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La situación judicial del exjefe de Gabinete kirchnerista Aníbal Fernández empeoró el jueves 11/08 después de que la Cámara Federal de Casación Penal impulsara una investigación penal por enriquecimiento ilícito en su contra.
La Sala IV de Casación, integrada por los jueces Juan Carlos Gemignani, Gustavo M. Hornos y Mariano Hernán Borinsky, dejó sin efecto la resolución de la Sala I de la Cámara Federal de La Plata que anulaba actos sustanciales del proceso orientados a la investigación de una denuncia presentada contra Fernández por fraude a la administración pública, administración fraudulenta, malversación de caudales públicos y enriquecimiento ilícito.
Según se informó en Tribunales, la cuestión estaba circunscripta a decidir si el juez de la causa había violado la garantía de imparcialidad al aplicar el mecanismo de consulta al fiscal general, quien, frente el pedido de desestimación de la denuncia presentado por la fiscal que intervino originalmente en la causa, dispuso el apartamiento de la funcionaria y la remisión del proceso a otro fiscal a los fines de que se realicen las investigaciones del caso.
Los jueces, con sustento en fallos en los que ya se habían pronunciado sobre la temática planteada, resolvieron que el procedimiento respondió a la normativa aplicable al caso, por lo que su invalidez había sido erróneamente resuelta.
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