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| Rajoy, durante los anuncios de hoy sobre Cataluña. (Angel Navarrete/Bloomberg) |
Por JUAN CARLOS ARGAÑARAZ / Clarín
El gobierno español de Mariano Rajoy propuso hoy al Senado aplicar el artículo 155 de la Constitución, que le da extraordinarios poderes para restaurar la legalidad en una comunidad rebelde y anunció la destitución de todo el Ejecutivo de la Generalitat (gobierno) de Cataluña, empezando por su titular, Carles Puigdemont.
También intervendrá parcialmente las potestades del Parlamento catalán para evitar un “fraude de ley” y evitar que convoque a elecciones o maniobre para proteger el poder de los secesionistas. No habrá suspensión de la autonomía catalana.
Para evitar estos graves inconvenientes se reserva incluso el derecho a veto de las decisiones del “parlament” que considere incorrectas o peligrosas para el cumplimiento de los objetivos del artículo 155, definido por un miembro del Tribunal Constitucional como “una bomba atómica jurídica”,
También anunció elecciones autonómicas en un plazo de seis meses. Rajoy se reserva el derecho de convocarlas, una potestad que ostenta antes el “parlament” y que le será retirada.
Una novedad importante se produjo cuando el fiscal general del Estado, José Manuel Mza, anunció que la Fiscalía presentará una querella por el delito de rebelión contra Carlos Puigdemont que supone un castigo penal de hasta 30 años de cárcel. La iniciativa ya redactada se presentará, si se decide, ante el Tribunal Supremo de Justicia.
El objetivo es la exigencia de responsabilidad penal al titular de la Generalitat por sus actos en rebeldía, por lo que el texto está centrado en una descripción de su conducta vinculada al separatismo.
El Consejo de Ministros adopto esta mañana una serie de medidas, que deberá autorizar el Senado, por mayoría absoluta, para asumir la intervención Cataluña y restablecer el orden constitucional frente a la "desobediencia rebelde" de los gobernantes catalanes, que iniciaron un proceso de independencia.
La decisión de Rajoy está directamente relacionada con los repetidos anuncios de Puigdemont y las fuerzas secesionistas que el próximo martes o miércoles el Parlamento catalán declarará formalmente la independencia.
El artículo 155 establece que, si una autoridad autonómica no atiende el requerimiento para volver a la legalidad, el Gobierno aprobará un decreto con medidas concretas para asumir competencias regionales, que luego deberá autorizar el Senado por mayoría absoluta para su aplicación efectiva.
En rueda de prensa, Rajoy argumentó que los objetivos son, por este orden, volver a la legalidad, restablecer la normalidad, mantener la recuperación económica y celebrar elecciones en Cataluña.
Rajoy justificó su drástica medida para restaurar la legalidad; celebrar elecciones con normalidad; asegurar la neutralidad institucional; mantener el bienestar social y el crecimiento económico; y asegurar los derechos y las libertades de todos los catalanes, según ha enumerado.
Además, subrayó que "no se suspende la autonomía de Cataluña, se cesa a las personas que la han puesto en riesgo". "El Gobierno tuvo muchas oportunidades de aplicar antes el artículo 155, pero preferimos actuar con prudencia, responsabilidad y sentido común, intentando que se produjera una rectificación", ha dicho el presidente, que asume personalmente la competencia de disolver el Parlament.
"No se pueden hacer peor las cosas que como las ha hecho en las últimas fechas la Generalitat de Cataluña", añadió Rajoy, que al optar por convocar elecciones en seis meses ha contentado a su partido, el PP, frente a Pedro Sánchez, el líder del PSOE, que le pidió que lo hiciera en enero.
"No era nuestro deseo ni nuestra intención aplicar el artículo 155. Lo hacemos porque ningún Gobierno, de ningún país democrático, puede aceptar que se ignore la ley, que se viole la ley, que se cambie la ley y que todo ello se haga pretendiendo imponer sus criterios a los demás", argumentó Rajoy durante una rueda de prensa, rodeado de todos los ministros de su Gobierno.
Y ha recalcado: "Estas medidas han sido consensuadas con el PSOE y con Ciudadanos. Agradezco su apoyo, que no interpreto como un apoyo al Gobierno, que también, sino como un apoyo al Estado de derecho".
El ejercicio de las funciones de los consejeros regionales se encargará a los órganos y autoridades que designe el Gobierno español, aunque la idea es que las competencias las asuman los ministros del Ejecutivo central.
Los representantes del Ejecutivo comparecerán en el Senado cada dos meses para dar cuenta de la gestión en Cataluña. El Gobierno aún debe decidir si crea un organismo colegiado para coordinar los trabajos del Govern, o nombra a un representante para desempeñar esa labor.
Todos los departamentos están afectados, entre ellos, prioritarios, vicepresidencia, Interior y Economía y Hacienda, Interior (responsable de la policía regional), Justicia, Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales, Enseñanza, Gobernación, Trabajo, Agricultura y Pesca.
Además, el Gobierno limitará las funciones del Parlamento catalán para que no pueda proponer candidato a la Presidencia de Cataluña ni pueda celebrar el debate y votación para su investidura mientras estén vigentes las medidas propuestas. El Parlamento catalán tampoco podrá tomar iniciativas contrarias a la Constitución ni al Estatuto de Autonomía, mientras que el Gobierno tendría un plazo de 30 días para ejercer el derecho de veto sobre las decisiones de la cámara catalana.
Según Rajoy, no hay ningún país del mundo democrático y civilizado en el que se haya vivido una situación como el "inaceptable desafío secesionista de las autoridades de Cataluña.
También se establecerán mecanismos de control de la policía catalana, los Mossos de Esquadra, que pasarán a depender del Ministerio del Interior, y de TV3, el más difundido medio público de la Generalitat.
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