CHILE - Durante su segunda asunción como presidente de Chile, Sebastián Piñera sorprendió al incluir la solución del conflicto mapuche entre las prioridades de su actual mandato, al que calificó como una "nueva transición" en la historia de su país.
Claro que no dio detalles sobre cómo piensa pacificar la Araucanía, aunque habló de modernizar las policías y sus sistemas de inteligencia para combatir el narcotráfico, la delincuencia y el terrorismo.
Piñera ya dejó claro en el pasado que considera que en la zona mapuche el terrorismo existe. En efecto, en los últimos veinte años, con mayor intensidad en los últimos diez, las comunidades mapuches del sur chileno han estado envueltas en violentos reclamos territoriales que también se sintieron en la Argentina.
Cierto es que el asunto mapuche y sus efectos es un tema que la Argentina y Chile comparten ampliamente. Por eso, la extradición al país vecino del lonko mapuche Facundo Jones Huala es uno de los puntos más visibles actualmente.
Mientras la Corte Suprema argentina debe resolver si confirma la extradición de Jones Huala, que es requerido en el sur de Chile por el incendio de 2013 en el fundo Pisú Pisué, los mapuches mantendrán sus protestas a ambos lados de la cordillera.
El activista indígena está detenido desde junio del año pasado en Esquel y desde entonces en varios ataques incendiarios a empresas forestales por el lado chileno se han hallado panfletos de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM, organización hermana de Resistencia Ancestral Mapuche, RAM) y de Órganos de Resistencia Territorial que piden la liberación del referente.
"Habrá paz cuando devuelvan nuestro territorio y retiren sus inversiones capitalistas de nuestro Wallmapu. Libertad al peñi Facundo J. Huala. ORT Wenteche Catrileo. CAM", decía uno de los mensajes hallados en una quema de camiones en septiembre pasado en la región de la Araucanía.
Ese mismo mes, fue la última vez que representantes de los Estados de Chile y de la Argentina se reunieron para abordar la violencia mapuche.
En Buenos Aires, el subsecretario del Interior chileno, Mahmud Aleuy, visitó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para intercambiar información sobre un supuesto contrabando de armas entre grupos indígenas a través de pasos fronterizos ilegales.
Por ese caso detuvieron en varios lugares de Chile a ocho comuneros, en una acción que fue llamada Operación Huracán. Pero resultó un montaje que arrastró a un escándalo a Carabineros, la policía chilena.
El nuevo gobierno de Sebastián Piñera hereda no solo la extradición de Huala, sino también ese enredo policial. El mandatario entrante propuso para la Araucanía una especie de Plan Marshall y dio seis meses de plazo a un ministro y a un intendente para que lo elaboren.
"Qué espera usted (periodista) de personas que quemaron vivos a un matrimonio de ancianos, que queman las iglesias con niños y mujeres adentro, que destruyen las plantaciones de sus propios compañeros del pueblo mapuche, que destruyen las bodegas, plantaciones, siembras, maquinarias y trabajos de años, simplemente para causar terror en la región", sostuvo el ex mandatario en una entrevista con 'Univisión', antes de referirse a su plan.
Su propuesta es crear un programa de desarrollo económico y social para la región, "una especie de Plan Marshall" para que La Araucanía se "recupere".
En segundo lugar está "fortalecer el estado de derecho" y por último aseguró que en su gobierno se buscará "un mejor entendimiento".
Así descartó una posible militarización en la región y afirmó que se mejorará los sistemas de inteligencia y perfeccionará Ley Antiterrorista.
"Todas las democracias del mundo tienen esa ley (…) no caigamos en la ingenuidad de hacerle el juego a los terroristas", explicó.
Los mismos seis meses calculan, tanto la defensa de Huala como el fiscal que lo acusa, que le tomará a la Corte Suprema argentina definir sobre la extradición. A diferencia de Michelle Bachelet, que evitó referirse a terrorismo para tocar el asunto mapuche, el jefe de gobierno entrante dijo esta semana que su convencimiento es que en la Araucanía sí hay terrorismo.
"No tenemos las mejores expectativas, pues lamentablemente se ha transformado en una política de Estado de todos los gobiernos de turno aplicar la discriminación y violencia hacia los mapuches", dijo al mencionado matutino Juan Carlos Reinao, jefe de la Asociación de Municipalidades con Alcaldes Mapuches.
Aunque no quiso referirse a la extradición de Huala, por ser un proceso en curso, Reinao sí manifestó que en el mundo mapuche se perdió la confianza en el sistema judicial chileno desde los montajes de la Operación Huracán. Y acusó al gobierno de Chile de "coordinar con sus pares trasandinos una política represiva" contra los mapuches. Llegar a junio sin definir la extradición del lonko es para organizaciones como la CAM agudizar un conflicto que puede abordarse antes desde la política.
El movimiento de defensa de Huala está activo en la Araucanía y es posible que, de concederse su salida a Chile, las protestas se intensifiquen, porque el Ministerio Público chileno ya advirtió que pedirá un proceso con el acusado en prisión preventiva.
"Resultará difícil una sentencia condenatoria a Facundo. La mayoría de los imputados en el hecho (el incendio de 2013) fueron absueltos", explicó Aucán Huilcamán, encargado de Relaciones Internacionales del Consejo de Todas las Tierras.
La semana pasada, el diario 'El Mercurio' de Chile publicó una breve nota sobre las pruebas "consideradas "débiles" por la defensa y el hecho de que casi todos los imputados del caso quedaron en libertad, son algunas de las dificultades que deberá sortear la fiscalía en un futuro juicio oral en Chile, luego que se aprobara la extradición desde Argentina de Facundo Jones Huala (que será apelada) por su presunta responsabilidad en el atentado al fundo Pisu Pisué de Río Bueno, en 2013".
Sucede que el defensor público de Valdivia, Luis Soto, explicó que "no existen antecedentes probatorios con suficiente fuerza para ligar la participación de Jones en el ataque", y añadió que la extradición se genera por dos de los cuatro delitos imputados en Chile, lo que representa una ventaja a la hora de iniciar el juicio, y agregó que la acusación se sustenta en pruebas "muy débiles", ya que los acusados fueron detenidos 20 días después del hecho y se les "imputó participación a partir de la incautación de elementos que son muy comunes en el campo, como botas de goma, zapatos y ropa de trabajo".
De los seis detenidos en la causa, cuatro fueron absueltos y una fue declarada culpable como encubridora y condenada a 61 días de presidio remitido, recordó el matutino chileno.
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