El diputado porteño por la Coalición Cívica (CC), Maximiliano Ferraro, plantea modificar el artículo 6 de la ley 4.895 (Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública) e integral al "Personal de la Policía con categoría igual o superior a la de Inspector o equivalente de conformidad con la Ley 2.894 y el convenio N° 1/GCBA/16 de "Transferencia Progresiva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" aprobado por la Resolución N° 298/LCABA/16.
La presente obligación será extensiva a todos los cargos equivalentes de futuras fuerzas policiales locales que se creen en el ámbito de la Ciudad". Hasta el momento, dentro del personal policial sólo estaban incluidos el Jefe de la Policía Metropolitana y los funcionarios policiales de la misma con rango superior a comisionado.
La modificación de Ferraro plantea que sea desde inspector en adelante. Ferraro afirmó que "hay una necesidad de avanzar en la aplicación del principio de transparencia en las políticas públicas.
En este sentido, la Declaración Jurada Patrimonial se presenta como una herramienta esencial para transparentar el accionar de las personas que ejercen una función pública, como fuente de autoridad y ejemplaridad social".
Agregó "en este sentido, se torna indispensable actualizar la legislación vigente en materia de corrupción, a través de una iniciativa sencilla, rápida y conducente a mejorar los estándares tan bajos en la lucha contra este flagelo que busca incorporar nuevos sujetos obligados a presentar sus declaraciones juradas, en este caso, los funcionarios de la fuerza policial, institución que necesita recuperar la confianza de la ciudadanía".
La iniciativa va en el mismo sentido que la implementada en marzo en la provincia de Buenos Aires, donde María Eugenia Vidal decretó la obligatoriedad de presentar declaraciones juradas para los altos mandos policiales y penitenciarios, además de ministros, los directorios de empresas estatales, fiscales de Estado, entre otros.
Ese mismo mes, se envió a la Legislatura bonaerense un proyecto de ley para reforzar el decreto 116/16, concebida como “una herramienta esencial para transparentar el accionar de las personas que ejercen la función pública” y, de este modo, que los ciudadanos bonaerenses puedan “afianzar la confianza en sus funcionarios”.
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