 |
| 05/11/2017: Gilles Dejemeppe, portavoz de la Fiscalía belga en Bruselas, durante la rueda de prensa. (Yves Herman / Reuters) |
A las 9:17 hora local de este domingo 05/11, Carles Puigdemont, president cesado de la Generalitat, y 4 de sus exconsellers –Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret- reclamados por la Justicia española se han personado voluntariamente en la comisaría federal de Bruselas, situada en la rue Royale.
“En presencia de sus abogados, se les ha informado de la orden de busca y captura que pesa sobre ellos”, ha explicado en una rueda de prensa Gilles Dejemeppe, portavoz de la Fiscalía belga en Bruselas.
A lo largo de esta tarde, serán interrogados por un juez de instrucción, que será asignado a lo largo de este domingo, y que dispondrá de un plazo de 24 horas para tomar una decisión. El juez, ha explicado el portavoz de la fiscalía, tiene 3 opciones:
- rechazar gestionar la euroorden,
- aceptar tramitarla y
- mantener detenidos a los 5 políticos palatales o, aun procesándola, dejarlos en libertad condicional.
En estos momentos, se encuentran en la sede de la Fiscalía Federal de Bruselas, donde esperan a ser interrogados. La primera decisión del juez sobre la demanda de detención y entrega cursada por la Justicia española debe ser tomada por tanto, antes de las 9:17 del lunes 06/11.
Acudiendo de forma voluntaria a la policía, el president, considerado “prófugo” a ojos de la justicia española, y los consellers cesados quieren demostrar que “están dispuestos a colaborar plenamente” con la justicia belga, tal y como ayer indicaron en un mensaje en la red social Twitter en neerlandés.
El proceso de comparecencias será largo y a puerta cerrada. No se es pera que se conozca ningún detalle hasta última hora de la tarde o primera hora de la noche -entre 20:00 y las 22:00- cuando la Fiscalía prevé mandar un comunicado.
Los cinco arrestados pueden ser privados de libertad un máximo de 24 horas. En caso de que los afectados rechacen su extradición, el caso se pondrá en manos de la Cámara del Consejo de Bruselas. 15 días son los que prevé la normativa belga de plazo para que la corte se pronuncie sobre si considera o no que Puigdemont y los exconsellers deben ser extraditados a España.
La decisión puede ser recurrida. De presentarse apelaciones, se abriría otro plazo de 15 días para tomar una resolución. En última instancia, la petición de extradición podría llegar a la Corte de Casación belga, que de nuevo contaría con una quincena de días para pronunciarse. Las autoridades españolas reclaman a los 4 políticos catalanes por presuntos delitos de sedición, rebelión y malversación de fondos públicos.
Una vez estén detenidos, el juez de instrucción deberá decidir si acepta o no la euro orden y, de hacerlo, mantendrá a los acusados en prisión preventiva o bien les dejará en libertad bajo "ciertas condiciones".
El procedimiento de entrega a España, donde los citados políticos catalanes está reclamados por la Audiencia Nacional, puede teóricamente demorarse un total de 60 días, y otros 30 días adicionales en casos excepcionales.
Los dos primeros son especialmente delicados y pueden retrasar aún más la resolución. Dado lo delicado del caso y que Puigdemont ha contratado a un abogado especializado en obstaculizar extradiciones, es probable que no se resuelva la suerte de los políticos catalanes hasta dentro de dos o incluso tres meses.
Resulta clave los delitos que se imputan a los políticos catalanes en las “euroórdenes” dictada contra ellos: rebelión, sedición, malversación, desobediencia y prevaricación.
Bélgica recoge en su Código Penal ambos delitos, el de rebelión y el de sedición, pero su definición no se corresponde exactamente con la que se da en suelo español.
Esto puede suponer un problema, ya que los jueces belgas pueden rechazar extraditar a los acusados para que sean juzgados por algo que no se reconoce como delito en Bélgica
No hay comentarios:
Publicar un comentario