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| Pedro BÁEZ |
PARANÁ (U24 Entre Ríos). “Cuando muchos nos preguntan cuáles son las razones para no apoyar actualmente a este Gobierno Provincial, la respuesta está en los actos de corrupción, que hoy la sociedad va tomando conocimiento a través de los medios de comunicación”, señaló el ex diputado nacional (PJ), Juan Domingo Zacarías, al referirse a las noticias que han trascendido en varios medios nacionales acerca de lo que sucedería con todo lo concerniente a las pautas publicitarias, ya que día a día toma cuerpo la versión que indicaba que esa habría sido la forma de desviar fondos públicos con destinos que nadie sabe cuales fueron.
Zacarías, en ese sentido no tiene pelos en la lengua al afirmar que “Pedro Báez el actual Ministro y candidato a diputado, con el conocimiento del Gobernador, maneja el presupuesto publicitario como si fuesen de su patrimonio, entregando pautas en forma discrecional a periodistas y medios, intentando comprometer su línea editorial al relato oficial”, a la vez que agrega “Nunca ningún gobierno ha tenido funcionarios de este nivel de corrupción y lo más lamentable es que se auto denominan Progresistas”.
El ex diputado, agregó además que “No es la primera vez que somos noticia por actos de corruptela que comprometen al Gobierno Provincial. Solamente, voy a nombrar tres actos que demuestran lo que estoy diciendo: El dinero gastado en la campaña a presidente de Sergio Urribarri. La fábrica de maquinarias agrícolas destinadas a Angola. Las millonarias pautas publicitarias manejadas por el Ministro Báez”.
Por otro lado, fuentes confiables, han dejado trascender que dos estudios jurídicos muy importantes de Paraná, estarían preparando denuncias que se presentarían en los próximos días ante los tribunales de esta ciudad. Uno de esos estudios prepararía dos denuncias relacionadas con el ministro Báez: Una por enriquecimiento ilícito y la segunda sobre ciertas cuestiones relacionadas con la obra pública, más precisamente en lo referido a la fibra óptica y todo lo relacionado con ello.
El otro estudio jurídico se ocuparía de una denuncia contra el actual Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, por incumplimiento de sus deberes como funcionario público. Las fuentes señalaron que además habría varios dirigentes que cuentan con pruebas para aportar a la justicia, si el marco jurídico permite que esas denuncias prosperasen.
Pedro Báez, de no mediar nada extraordinario, será diputado provincial a partir de diciembre, por lo que logrará fueros que lo pondrían a cubierto de esas posibles denuncias. Esa condición la logrará a partir de ser elegido y por ese motivo se estima que las presentaciones en tribunales podrían suceder antes de las elecciones.
Rodríguez Signes en cambio no tiene esa posibilidad y quizás por eso es que anunció que él desea seguir cumpliendo las mismas funciones en el próximo gobierno, si gana el oficialismo. Otra versión que se conoció hace unos días vincularía a ambos funcionarios con ciertos negociados en la provincia de Córdoba, en Uruguay y en Brasil.
Al ministro Báez se lo vincula con una sociedad que tendría con un conocido ex funcionario municipal de Paraná durante la gestión del intendente Julio Solanas y que hoy ocupa un alto cargo en una importante empresa estatal de la provincia mediterránea. Esa sociedad se ocuparía de negociados referidos a obras de los gasoductos del norte.
Al Fiscal de Estado a su vez se lo relacionaría con ciertos emprendimientos hoteleros en Uruguay y en Brasil, en dos o tres sociedades vinculadas con 'fondos buitres'. Hay que recordar que Báez, además de ministro de Cultura y Comunicación, es el actual presidente del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (COFECA), lugar al que llegó dada su amistad con el presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Martín Sabatella, lo que también le ha permitido otorgar licencias de medios arbitrariamente y siempre que los mismos estén dispuestos a mantener el relato del gobierno.
BÁEZ SE DEFIENDE
El ministro Báez por su parte, con el “manual K” de las excusas bajo el brazo, salió a defenderse atacando al ex diputado nacional Zacarías, diciendo que "El libelo de Zacarías no pasa la mesa de entradas de Defensa del Consumidor; los gastos y las rendiciones de la Cumbre se han presentado a la Legislatura porque fue esta Legislatura la que autorizó a la Unidad Operativa creada por medio del Decreto 3615/2014 a contratar en forma directa".
Báez agregó "La cartera a mi cargo no realizó ninguna contratación para la Cumbre del Mercosur realizada en Paraná, para eso se creó una unidad especial", confirmando las palabras del General Perón cuando decía “que si no se quería investigar algo lo mejor era crear una comisión”, lo que demuestra que el ministro en alguna oportunidad algo leyó sobre el líder del justicialismo. Claro que para darle otro “estilo”, en lugar de comisión él le sugirió al gobernador crear una “Unidad Operativa”.
Siguiendo estrictamente el “Manual K” en lo referente a las excusas, Báez culpó a la prensa por haber hecho trascender todas las sospechosas maniobras que se están conociendo y que habrían ocurrido en el desarrollo de la tristemente recordada Cumbre del Mercosur que se realizara en Paraná a mediados del mes de diciembre del año 2014.
Para Báez y también para el gobernador Urribarri que en un reportaje realizado por el diario La Nación también lo negara, pareciera que el Decreto N° 4.800 publicado en el Boletín Oficial de la provincia es falso, porque es allí donde se publicó lo que los medios, no afines al relato ni a la pauta oficial, luego hicieron trascender. Es allí donde decía que la “Unidad Operativa” había contratado y pagado más de 1 millón de pesos a la empresa La Aldea de Javier Romero, quien luego desmintió fehacientemente haber cobrado esa suma de dinero.
Sin embargo Báez y Urribarri dicen que eso es mentira que nunca se contrató a esa empresa. Es decir que el Boletín Oficial, que depende de ellos dos, inventó el Decreto N° 4800 que lleva la firma de ambos. Poco, por no decir nada, creíble versión de ambos funcionarios. Salvo que, como dice Báez que hacen los que lo atacan, el Boletín Oficial se haga “sin fuente, sin documentación, robando palabras de periodistas que eligen pescado podrido en vez de información".
Esta vez “el pescado podrido” pareciera estar dejando salir su nauseabundo aroma desde otro lugar y eso es lo que está poniendo nerviosos no solo al gobernador Urribarri y el ministro Báez, sino también a una enorme cantidad de funcionarios y allegados al poder.
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