El argumento oficial es que la "ecotasa" no estaría cumpliendo con tal supuesto, con lo cual terminaría significando para los contribuyentes que ya pagan IVA una doble imposición, lo que atenta contra lo que establece la Constitución Nacional, la ley de Coparticipación Federal, los Pactos Fiscales y la ley de IVA.
Río Negro, en tanto, está incluida en la acción judicial dado que la provincia tiene la obligación de velar porque sus entidades locales, adecuen sus parámetros a la Ley de Coparticipación Federal.
Todo ello, sin tener en cuenta que además la "ecotasa" choca con la iniciativa nacional de eliminar el 21% de IVA para todos aquellos no residentes que se alojen en hoteles en el país. Es uno de los esfuerzos fiscales que decidió hacer la administración de Macri a fines del año pasado, en un intento por contrarrestar la menor competitividad cambiaria y atraer nuevamente turistas al país.
Para gozar del beneficio, los extranjeros sólo deben pagar el alojamiento con tarjeta de crédito. Desde la Federación Empresaria Hotelera (Fehgra) también habían realizado presentaciones judiciales en la provincia en protesta de la "ecotasa".
El vicepresidente de la entidad, Gustavo Fernández Capiet, recordó la existencia de casos similares en otros puntos del país."No nos ayudan para nada en la competitividad", esgrimió según el diario 'Río Negro'. Sin embargo el Tribunal Superior Provincial desestimó la demanda por considerar que no era legítimo su reclamo, ya que los alcanzados por la tasa eran los turistas y no los hoteles. Sin embargo los jueces no resolvieron la cuestión de fondo a la que ahora apunta Macri.
LA PROVINCIA SE DESPEGÓ DE LA PUJA ENTRE NACIÓN Y MUNICIPIO
El gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck, se despegó, sin embargo, de la polémica durante una visita que realizó ayer a la ciudad.
Según 'Bariloche2000', dijo ante una consulta de 'Noticiero Seis' que "la provincia no tiene incumbencia" en el conflicto, y defendió la autonomía municipal. "En la provincia de Río Negro existe la autonomía municipal, los municipios por la Constitución Provincial y por sus propias Cartas Orgánicas generan su propio ordenamiento jurídico. Mientras no violen la Constitución de la provincia, la provincia no tiene forma de intervenir, por lo tanto nosotros no nos sentimos comprendidos en esta demanda que ha planteado la Presidencia de la República", dijo al respecto.
"Consideramos que la provincia no tiene incumbencia en resolver por sí o por no y el municipio de Bariloche tendrá ahora que defenderse de lo que ha planteado el presidente, esencialmente tiene que demostrar que esta tasa no colisiona con ninguno de los impuestos que existen", agregó.
Para Weretilneck, "lo que plantea la Presidencia es que no es una tasa sino un impuesto, y el cuerpo de legales de la Municipalidad tendrá que explicitar que hay una contraprestación y que no se trata de un impuesto".
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