El paquete de reformas lanzado por el Gobierno sumergió a la cúpula de la CGT en un clima de deliberación. Los cambios en materia laboral que abaratan el costo de contratación junto con un nuevo índice de actualización de las jubilaciones y baja de aportes patronales generaron poco entusiasmo entre los sindicalistas, pero sin despertar por ahora un rechazo generalizado.
Uno de los pocos beneficios que obtendrá la CGT en las negociaciones no figura en el documento que circuló el Gobierno. Se trata de la iniciativa que prepara el Ministerio de Trabajo, a cargo de Jorge Triaca, para dar de baja entre 600 y 800 sindicatos sin actividad y otra en la Superintendencia de Seguridad Social para fusionar las obras sociales, dos medidas que tienden a concentrar el monopolio sindical.
“Los sindicatos que son sello de goma y no tuvieron actividad los damos de baja”, confirmaron cerca de Triaca. La intención de reducir el número de gremios fue adelantada por Mauricio Macri el lunes durante el acto en el que lanzó un abánico de reformas, incluida la previsional y la tributaria.
“No puede ser que haya más de 3.000 y solo 600 firmen paritarias anuales”, disparó. La crítica apunta contra aquellas entidades que en los últimos cinco años no realizaron elecciones, carecen de autoridades reconocidas por Trabajo o no presentaron memoria y balance.
Hoy existen 3.200 sindicatos reconocidos por las autoridades. Del total, la mitad goza de la personería gremial, que habilita a negociar paritarias, mientras que la otra mitad solo posee la simple inscripción gremial.
La intención del Ejecutivo es avanzar sobre las entidades que no cumplen la Ley de Asociaciones Sindicales. A las que tienen personería, Trabajo las obligará a presentar los trámites de cero para recuperar su status, mientras que en los otros casos “la bajamos de una”, aseguran en Alem.
En el último grupo entrarían los metrodelegados. En marzo pasado, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo le quitó la personería gremial que le había otorgado el gobierno anterior hacia el final de su mandato, un fallo que fue celebrado por el macrismo.
Respecto a las obras sociales, la idea es retomar un viejo proyecto del Banco Mundial de la época de Domingo Cavallo que proponía la fusión de las prestadoras de pocos afiliados con las de mayor recaudación bajo el argumento de evitar su eventual quiebra frente a tratamienos costosos.
Uno de los caminos posibles es una suerte de triangulación por la cual el afiliado de un gremio puede utilizar los servicios de otra obra social, a la que luego mediante un clearing bancario se le reestituye el pago por las prestaciones ofrecidas.
En su discurso del lunes, Macri también cuestionó la cantidad de obras sociales. “Hay 280, de las cuales solo 40 representan el 70% de los afiliados, mientras que 240 representan solo el 30%. Llama la atención”, sostuvo.
Y a continuación criticó el carácter “desigual” del sistema de seguridad social y expresó su deseo de que las prestadoras estén “bien administradas”.
Para ello, la Superintendencia analiza poner el ojo en el gasto administrativo promedio, que por ley no debe superar el 7% de la recaudación. Las entidades de menor estructura no cumplirían con ese requisito.
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