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| Foto: Web |
En teoría era un plan hermoso, que beneficiaría en primera instancia a las titulares de Asignación por Embarazo para Protección Social, las madres de escasos recursos iban a recibir el kit Qunita, para alivianar un poco las cargas materiales que conlleva un parto.
Una cuna, un porta bebé y una pañalera, eran algunos de los insumos que traía. Sin embargo, el plan resultó ser nada más y nada menos que un negociado más del Gobierno K.
Todo empezó con la licitación en tiempo récord, en donde se les dio 1.100 millones de pesos a seis empresas que, según las denuncias, no contaban con experiencias en el rubro.
La licitación tiene al menos dos objeciones: los extraños procesos para beneficiar a esas seis empresas y sobreprecios de hasta el 15%.
El Plan #Qunita, programa nacional de acompañamiento para la madre y el recién nacido. pic.twitter.com/g77lkAgERa
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 16 de julio de 2015
El primer kit se entregó en Río Gallegos, muchas madres estuvieron contentas con su regalo, que según la licitación firmada por Anibal Fernández y Daniel Gollán, costaba, primero $4.500 y después $6.600 cada kit.
Debido al supuesto fraude al Estado, el Fiscal federal Eduardo Taiano, dictaminó que el ex jefe de gabinete del Kirchnerismo, Anibal Fernández, tendría que presentarse en juicio oral por la compra de los kits para recién nacidos.
Taino calcula que el gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández habría pagado unos 3.000 pesos de "precio excesivo en detrimento de la administración" en cada uno de los 150 mil kits para bebés.
Debido a esta situación, a fines del año pasado la Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos sin prisión preventiva de los exfuncionarios Aníbal Fernández y Daniel Gollán, además de siete proveedores del Estado, por el supuesto fraude en el Plan Qunita.
Los proveedores del plan Qunita con pedido fiscal de juicio oral pertenecen a las sociedades ganadoras de la licitación: Fasano SRL., Grupo Diela SRL., Compañía Comercial Narciso SRL., Fibromad SA., Delta Obras y Proyectos SA. y Dromotech SA.
Ya casi finalizando el 2017, la causa todavía está en la nada, salvo los embargos contra Anibal Fernández hasta cubrir la suma de 440 millones de pesos.
Los delitos de la causa son: "fraude en perjuicio de la administración pública", "abuso de autoridad" y "violación de los deberes de funcionario público".
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