Abril será recordado por los agitados días por las citaciones de los ex funcionarios kirchneristas, y mas allá de la citación de Cristina Fernández, nuevas presencias y detenciones se vienen. Así lo anticipa Joaquín Morales Solá en su editorial del domingo 17/04.
“Un consenso entre jueces federales y la Corte decidió que continuará, como si nada hubiera pasado, la revisión de las causas de corrupción durante el kirchnerismo. Habrá más presos y nuevos procesados, dijo un juez federal un día después de la parranda cristinista” en referencia a la convocatoria que se le hizo a la ex Presidenta el pasado miércoles 13/04.
El periodista anticipa que recaerá un nuevo procesamiento sobre Cristina Fernández: “La próxima novedad sobre la ex presidenta la dará el juez Claudio Bonadio, que la procesará por el delito de defraudación a la administración probablemente sobre el final de la semana que se inicia”.
Y además agrega “Hay que hacer una precisión: Cristina Kirchner no está siendo juzgada en esta causa por asociación ilícita, como ella aseguró en su discurso en la vereda de los tribunales. La figura le sirvió para adornar una frase de autoelogio. Pero no es verdad.”
“Es sabido que antes del procesamiento, Bonadio debe pronunciarse sobre la recusación que le hizo Cristina. La recusación es floja: Cristina recordó que Bonadio había dicho que tenía una opinión sobre ella, pero que no la haría pública.
Es cierto. Bonadio dijo eso. ¿Está prohibido que un juez tenga una opinión sobre una persona? No. Lo que un juez no puede hacer es expresarla públicamente, sobre todo si esa persona está siendo juzgada por él. Es lo que hizo Bonadio”.
En su texto además Morales Solá habla de los cuestionamientos que surgieron hacia el Juez por la citación de la ex mandataria y agrega: “Cristinistas y no cristinistas (todos políticos) están cuestionando que se juzgue una decisión política. La política amplió con demasiada generosidad la interpretación de lo que es una decisión política no justiciable. Con palabras claras: una decisión política también puede implicar un delito.
El segundo reproche que le hacen al juez es que haya permitido con su citación un regreso a la política de una ex presidenta que estaba arrumbada en el confín del Sur. Si bien es dudoso que la citación haya resucitado a Cristina, las preguntas son otras.
¿Por qué pedirle a un juez que mida con exactitud las repercusiones políticas de sus decisiones judiciales? Si lo hiciera, ¿no se convertiría, acaso, en un militante de fuerzas políticas concretas, oficialistas u opositoras?”.
Morales Solá considera que hay una incipiente preocupación de influyentes sectores empresariales por el curso de los acontecimientos judiciales. Comenzaron recibiendo con alegría las noticias que venían de los tribunales, pero cambiaron la cara cuando descubrieron que las investigaciones judiciales podrían terminar en algunos de ellos.
El camino es inevitable; la corrupción política se alimenta de la corrupción privada. Ese cambio entre ciertos empresarios fue percibido por el Gobierno y por los jueces. De esta manera señala que: “El fiscal Guillermo Marijuan adelantó desde Nueva York que accedió a una voluminosa y devastadora información sobre las concesiones petroleras de Cerro Dragón. La investigación sobre presuntos sobornos involucra al ex ministro Julio De Vido, que se encontró con su destino judicial, y a empresarios nacionales y extranjeros”.
Morales Solá en este contexto anticipa nuevas detenciones: “Martín Báez, el hijo de Lázaro Báez y excitado contador de dólares en La Rosadita, irá preso dentro de poco. Más integrantes del grupo de Báez acompañarán a Martín y a su padre en la cárcel. Dicen que su padre se convertiría en un Fariña mucho más preciso y caudaloso si su hijo terminara entre rejas.
Lo único cierto, por ahora, es que Lázaro Báez está buscando un diálogo con la política o con la Justicia. Ese puente no se habilitó todavía, pero podría construirse en los próximos días”. No serían las únicas detenciones: “Los hermanos Schoklender volverán pronto a prisión por la causa que investiga el despilfarro de dinero público en el programa Sueños Compartidos, que también involucra al ex ministro De Vido y a Hebe de Bonafini.
Tres ex jefes de Gabinete de Cristina Kirchner (Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina) fueron llamados a indagatoria por el derroche de recursos del Estado en Fútbol para Todos. Funcionarios cercanos a la jueza María Servini de Cubría, que es quien los citó, señalaron que es más fácil procesar a Aníbal Fernández por esa causa que por la de la efedrina”.
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