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EN URUGUAY TAMBIÉN SUCEDE

“Los chicos menores salen a robar y matar, y nadie hace nada”

 El flagelo de la inseguridad también es un  problema que tiene en vilo a los uruguayos. Los políticos discuten y se juntan firmas para convocar a un plebiscito para endurecer las medidas penales para los menores infractores.  

por JORGE HÉCTOR SANTOS

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Especial para Urgente24). El pasado sábado 13/08, según informa el diario El Observador de Montevideo, se logró superar las 200.000 firmas para convocar a un plebiscito para endurecer las medidas penales para los menores infractores, en una acción coordinada según por el diputado nacionalista Gustavo Borsari y el diputado colorado Germán Cardoso, quienes integran la comisión que impulsa la reforma.

Entre quienes recolectaron firmas se encontraba la madre de un repartidor de pizza por delivery que fue asesinado por los maleantes que lo asaltaron, la indignada mujer señaló: “Los chicos menores salen a robar y matar, y nadie hace nada”.

La recolección de firmas para bajar la edad de imputabilidad propiciada por los colorados disparó numerosas iniciativas parlamentarias.

Están quienes se oponen y quienes apoyan la propuesta del plebiscito, pero todos los sectores políticos tienen algo para marcar perfil.

La inseguridad se transformó en los últimos tiempos en uno de los ejes centrales de todos los partidos políticos. Los datos de las encuestas que revelan que el tema se transformó en uno de los que genera mayor preocupación, abona a la competencia de iniciativas.

Y las propuestas abundan tanto como los enfrentamientos entre los líderes de los partidos.

El menú de propuestas es variado:

> Encerrar a los menores delincuentes,

> Ampliar las posibilidades de defenderse ante la presencia de agresores,

> Mantener los antecedentes de los jóvenes más allá de dos años, y

> Atender a las víctimas de la violencia.

El debate más fuerte está instalado sobre los menores de edad, que algunos sectores señalan como una de las amenazas más fuertes de la sociedad, pese a que la mayoría de los delitos son cometidos por mayores. La relación es 85% a 15%.

Sin embargo, las víctimas de la violencia también serán eje del análisis y blancos y colorados presentaron dos planes similares en el Senado y en Diputados.

El senador nacionalista Jorge Larrañaga llevó a la comisión de Asuntos Laborales del Senado un proyecto -de autoría del presidente de la Unión Cívica, Aldo Lamorte- para que el Poder Ejecutivo abone el equivalente a dos salarios mínimos mensuales a las personas que pierdan a un integrante de su núcleo familiar a causa de un hecho de violencia.

El texto propuesto establece que la prestación será recibida por la persona mayor de edad que se haga cargo de los hijos menores o con discapacidad. Larrañaga no apoya la recolección de firmas.

En la misma línea el diputado colorado Fitzgerald Cantero (Vamos Uruguay) presentó   hace un mes un proyecto de ley por el cual se prevé la asistencia jurídica y psicológica de las víctimas de los delitos.  Además plantea que se otorgue un resarcimiento económico a los damnificados, y que sea el propio victimario quien indemnice a los afectados a través de su trabajo mientras esté en prisión.

La iniciativa obtuvo el respaldo de legisladores de todos los partidos en la Comisión de Constitución y Códigos de Diputados, pero aún no fue aprobado.

Lamorte apoyó la propuesta de Cantero de que el dinero para las víctimas provenga del trabajo de los delincuentes “como recuperación para ellos y para resarcir a los familiares”.

Sin embargo, cuestionó que su propia iniciativa haya estado meses sin tratar en el Senado y se presentara uno similar en Diputados. Lamorte, que además es suplente en el Senado de Eber Da Rosa, presentó el texto el año pasado y nunca se discutió, por eso Larrañaga lo volvió a plantear.

Otro de los opositores a la recolección de firmas por la baja de la imputabilidad, el senador Francisco Gallinal, divulgó un proyecto de ley para que el derecho a la legítima defensa se aplique también para aquel que, de modo racional, defienda “cualquier local de comercio, industria o similar contra el que penetre o trate de penetrar al mismo con violencia o amenazas”.

Y el gobierno, que se opuso en bloque a la campaña de la baja de imputabilidad, flexibilizó su postura y aceptó que se mantengan los antecedentes de los menores que cometan delitos graves. Sin embargo, se opuso a duplicar la pena máxima de 5 años para los menores, que había sido propuesto por el Partido Nacional.

“La Policía no tiene instrumentos para mantener el orden público”

El ministro de Interior uruguayo, Eduardo Bonomi, dijo que la Policía no puede cambiar la conducta de la sociedad y aseguró que la ausencia de los tribunales de faltas para castigar desacato, agresiones y roturas, es la primera falla en la contención de la delincuencia

Bonomi explicó que los jueces penales no atienden los casos de detenciones por faltas porque dicen que están saturados con casos penales. De esa manera, agregó el funcionario, las personas que son enviadas ante el magistrado por desacato, agresión o daños pasan unas pocas horas detenidas y “es como darle un certificado de: ‘dale, seguí que no hay problema’”.

Para el secretario de Estado, la falta de penalización ante esas instancias son las que derriban esa primera barrera y que la Policía no puede cambiar la conducta de la sociedad.

“El problema lo empezamos a vivir claramente a partir de los operativos de saturación (…) porque cuando se hicieron los tres primeros hubo una resistencia de la gente que apedreaba y agredía a la Policía. Si bien se iba por 10 o 12 personas por las que había orden de allanamiento o de detención, se terminó deteniendo a 40 o 50 personas en alguno de esos operativos”, dijo Bonomi.

Luego de esa acción se informa al juez de los motivos de las detenciones, pero cuando se explica que es por desacato, agresión o daños el magistrado dice: “suéltelos”, indicó Bonomi.

El secretario de Estado agregó que desde el Ministerio del Interior se habló con la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y que la respuesta fue que la Policía debía informar que los detenidos, “no estaban por desacato, sino que habían agredido al policía tal y cual, produciendo tal y cual daño, porque las faltas las tienen que atender los jueces penales”.

Sin embargo, Bonomi explicó que cuando se habla con los jueces, ellos dicen: “Estamos saturados con los temas penales, no podemos atender faltas”. El ministro agregó que, de esta manera no se están atendiendo las faltas, que deberían ser la valla de contención.

“Si se transita tan fácilmente de no tener nada, con las fojas absolutamente limpias, al delito por el cual se encarcela (…), y no pasamos por el camino del medio que es la falta, que a veces es multa o tarea comunitaria (…), si esa barrera de contención no existe, se llega mucho más fácil al delito. Nosotros analizamos (el asunto) en el ministerio y es un problema: la Policía no tiene instrumentos para mantener el orden público”, aseguró el ministro.

Agregó que entre la detención y la liberación del juez “pasan pocas horas”.

“Para una persona que tuvo un problema por primera vez, esas pocas horas son muchísimas, pero cuando el problema lo tiene alguien que está delinquiendo habitualmente, esas horas no son nada y son como darle un certificado de: ‘Dale seguí que no hay problema’”, dijo el ministro.

Cualquier semejanza de lo que ocurre en Uruguay y padece la Argentina no es mera coincidencia.