(U24) - En octubre del 2018 el Nuevo Banco Bersa SA (agente financiero de la provincia de Entre Ríos) envió un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) a la Unidad de Investigación Financiera (UIF). El mismo hablaba de dos personas, Rodríguez Paola y Kramer Ana, que se presentaron a una surcusal del banco a cobrar por caja varios cheques de la Legislatura y retiraron, en efectivo, una suma "elevadísima".
A partir del ROS, la UIF se involucró en la causa de los "contratos truchos", en la que se está investigando las operaciones de una organización formada por miembros de la Legislatura entrerriana, que habría robado dinero del Estado durante diez años a través de contratos "truchos" de obra pública.
LA CAUSA DE LOS CONTRATOS TRUCHOS
Esta investigación se inició en septiembre y está siendo tratada en la nueva Fiscalía Anticorrupción de la ciudad de Paraná a cargo de la Dra. Cecilia Goyeneche. Según la misma, un grupo de personas se encargaba de extraer fondos de la Legislatura provincial a través de contratos truchos, armados con personas que no realizaban ninguna prestación a favor del Estado, y sólo percibían una ínfima parte de lo pactado.
El resto quedaba para los miembros de la organización. Detrás de los contratos truchos estarían los presidentes de las Cámara de Senadores y Diputados de la Legislatura de Entre Ríos desde el 2008 a 2018, funcionarios de mediano rango de la Legislatura, personas encargadas de la logística, un estudio contable y Senadores Nacionales que financiaban a la organización con contratos del Congreso Nacional.
Estos contratos truchos habrán comenzado en la Cámara de Senadores de la Provincia en enero de 2008, con alrededor de 100 contratos, que llegaban a los $4.500 cada uno. Hasta septiembre de 2018, la suma habría aumentado, hasta llegar a los $50.000 por contrato. En Diputados, la actividad ilícita habría comenzado en 2011, con contratos de $5.000 que también aumentaron hasta llegar a los $50.000. En total, se llegaron a realizar contratos de obra con 350 contratistas, por lo menos. Se estima que el monto usurpado del Estado por parte de los miembros de la organización superaría los $1.235 millones.
UN ESTUDIO CONTABLE: LA CLAVE DE LA INVESTIGACIÓN DE LA UIF
Según la investigación de la UIF, la organización derivaba el dinero robado a inversiones inmobiliarias y agrícola-ganaderas. Para hacerlo, contaban con la ayuda de un Estudio Contable que estaba en un local, "Servicios Integrales".
En el mismo, había una oficina contable, inmobiliaria, informática y un servicio de cobranzas. La UIF puso el foco en el Estudio Contable OKO, que funcionaba dentro del local "Servicios Integrales".
Esta oficina se dedicaba a realizar altas y bajas de los monotributistas y al pago de los impuestos en el servicio de cobranzas. Al mismo tiempo, derivaba el dinero robado por la organización ilícita de la Legislatura a inversiones inmobiliarias y ganaderas, para disimularlo.
¿Por qué la UIF sospecha de este Estudio Contable?
Porque en 10 años de movimientos sopechosos, los profesionales que trabajaron en el mismo nunca enviaron un reporte (ROS) a la UIF. Según la ley 25.246, los profesionales matriculados en Ciencias Económicas están obligados a "vigilar" el accionar de sus clientes para enviar una alerta en el caso de alguna actividad sospechosa.
La investigación avanzó y descubrió que en el Estudio Contable OKO se manejaban los monotributos de los prestanombres de los contratos truchos. Los contadores que forman parte del mismo son Opromolla, Krapp y Orlando Bertozzi (este último el diseñador de las inversiones).
El escándalo se desató cuando los representantes de la UIF que investigaban el tema se percataron de que Bertozzi es el marido de la Fiscal Cecilia Goyeneche, que está a cargo de la investigación de los contratos truchos de la Legislatura de Entre Ríos. Orlando Bertozzi es el único de los socios del estudio que no está imputado en la causa.
CÓMO SIGUE LA CAUSA
Ahora la Justicia estaría analizando aceptar declaraciones como arrepentidos a algunos imputados de la causa de los contratos truchos.
Además, la Fiscalía Anticorrupción imputaría a los Senadores Nacionales: Pedro Gustavino, Sigrid Kunath; a los presidentes de la Cámara de Diputados: Jose Allende (2011/2015), Sergio Urribarri (2015 en adelante) y de Senadores: Jose Laurito (2007/2011), José Caceres (2011/2015) y Adrian Bahl (2015 en adelante).
Jorge Busti, ex gobernador y presidente de la Cámara de Diputados 2007/2011, quedaría salvado. En marzo de este año, la causa pasaría a juicio. Lo que aún no se está llevando adelante es una investigación en la Procuración para descubrir si hubo falta de objetividad o encubrimientos por parte de la Fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche.
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