DEBATE / LOS NUEVOS ESTAFADOS DE LA DEMOCRACIA
(U24) - En estas páginas alertamos sobre la reciente estafa perpetrada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) a trabajadores con mayor remuneración y que más aportan al país en pago de impuestos y contribuciones previsionales.
En efecto, a través del reciente fallo Gualtieri, el máximo Tribunal confiscó una parte sustancial de futuras jubilaciones, con acuerdo de la ANSeS.
Los afectados son 370.000 futuros jubilados, a los que se suman 40.000 personas que ya están en situación de retiro.
La Ley 24.241 le puso tope a los aportes jubilatorios, que en la actualidad es para los que perciben un salario igual o mayor a $ 72.000.
Con anterioridad, las normas permitían aportes voluntarios, es decir, adicionales a los que establecía la ley que, como señalamos, ponía un tope.
De esta manera, los futuros jubilados podían aspirar a un ingreso mayor en la etapa pasiva de su vida, sumando a la jubilación estatal un plus por los aportes voluntarios. Con la imposición del tope para el pago de contribuciones previsionales a los trabajadores cuyos salarios lo superaban, el Estado no le permitió a estos trabajadores seguir depositando sus aportes voluntarios.
Con el fallo Gualtieri, con la excusa engañosa de que no se puede aspirar a una jubilación para la cual no se aportó, la CSJN habilitó a la ANSeS a quedarse con todos los fondos voluntarios aportados con anterioridad.
Es decir, la Corte Suprema, en vez de eliminar el tope, o de ordenar al Estado que abriera la ventanilla para permitir complementar las contribuciones voluntarias, consintió a la ANSeS que confiscara este tipo de aportes qu e se habían acumulado previamente. Suman miles de millones de pesos.
De esta manera, más de 410.000 jubilados y futuros jubilados pierden los montos de sus contribuciones voluntarias efectivamente realizadas, y tendrán una jubilación que está muy lejos de sus ingresos y de lo que aportaron en su vida activa.
Para tener una cabal idea de la magnitud y gravedad de esta estafa, recordemos que el ANSeS abrió la ventanilla a los miembros de la CSJN y a los jueces –que también perciben un salario superior a $ 72.000, permitiéndoles que completaran los aportes que, con el establecimiento del tope, no pudieron realizar.
Así, los miembros Corte Suprema de Justicia tienen asegurada una jubilación del 100% de su salario, y los jueces, del 82%. Mientras que el grupo que fue estafado por ellos, tendrán una jubilación promedio del 26% de sus ingresos percibidos en la etapa activa, a pesar de haber realizado los aportes.
Una transferencia grosera de fondos de un grupo a otro; el primero los genera, el segundo se beneficia de ellos. Es decir, a los jueces y a los miembros de la CSJN se les reconoció un derecho que la actual integración del máximo Tribunal de la Nación le deniega, ahora, a otros.
La vida nos sorprende todo el tiempo: es alta la probabilidad de que una parte sustancial de este grupo de estafados haya sido votante de Cambiemos en las últimas elecciones presidenciales de 2015. Votaron a un gobierno que acaba de confiscar sus aportes previsionales.
Del mismo modo, muchos de estos profesionales estafados se sumaron al actual gobierno, provienen de la actividad privada donde percibían salarios superiores al tope mencionado, y realizaron aportes voluntarios que ahora, de la noche a la mañana, se los apropió el Estado.
Por último, la CSJN, en su actual integración, acaba de violar lo que se supone debería defender: la seguridad jurídica. No solo habilitó la confiscación de los fondos previsionales, sino que liquidó de un plumazo el principio de sustitutividad vigente en los países serios del mundo, es decir, la relación razonable que debe existir entre el ingreso de la etapa activa (salario) con el de la etapa pasiva (jubilación).
Eso si, mantuvo ese beneficio para sus miembros y el resto del poder judicial. En definitiva, sorprende que, a pesar de las promesas y del aparente cambio de rumbo del país, se mantenga la política de confiscación de los fondos previsionales, y todo ello sin la reacción del Congreso y de los medios de comunicación.
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