(INFOCIELO) - En una clara contraposición con la actitud tomada en la Justicia nacional, que parece encubrir las presuntas irregularidades cometidas por el fiscal federal Carlos Stornelli, la Suprema Corte de Justicia bonaerense dispuso ayer una licencia forzosa por 90 días para el fiscal de Mercedes, Juan Ignacio Bidone, por haber intercambiado información con el falso abogado Marcelo D’Alessio.
La medida fue solicitada hace una semana por el Procurador General, Julio Conte Grand. En aquel momento, el funcionario planteó al máximo tribunal judicial bonaerense la “evaluación” de evidencias para resolver sobre esa sanción.
A Bidone le atribuyen "abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público". Agrega la resolución de la Corte que "habría incurrido en conductas de extrema gravedad institucional que menoscaban el normal y adecuado funcionamiento del servicio de Administración de Justicia".
El fiscal ocupaba la fiscalía de delitos complejos de Mercedes. En 2008 cobró notoriedad porque estaba a cargo de la investigación de la masacre de General Rodríguez, vinculado al tráfico de efedrina. Hace algunos días fue apartado de esa unidad. Fue después de su declaración ante la fiscal federal Alejandra Mangano, en los tribunales de Comodoro Py, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Su testimonio estuvo referido al caso D’Alessio, el abogado trucho, presunto espía e intermediador de expedientes judiciales, además de aparente extorsionador. Bidone reconoció cercanía con el pseudo agente de inteligencia, impostor, y que intercambiaban información.
En la declaración, Bidone explicó que D’Alessio le había solicitado, no hace mucho tiempo, acceso a las llamadas entrantes y salientes del empresario Pedro Etchebest.
En el entramado, este productor denunció que D ‘Alessio intentó extorsionarlo para no aparecer involucrado en la causa de los cuadernos, que investiga el fiscal Carlos Stornelli. De las escuchas aportadas por Etchebest, el juez Ramos Padilla colige que el falso abogado y el propio Stornelli funcionaron de consumo para determinadas prácticas ilegales. Bidone es subsidiario de estas complejidades.
El dato es que aceptó haber conseguido acceso a llamadas entrantes y salientes de Etchebest, a través de un contacto personal en la empresa de telefonía. La infidencia, hecha luz, fue en el despacho de Mangano. Por eso, la fiscal realizó la notificación posterior al juez Ercolini, quien le había delegado la tarea.
La secuencia completa fue con el envió de una copia a la Procuración General de la Suprema Corte. Entonces, Conte Grand decidió apartarlo de su cargo preventivamente y lo mandó a cumplir tareas en otra fiscalía. Mientras transcurría el proceso, la Fiscalía N° 8 de Delitos Complejos de San Martín y oficiales de la Unidad Campo de Mayo de Gendarmería allanaban dos oficinas judiciales y la casa de Bidone.
En el operativo se llevaron su celular, computadora y documentos considerados de interés. Como, a pesar de intereses contrariados, todo tendría que ver con todo, ahora la Procuración General tramita una investigación interna para determinar a qué expedientes ingresó Bidone a través del Sistema de Información del Ministerio Público Fiscal (SIM) para luego cruzarlo con los archivos que D'Alessio tenía en su casa del country Saint Thomas.
La situación del fiscal comienza a complicarse y se pone a tiro de lazo del pedido de jury. Según la resolución firmada por el presidente de la Corte, Julio Eduardo Pettigiani; el vice, Eduardo Néstor de Lazzari, y los ministros Héctor Negri, Luis Esteban Genoud, Daniel Fernando Soria e Hilda Kogan, "habría incurrido en conductas de extrema gravedad institucional".
Mientras tanto, el Colegio de la Magistratura de la Nación luce inmutable ante las denuncias de corrupción que pesan sobre el fiscal Stornelli.
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